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Exclusiones – cambios al procedimiento de nominación de tecnologías

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Recordemos que mediante la Resolución 330 de 2017, el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento de las disposiciones normativas de la Ley 1751 de 2015 y en particular las contenidas en el artículo 15, adoptó el procedimiento técnico-científico y participativo mediante el cual se determinan los servicios y tecnologías que no serán financiados con recursos públicos asignados a la salud.

En desarrollo de las fases de análisis técnico-científico y de consulta a pacientes potencialmente afectados, los diferentes actores del Sistema de Salud que han participado de manera activa y efectiva, han determinado que aquellos servicios y tecnologías que se encuentren registrados ante la autoridad competente como cosméticos o suntuarios, al igual que aquellas que no se encuentren autorizadas por autoridad competente, no deben ser objeto de análisis del procedimiento técnico-científico; lo anterior evidenciable en las diferentes actas que han sido publicadas en la página web de la entidad como resultados de las fases del procedimiento técnico-científico y participativo de exclusiones.

Conforme a los diferentes resultados obtenidos en la aplicación del procedimiento técnico-científico y participativo de la Resolución 330 de 2017, de igual forma se ha propuesto por parte de los diferentes actores que participaron en su desarrollo, que con relación al término de las nominaciones se debe establecer un solo momento para tal fin, el cual resulta ser suficiente para que los interesados presenten sus respectivas nominaciones y de esa forma contar con el resto de la vigencia para desarrollar de manera íntegra y oportuna las diferentes fases de dicho procedimiento.

El borrador de esta resolución adiciona un parágrafo al artículo 1 de la resoluciín 330 de 2017, el cual quedará así:

“Aquellos servicios y tecnologías que hayan sido registrados ante la autoridad competente como cosméticos o suntuarios, al igual que aquellos que no se encuentren autorizados por la autoridad competente; no deberán ser sometidos a las diferentes fases del procedimiento técnico-científico, toda vez que en ellos es evidente el cumplimiento de los literales a) y d) del artículo 15 de la Ley 1751 de 2015 y en consideración a ello se entenderán excluidos de la financiación con recursos públicos asignados a la salud.”

Los actores del sistema interesados en presentar nominaciones de servicios o tecnologías para su posible exclusión, podrán presentarlas entre el primer día del mes de Febrero y el último día del mes de Marzo de cada vigencia. Aquellas nominaciones que sean presentadas por fuera de las fechas señaladas serán devueltas al nominador para que proceda a presentarlas en los tiempos señalados.

Descargue el borrador de la resolución que modifica la nominación de exclusiones.

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EL ABC del Acuerdo de Punto Final

CONSULTORSALUD le da claridad sobre los componentes y aplicación del Acuerdo de Punto Final que puso en marcha esta semana el Gobierno.

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Con el pago de deudas de la liquidada Caprecom, este martes el presidente Iván Duque dio inicio oficial al Acuerdo de Punto Final, el cual fue incluido en los artículos 237 y 238 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.

CONSULTORSALUD le da claridad sobre los componentes y aplicación de esta estrategia.

¿Qué es el Acuerdo de Punto Final?

El Acuerdo de Punto Final es un paquete de medidas para hacer más eficiente el gasto en salud, con las que se busca sanear diferencias y deudas históricas entre los agentes del sector, garantizando el financiamiento del sistema de salud y generando mayor liquidez, sin que esto represente una restricción al derecho a la salud de los colombianos.

Además, implica la ejecución de medidas para evitar que estas deudas se vuelvan a generar con el paso del tiempo.

De esta manera se espera impactar la salud de los colombianos, ya que prestadores y aseguradores no podrán tener excusa para negar servicios aduciendo deudas.

También le puede interesar: Ya arrancó el pago de deudas del ‘Acuerdo de Punto Final’.

¿CÓMO SE DETERMINAn LAS DEUDAS QUE SE VAN A PAGAR?

Se trabajará en la identificación y valoración de las posibles deudas del Gobierno y los departamentos, con las EPS y las IPS.

También se promoverá el pago de deudas acumuladas entre estos actores con proveedores y demás involucrados en la prestación de servicios.

La cifra consolidada y acordada aún no se conoce oficialmente, pero para tener una idea del panorama del sector financiero del sector salud, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas en su estudio de cartera hospitalaria con corte a Diciembre 31 de 2018, en una muestra de 207 instituciones reportó que la deuda a los hospitales y clínicas por la prestación de servicios de salud por parte de EPS y entidades territoriales llegó a los $10.1 billones.

De ese monto, el 59,1% corresponde a deuda morosa.

¿participarán todas las eps?

