Cada 3 de diciembre, el mundo celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que busca sensibilizar sobre la importancia de garantizar la inclusión, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad para este grupo vulnerable. Esta fecha adquiere una relevancia especial en Colombia con el reciente fallo de la Corte Constitucional, que ratifica el compromiso del Estado con los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, al tiempo que destaca la urgente necesidad de un sistema de cuidados adecuado para quienes requieren altos niveles de apoyo.
La sentencia de la Corte, en el caso de Juan Carlos, un hombre con discapacidad que necesita atención médica especializada y cuidados permanentes, denota la responsabilidad del Estado de garantizar que las personas con discapacidad vivan en condiciones dignas y reciban los servicios de salud y atención necesarios. Este fallo resalta las carencias en el sistema de cuidados y el llamado a construir un Sistema Nacional de Cuidado que sea inclusivo y accesible para todos.
El caso de Juan Carlos: un ejemplo de las falencias del sistema de cuidados
De acuerdo con la sentencia, Juan Carlos se encuentra actualmente en una situación crítica, donde la familia no puede proporcionarle el apoyo necesario debido a la complejidad de su condición, que requiere cuidados las 24 horas del día. Su caso es un claro reflejo de una realidad social que afecta a muchas personas con discapacidad en Colombia, debido a la falta de acceso a servicios adecuados de cuidado y la exclusión social que enfrentan, muchas veces, por la falta de políticas públicas inclusivas.
La Corte Constitucional, al abordar este caso, señala que el abandono social que sufren las personas con discapacidad no es solo responsabilidad de las familias, sino también del Estado, que ha fallado en garantizar un sistema de atención integral. Además, resaltó que la omisión del Estado en la creación de políticas públicas adecuadas y la falta de coordinación entre las entidades nacionales y territoriales han dejado a este grupo vulnerable sin las garantías de bienestar que les corresponden.
Uno de los aspectos centrales de la sentencia es la afirmación de la Corte de que la institucionalización, aunque fue pensada como una medida de protección en su momento, ha demostrado ser perjudicial para las personas con discapacidad. En lugar de ofrecer un entorno de cuidado adecuado, la institucionalización ha generado efectos negativos, como la pérdida de autonomía y la falta de inclusión social. Por lo tanto, la Corte insta a la creación de alternativas de cuidado que respeten el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente, en condiciones de dignidad.
Un sistema de cuidado inclusivo: el llamado a la acción del Estado
La Corte Constitucional también señaló que la discapacidad debe ser un tema transversal en las políticas públicas, atendiendo las diversas dimensiones que afectan a las personas con discapacidad, como el género, la etnia, el ciclo vital y el nivel socioeconómico. A su vez, hace un llamado a que las entidades territoriales, incluso si no cuentan con programas específicos para la discapacidad, adapten los programas existentes para asegurar que las personas con discapacidad reciban la atención adecuada.
En este contexto, la Corte ordenó al Ministerio de Igualdad y Equidad desarrollar un Sistema Nacional de Cuidado para las personas con discapacidad que requieren apoyo especializado. Este sistema debe ser inclusivo y garantizar que los recursos sean distribuidos de manera equitativa, involucrando tanto al Estado como a la sociedad y las familias. Este tipo de iniciativas tienen el potencial de transformar el panorama del cuidado en Colombia, generando un sistema más justo y accesible para todos.
Para el caso concreto de Juan Carlos, la Corte estableció medidas claras para mejorar su situación, como la asignación de un servicio de “home care” (cuidado en casa) y un cuidador primario, bajo acuerdo con la familia para organizar las tareas y horarios de atención. Además, se ordenó que la Comisaría de Familia y la Personería realicen un seguimiento para asegurar que los familiares cumplan con sus responsabilidades de cuidado. Estas acciones ejemplifican lo urgente que es mejorar los sistemas de atención y cuidado para las personas con discapacidad en Colombia.
El compromiso del Estado
Es clave mencionar que el fallo de la Corte va más allá de la protección de los derechos de Juan Carlos; pues constituye un llamado a la acción para que el Ministerio de Igualdad y Equidad tome medidas inmediatas para integrar a Juan Carlos y su familia en los programas de atención prioritaria. Además, instó al Ministerio a difundir los estándares establecidos en esta sentencia, para que se implementen de manera uniforme a nivel nacional.
Este 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es un recordatorio de que, a pesar de los avances en la inclusión, aún queda un largo camino por recorrer. La sentencia de la Corte Constitucional no solo garantiza los derechos fundamentales de Juan Carlos, sino que también establece una base sólida para la mejora de la atención y el cuidado de las personas con discapacidad en Colombia, un paso fundamental para construir una sociedad más inclusiva y equitativa.
