*Extracto del discurso de inauguración del IV Congreso Internacional en Derecho Médico y Bioderecho, evento que se realiza el 9 y 10 de noviembre en Medellín.
Un cordial saludo a todos los asistentes a nuestro Congreso Internacional en Derecho Médico y Bioderecho, que este año cumple su cuarta versión. Gracias a la Asamblea de Colegiados, Junta Directiva, Dirección Académica, Dirección Administrativa, Patrocinadores, Asistentes, y todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí.
Muchas gracias. Hoy nos damos cita de manera remota desde distintos lugares, y presencial desde la hermosa ciudad de Medellín. Es un privilegio estar en una ciudad que está a la vanguardia en Colombia y Latinoamérica en el posicionamiento de la innovación y calidad en materia de prestación de servicios en salud. Antioquia registra 11.223 prestadores de servicios en salud inscritos en el REPS, con 15.822 sedes, 31.390 servicios habilitados, 13.310 camas hospitalarias, 2.791 salas de cirugía y 724 ambulancias, lo que corresponde a una participación aproximada del 15% de total de sedes habilitadas en el país. Medellín también muestra altos estándares en materia de formación tanto en derecho como en las ciencias de la salud, con una oferta de posgrados entre los que destacamos derecho médico, gerencia y auditoria en salud, economía de la salud, gerencia en salud pública, gerencia del talento humano, gerencia en innovación tecnológica, y las especialidades clínicas, manteniendo una formación continua y de calidad que impacta positivamente en el sistema de salud.
El estar hoy en Medellín no solo obedece a su importancia estratégica en el escenario del derecho médico y sanitario en Colombia, sino que es la primera apuesta de un decidido esfuerzo del Colegio por llevar versiones de nuestro Congreso a las diferentes regiones del país, pues estamos convencidos que las discusiones del derecho médico se tornan más especiales en las regiones, pues es allí donde es evidente la necesidad de realizar mayores espacios de reflexión académica, a fin de conocer de primera mano las exitosas experiencias regionales que son fundamento invaluable en la evolución de nuestro derecho médico y sanitario en el país, un derecho cambiante, evolutivo, que necesita enriquecerse con las discusiones nacionales, así como también nutrirse de las reflexiones internacionales, a fin de responder adecuadamente a los principales desafíos en materia de autonomía del paciente, humanización en salud, derecho a la información y protección de datos, el tratamiento jurídico del acto médico, la responsabilidad médica, el cumplimiento de estándares de calidad, y la administración de servicios en salud.
Los sistemas de salud y sanitarios del mundo son cambiantes, se transforman y adquieren nuevas visiones conforme al avance de la tecnología y las innovaciones, el acelerado crecimiento de la ciencia, la inteligencia artificial y su protagonismo en el desarrollo de los avances médicos, y los dilemas bioéticos que trae consigo ese desarrollo como las problemáticas suscitadas en escenarios de experimentación en humanos y animales, la regulación adecuada del tránsito biológico, la experimentación y manipulación genética, los derechos al final de la vida, la interrupción voluntaria del embarazo, la gestación subrogada, la donación de órganos, la asignación de recursos escasos en salud, entre otros, que esperan una respuesta desde la bioética, el derecho médico, y del bioderecho entendido como ese conjunto de normas jurídicas de interés público que se encuentran íntimamente ligadas a la protección de la vida desde su inicio hasta su final, respetando la dignidad humana, y las exigencias éticas de su protección,
y que precisamente son estos espacios los que permiten que todos podamos abordar y participar de la construcción colectiva de esas discusiones.
En la transformación de la salud, no menos importante es el panorama político del momento de cada estado, es decir, que la política pública, modelo de gobierno y derecho a la salud en toda su dimensión, se toman de la mano y definen su momento en la historia las naciones y los pueblos, y por eso, hoy, aquí, y ahora, todos afrontamos retos en nuestras legislaciones, algunos seguramente de mayor trascendencia e impacto que otros, pero todos decisivos en el entorno que vivimos. Las decisiones que tomamos
en materia de salud impactan de manera directa en nuestras vidas y la de las futuras generaciones. Es por ello que el derecho médico, la bioética, el bioderecho, el desarrollo de los derechos humanos y fundamentales, y el estudio riguroso de la regulación en salud, se muestran como ese equilibrio entre el aceleramiento de la humanidad y el límite a ese avance, en especial sobre los derechos de los pacientes y sus mecanismos de protección.