Dentro del mecanismo se tiene contemplado que todas las EPS deben firmar un contrato de transacción, en este se dejarán por escrito las reglas con las cuales el Gobierno Nacional o las Entidades Territoriales realizarán la auditoría, reconocimiento y pago de las cuentas de lo No UPC.

En dicho pacto, renuncian a interponer acciones por vía administrativa o judicial, logrando un verdadero punto final.

¿DE DÓNDE SALDRÁ EL DINERO PARA CUMPLIR EL ACUERDO?

El Gobierno busca disponer de una nueva fuente de recursos que no compita con los corrientes que se necesitan para funcionamiento del sistema de salud.

En el Plan Nacional de Desarrollo se habilitó al Ministerio de Hacienda para realizar operaciones de crédito que financien el saneamiento.

¿Cómo se garantiza que la situación no se repetirá?

Es necesario tener en cuenta que el Acuerdo de Punto Final comprende dos componentes: el de saneamiento, que permite resolver diferencias en las cuentas de los servicios y tecnologías que no se financian con la prima de salud, y las estrategias que llevarán a que no se vuelvan a acumular estas deudas.

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En este segundo componente se implementarán estrategias para el reconocimiento y pago de estas tecnologías No UPC, como lo son los Valores Máximos de Recobro y los presupuestos máximos o techos.

Además el Gobierno anunció que continuará con las compras centralizadas.

Se incluirán deudas del Contributivo y Subsidiado

En el régimen contributivo, ADRES adelantará un proceso de auditoría y pago, de una posible deuda de $5,2 billones asociada a servicios no financiados con la UPC.

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En el régimen subsidiado, el saneamiento implicará pagos por aproximadamente $1,5 billones, donde la Nación cofinanciará el esfuerzo territorial para así lograr el saneamiento definitivo asociado a los servicios y tecnologías no financiados con la UPC.

Cambios en COMO SE RECONOCEN LOS SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS NO FINANCIADAS CON CARGO A LA UPC

Desde el 2020 estos pagos serán centralizados y pagados por la Nación no por los territorios como hasta ahora en el régimen subsidiado.

Esto permite unificar la operación para el reconocimiento y pago de estas tecnologías o servicios tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, garantizando el acceso equitativo en todo el territorio nacional, lo que se significa un importante avance en equidad.

Se definirá un presupuesto máximo para financiar con base en el gasto histórico en salud de los colombianos y su eventual crecimiento.

También se fijaron los Valores Máximos de Recobro, lo que implica no reconocer dispersiones en los valores que hoy se pagan por una misma tecnología.

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Ya arrancó el pago de deudas del ‘Acuerdo de Punto Final’

En el Hospital San Vicente Fundación, en Medellín, el presidente Iván Duque encabezó el acto protocolario de inicio de los desembolsos para la implementación del ‘Acuerdo de Punto Final’, incluido en los artículos 237 y 238 del Plan Nacional de Desarrollo.

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En el Hospital San Vicente Fundación, en Medellín, el presidente Iván Duque encabezó el acto protocolario de inicio de los desembolsos para la implementación del ‘Acuerdo de Punto Final’, incluido en los artículos 237 y 238 del Plan Nacional de Desarrollo.

También le puede interesar: Gobierno pagará $514 mil millones de la deuda de Caprecom – Proyecto de decreto.

Tal y como anticipó CONSULTORSALUD el Acuerdo de Punto Final empezó a rodar con el pago de las deudas que contrajo la liquidada EPS Caprecom con entidades en todo el país, proceso que se había anunciado un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda.

La suma que ya empezó a ser pagada es de $514 mil millones, principalmente por prestación de servicios a Caprecom de tecnologías en salud no cubiertas con la Unida de Pago por Capitación (UPC).

Asimismo, se empezarán a pagar $172 mil millones de deudas reconocidas por el mecanismo de glosa transversal a través de la Adres.

Según informó el Gobierno nacional, a lo largo de todas sus fases, con el ‘Acuerdo de Punto Final’ inyectará al sistema de salud $7 billones.

¿A quiénes se les pagará?

Los recursos que este martes comenzaron a girarse para darle liquidez al sistema llegarán a 1.361 IPS (50,84%) y hospitales públicos (49,16%) de todo el país.

Los distritos y departamentos que más recibirán pagos son Bogotá ($29.582 millones), Antioquia ($23.104 millones), Valle del Cauca ($22.318 millones), Barranquilla ($13.993 millones) y Atlántico ($12.529 millones).

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Por su parte, los hospitales públicos a los que más les girarán recursos son el Hospital Departamental de Villavicencio ($9.301 millones), el Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’ ($6.673 millones), el Hospital Erasmo Meoz, de Cúcuta, ($6.476 millones); el Hospital Universitario La Samaritana, de Bogotá, ($6.411 millones), y el Hospital Federico Lleras Acosta, de Ibagué, ($5.065 millones).

