Colombia reafirma protección del derecho al aborto: se aparta del Consenso de Ginebra

Además, se cumplieron seis meses de la despenalización del aborto en el país (Sentencia C-055 de la Corte Constitucional)
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La Cancillería de Colombia anunció su salida del Consenso de Ginebra, documento sin valor jurídico en el que 36 países firmantes manifiestan abiertamente su oposición a la legislación del aborto. Nuestro país se vinculó a este grupo de naciones desde mayo de este año cuando Alejandro Ordoñez, exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

De acuerdo con el comunicado, las razones del gobierno colombiano para retirarse del Consenso de Ginebra están fundamentadas en el reconocimiento y respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres, cobijadas por el derecho al aborto legal y seguro. Al respecto, en el país existe jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional y la Constitución Política de Colombia.

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Otro de los motivantes es la estrecha relación entre la violencia hacia la mujer y las implicaciones que tiene sobre su salud. En su declaración, la Cancillería manifiesta que es un hecho que amerita ser reconocido y sobre el que deben adoptarse medidas contundentes, tanto a nivel nacional como desde la comunidad internacional.

Adicionalmente, el gobierno reafirmó el respeto de las diferencias sociales, culturales y políticas, así como de la existencia de múltiples formas de familia. Bajo tales premisas, desde las autoridades nacionales es fundamental la promoción de políticas que fortalezcan su presencia y rol dentro de la sociedad colombiana.

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Se cumplen seis meses desde la despenalización del aborto en el país

La retirada del Consenso de Ginebra coincide con los primeros seis meses de la Sentencia C-055 de la Corte Constitucional. Para evaluar el cumplimiento del fallo, se realizó una audiencia pública en la Cámara de Representantes, en la que la información más relevante fue la siguiente:

  • La Corte estableció que el aborto como delito es inconstitucional, al menos dentro de los términos especificados para la IVE. Sin embargo, antes del histórico fallo no se daba ninguna garantía en materia de salud pública para evitar esta práctica.
  • Desconocimiento por parte de EPS e IPS de la sentencia y los casos en los que la interrupción voluntaria del embarazo es permitida. Tampoco se reconoce la obligatoriedad e inmediatez del fallo, ni la actualización de las rutas internas, impidiendo el acceso oportuno.
  • Se ha detectado la exigencia de requisitos innecesarios antes de llevar a cabo una IVE, dentro de las 24 semanas de gestación; entre ellos se encuentran: remisión a distintas especialidades, comités interdisciplinarios. También se mencionó la entrega de información errónea, desactualizada o sesgada a las mujeres que buscan acceder al procedimiento.
  • Persistencia de la violencia obstétrica y maltrato desde el personal de salud hacia las mujeres que han optado por la IVE.
  • Falta de conocimiento del marco normativo actual por parte de múltiples actores y organizaciones, lo cual está ligado a la desarticulación en posibles iniciativas.

Impacto del Consenso de Ginebra sobre la región:

Desde las primeras firmas del Consenso de Ginebra, múltiples organizaciones de América Latina expresaron su inquietud e inconformidad por lo que representa la adhesión, teniendo en cuenta que el lema que reúne a las naciones es “promover la salud de las mujeres, la protección de la vida, la protección de la familia”, sumado a la protección de intereses nacionales.

En su momento, la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) se refirió a esta declaración como una posibilidad abierta para la consolidación de políticas fundamentalitas que supondrían un retroceso regional sobre los derechos de las mujeres y los logros obtenidos en la materia. No en vano, varios de los gobiernos que se suscribieron al Consenso de Ginebra han revisado las medidas adoptadas.

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Desde el Centro de Bioética, Persona y Familia de Argentina se hizo una revisión al Consenso de Ginebra, destacando el conflicto relacional establecido entre aborto y salud; aborto y género; aborto y soberanía. Según Leonardo Puchet, uno de los expertos que analizó el documento, éste “rompe con esa vinculación endeble que se evidencia en el plano discursivo nacional, separando explícitamente la consigna del acceso de las mujeres a los más altos niveles posibles de salud de la realización de abortos”; paralelamente se evidencia el reconocimiento de las inequidades que todavía no han sido resueltas.

En síntesis, el Consenso de Ginebra es una declaratoria en la que los Estados Miembros no reconocen la existencia del derecho internacional al aborto y con ello, afirman la ausencia de sus obligaciones para financiar o facilitar la interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con los lineamientos internacionales que se han establecido.

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