La Superintendencia Nacional de Salud abrió un proceso sancionatorio a título personal contra Jaime Alberto Riascos, exrepresentante legal de la ESE Hospital San Rafael de Leticia por presunto incumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Según la delegada de Procesos Administrativos de la Supersalud, la decisión fue tomada tras una visita de inspección llevada a cabo a la ESE San Rafael entre el 27 al 31 de enero de 2020, para verificar la oportuna prestación de los servicios de salud.
Fallas en hospital de leticia
Recordemos que la ESE ya presentaba más de 50 fallas de tipo administrativo, financiero, asistencial y jurídico que ponían en riesgo la adecuada prestación de los servicios de salud de los habitantes del Amazonas y que al 18 de mayo la Supersalud había iniciado un plan de acción de 12 meses con el fin de subsanar los hallazgos encontrados para estabilizarla financieramente.
Pese a estos esfuerzos, mediante la Resolución 008994 de 2020, se dio apertura de investigación la cual arrojó aspectos presuntamente irregulares como: el desabastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos hospitalarios; además, dichos dispositivos médicos eran reutilizados, y el suministro de gases medicinales los cuales no poseían el certificado de buenas prácticas de manufactura, expedido por el Invima.
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Otro detonante que motivo a la mencionada resolución tienen que ver con el incumplimiento al interior de la institución de las condiciones de habilitación mínimas para garantizar la atención en salud, en forma segura, y el inadecuado manejo de residuos hospitalarios, así como el incumplimiento de requisitos mínimos para el funcionamiento del servicio farmacéutico.
Así mismo, el centro asistencial carecía de un sistema de costos, que permitiera conocer el valor de los servicios ofrecidos, con el agravante de haberse evidenciado la prestación de algunos de ellos sin autorización de la respectiva entidad territorial, mientras que los habilitados, no se garantizaban.
El ente de control también estableció que en materia administrativa se identificaron fallas como la celebración de contratos sin los requisitos mínimos para la negociación y suscripción exigidos en la ley; irregularidades en la facturación de servicios; inconsistencias en la información de cartera reportada por la ESE y la reconocida por las entidades responsables del pago, entras inconsistencias.
Por último, cabe mencionar que, según la Supersalud, de comprobarse la responsabilidad administrativa del investigado, podría imponérsele una multa que oscila entre los 50 y los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