Finalmente, las IPS a las que más les llegarán dineros son la IPS Universidad de Antioquia ($7.096 millones), Dumian Medical, de Buenaventura, ($4.614 millones); Su Vida, de Cali, ($4.075 millones); clínica Laura Daniela, de Valledupar, ($4.061 millones), y la clínica Medilaser, de Neiva, ($3.269 millones).

Otras medidas

Este Acuerdo de Punto Final viene acompañado de medidas estructurales que hacen más eficiente el gasto en salud y evitan una nueva acumulación de deudas, como la actualización del Plan de Beneficios de Salud (PBS), el control de precios de medicamentos, las compras centralizadas, la continuidad de las exclusiones, la implementación de Valores Máximos de Recobro.

Además centraliza en la Nación el pago de servicios que están por fuera de la UPC y que antes eran responsabilidad de departamentos y distritos.

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Entrega errónea de medicamentos, entre las quejas más reportadas en hospitales

Un estudio adelantado por Constanza Cortázar, magíster en Ciencias – Farmacología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), evidenció que la entrega errónea de medicamentos está entre las quejas más reportadas en los hospitales.

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Entrega errónea de medicamentos, entre las quejas más reportadas en hospitales

Un estudio adelantado por Constanza Cortázar, magíster en Ciencias – Farmacología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), evidenció que la entrega errónea de medicamentos está entre las quejas más reportadas en los hospitales.

La investigadora llegó a esta conclusión tras adelantar un estudio de 1.042 reportes en un hospital de alta complejidad de Bogotá.

Este estudio identificó que 18,8% de reportes o quejas (196), están relacionados con medicamentos, de los cuales 42,8% ocurrió por omisión de prescripciones o dosis.

A esto le sigue un 20,9 % que están relacionados por reacciones adversas al medicamento.

En las novedades reportadas también se evidenció que las quejas por medicamentos están asociadas con el fallo terapéutico o por error del profesional de salud.

Cortázar afirmó que además de encontrar fallas en los medicamentos, también identificó una mayor frecuencia de reportes de incidentes asociados con el cuidado, y finalmente con los dispositivos médicos.

Otros hallazgos

El grupo de medicamentos más frecuentemente involucrado en los reportes fueron los del grupo del sistema nervioso con un 30,4%.

A ellos le siguieron el grupo del sistema musculoesquelético y del sistema cardiovascular cada uno con 10,7 %.

Según este criterio, se incluyeron 41 reacciones adversas y 15 fallos terapéuticos por sospecha de calidad del medicamento, que corresponden a un 5,4 % del total de reportes y a un 28,6 % de los reportes relacionados con medicamentos.

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“Se observó que las flebitis son las reportadas con más frecuencia, con un 23,7 %, seguidas de las reacciones de hipersensibilidad con un 18,4 % y el bloqueo neuromuscular excesivo con un 13,1%”, dijo la mágister.

Asimismo precisó que el 71,4 % de los reportes estaban representados en cuasiincidentes e incidentes sin daño.

Según la magíster, 78,1% pertenece a la clase A, en las que se encuentra la flebitis, el bloqueo neuromuscular y la sobreanticoagulación, entre otras.

Entre tanto, el 21,9 % pertenece a la clase B, en la que se presentan reacciones de hipersensibilidad.

Fallas en la comunicación

Además del análisis de los reportes, la investigadora entrevistó a seis profesionales de la salud, entre auxiliares de farmacia y enfermeras, quienes reconocieron que la diferencia entre el programa de farmacovigilancia y el de seguridad del paciente no es clara.

“Aunque no está en esa área, se sabe que ellos están respaldando todo el tiempo el seguimiento de antibióticos y demás; además hay un químico a cargo, que es el encargado de la tecnovigilancia y la farmacovigilancia”, indica uno de los entrevistados.

Otro de los inconvenientes mencionados es que la comunicación entre los equipos de farmacovigilancia y seguridad del paciente con médicos o especialistas es distante.

A lo anterior se suma la falta de recurso humano para las tareas que se exigen, ya que “algunos afirman que la rotación del personal influye en el aumento y la disminución de los indicadores de infecciones y reportes”, aseguró Cortázar.

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“Una de las integrantes del programa de seguridad al paciente afirma que se hace depuración de bases de datos de las novedades varias veces, lo que sugiere que la cantidad de trabajo es alta, a veces se realiza el mismo análisis varias veces doblando la carga laboral de los profesionales”, comenta.

Para la investigadora es clave que se realice una retroalimentación a los funcionarios de las actividades derivadas de los análisis de los reportes.

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