Colombia, de los 3 países con más de 40 millones de habitantes analizados, es el que mayor inversión realiza en salud, impactando en un 19,47% frente al gasto público total, y de todos los países analizados es el que menor gasto de bolsillo representa para los ciudadanos, con un 13,59%. Preocupan los resultados en mortalidad infantil y muertes maternas, y se resaltan los resultados en mortalidad de cáncer de próstata y mama, es eficiente en las estrategias de inmunización, pero muestra la segunda menor expectativa de vida al nacer del análisis, sin embargo, el estudio resalta el crecimiento positivo de todos los indicadores del año 2000 a la actualidad, cerrando brechas que traían un rezago histórico en resultados de salud, producto del sistema de salud existente anterior a la Constitución de 1991.
La academia y los centros de pensamiento del sector salud debemos aportar de manera propositiva en la discusión, pues es claro que el sistema necesita cambios, ajustes, y mejoras, pero, ¿cómo equilibrar entre lo que se necesita y lo construido?. Yo me pregunto, ¿por qué no hacer una agenda legislativa programática fortaleciendo y sacando adelante los puntos en los que estamos de acuerdo?, y es que tenemos importantes consensos, como la necesidad de fortalecer la estrategia de atención primaria en salud, la urgente necesidad de modernización e inversión en la red pública, el mejoramiento de las condiciones del talento humano en salud, y el fortalecimiento del papel de Inspección, Vigilancia y Control, especialmente en el uso de los recursos, pero ¿en realidad necesitamos una reforma radical para avanzar en esos consensos?, o es más un tema de voluntad política y capacidad ejecutiva.
No existe consenso en la propuesta de manejo por parte de la ADRES, como un gran pagador de servicios en salud, tema que debe ser revisado con detenimiento, pues deben existir mecanismos que garanticen una adecuada gestión del riesgo que conllevan los sistemas de salud y en nuestro caso tiene 30 años de evolución donde los recursos no han sido infinitos, sino limitados. Esa pregunta de cómo se gestionará el riesgo técnico y financiero en salud, para que los recursos sean suficientes impactando
positivamente en los resultados en salud sin destruir lo construido, es una pregunta que la reforma no ha logrado responder, y mientras no la responda de manera clara, cualquier intento de cambio radical es un salto al vacío con el riesgo de afectación a millones de personas.
Vivimos con fuerza debates de fondo aplazados de muchos años, como la realidad de las reservas técnicas y la legislación en torno a las mismas, o el reconocimiento y pago de los llamados presupuestos máximos, que son aquellos recursos destinados a financiar los servicios y tecnologías que no están con cargo a los dineros asignados a las EPS, y que en los dos casos son reflejo de la insuficiencia de recursos para financiar la dimensión del derecho a la salud que hemos establecido como sociedad, ahora imaginémonos lo que puede ocurrir si no gestionamos adecuadamente el riesgo técnico y financiero en el modelo propuesto, pues la experiencia, el aprendizaje y el resultado en el camino puede costar afectaciones irreversibles en la salud y vida de los colombianos.
Desde este escenario académico hago un llamado de URGENCIA a nuestros Congresistas, a los actores del sistema, a los señores del gobierno. Es necesario tomar decisiones ya en torno al futuro de la reforma, la discusión debe ser responsable con el país, no podemos seguir paralizados con una reforma que no avanza en la discusión ni en los consensos, donde los pacientes están sufriendo afectaciones en la atención de salud, el flujo de recursos actualmente se está viendo afectado hacia los prestadores de servicios en salud y proveedores de tecnologías en salud, que siguen financiando parte de la garantía del derecho fundamental a la salud sin ser su competencia, las entidades responsables de pago están cambiando los modelos de contratación prospectivos que implicaban pagos más eficientes a la red, por modelos retrospectivos orientados al pago por evento de atenciones a fin de oxigenar sus flujos de caja, y someter el reconocimiento y pago de servicios a los procesos de radicación y auditoría que tampoco funcionan como se debería.
Estamos en un momento donde es evidente que prima el interés particular sobre el general, todos cuidan sus intereses, el gobierno al no querer perder fuerza política intentando sacar adelante un modelo de salud que no ha sido profundamente discutido, las EPS que han decidido proteger financieramente a su red propia y aliada afectando financieramente a la red del país, las IPS haciendo esfuerzo de contención de costos que afectan el pago de talento humano en salud y proveedores asociados a la cadena de producción de servicios, y una Superintendencia de Salud de quien se demandan más resultados en inspección, vigilancia y control pero que tiene poca capacidad operativa frente a la magnitud del sistema.
Aún estamos a tiempo, salvemos nuestro sistema de salud, una reforma de esta magnitud debe ser producto de la implementación paulatina, en instrumentos cuando mínimo decenales que establezcan la base de políticas públicas, que se vayan implementando progresivamente desde lo legislativo, con análisis de resultados por etapas, y cuya evaluación muestre un beneficio positivo para la población.
