Bogotá solicitó acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación ante la visita sorpresa de auditoría integral que la Superintendencia Nacional de Salud adelantó al sector salud distrital, después de que la administración capitalina pidiera apoyo para gestionar el pago de las deudas que las EPS intervenidas mantienen con la red pública y privada de la ciudad. Para el Distrito, la actuación de la Supersalud no puede leerse aislada del deterioro en el flujo de recursos hacia los prestadores, pues ocurre en medio de una cartera creciente que afecta la capacidad operativa de los hospitales públicos y profundiza la tensión institucional entre la administración distrital y la autoridad nacional de inspección, vigilancia y control.
El reclamo se apoya en una cifra que concentra la preocupación del Distrito. La cartera de varias EPS con los hospitales públicos de Bogotá alcanzó los $417.189 millones con corte a abril de 2026, un aumento del 142% frente a 2023, cuando las obligaciones reportadas sumaban $172.475 millones. Para la administración distrital, este crecimiento compromete la liquidez de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, presiona la operación asistencial y puede afectar la continuidad de servicios en una ciudad que concentra una parte sustancial de la atención de urgencias, hospitalización, mediana y alta complejidad.
¿Por qué Bogotá pidió acompañamiento de la Procuraduría?
La administración distrital afirmó que respeta las competencias legales de la Supersalud para ejercer inspección, vigilancia y control, pero sostuvo que existe desconfianza frente a la imparcialidad de la entidad nacional por antecedentes que, según su lectura, han afectado la coordinación institucional. En ese contexto, la solicitud a la Procuraduría busca un acompañamiento preventivo sobre las actuaciones de control y sobre la relación entre la autoridad nacional, el Distrito y los procesos que inciden en la sostenibilidad de la red prestadora.
El punto de quiebre fue la auditoría integral al sector salud distrital, interpretada por Bogotá como una respuesta adversa a sus solicitudes de apoyo. La administración capitalina considera que la gestión de la Supersalud debería concentrarse en exigir resultados a los interventores de las EPS bajo medida administrativa, especialmente frente al cumplimiento de pagos a hospitales públicos e IPS privadas, antes que aumentar la presión institucional sobre los procesos distritales.
Cartera creciente con impacto hospitalario
La alerta financiera del Distrito se explica por una acumulación progresiva de cuentas por cobrar de las subredes públicas. En 2023, la cartera total reportada era de $172.475 millones; en 2024 subió a $220.518 millones; en 2025 llegó a $349.385 millones, y para abril de 2026 alcanzó los $417.189 millones. La tendencia muestra que el problema no corresponde a un rezago puntual, sino a un deterioro sostenido en la oportunidad de pago.
En ese comportamiento, Nueva EPS y Famisanar concentran los mayores saldos al último corte. Nueva EPS, además, registra el mayor crecimiento porcentual entre 2023 y abril de 2026, mientras otras entidades como Proteger EPS, Capresoca, Dusakawi EPSI, Asmet Salud y Coosalud también presentan incrementos relevantes. La situación se agrava porque en mesas adelantadas en mayo de 2026 se identificó que varias EAPB no suscribieron acuerdos de pago por la totalidad de sus obligaciones con las cuatro subredes.
Antecedentes señalados por Bogotá
La administración distrital relacionó la auditoría actual con episodios previos que, según su lectura, han deteriorado la confianza institucional con la Supersalud y explican la decisión de acudir a la Procuraduría General de la Nación.
- Al inicio del gobierno distrital se presentó un plan de salvamento para las subredes públicas.
- La respuesta posterior fue la intervención de la Subred Centro Oriente, que según Bogotá fue devuelta con un déficit de $300.000 millones.
- El Distrito afirma que envió cinco cartas a los superintendentes del actual gobierno nacional solicitando protección para la red pública.
- Bogotá sostiene que las EPS intervenidas adeudan $417.000 millones a la red pública y privada de la ciudad.
- La administración también cuestiona decisiones unilaterales de la Supersalud en operativos realizados en establecimientos de estética.
- Estos antecedentes motivaron la solicitud de acompañamiento preventivo de la Procuraduría.
El planteamiento distrital no busca desconocer las facultades de vigilancia de la Supersalud, sino pedir que esas actuaciones se desarrollen con garantías de coordinación y que estén acompañadas de medidas efectivas para proteger a los prestadores que sostienen la atención en la capital.
¿Qué puede pasar con la red pública y privada?
La acumulación de cartera puede afectar componentes esenciales de la operación hospitalaria, entre ellos el pago de obligaciones corrientes, la contratación de talento humano, la compra de medicamentos, el abastecimiento de dispositivos médicos, el mantenimiento biomédico y la continuidad de servicios tercerizados. En servicios críticos como urgencias, hospitalización, referencia, contrarreferencia y atención de mediana y alta complejidad, cualquier restricción financiera puede traducirse en presión sobre camas, insumos, personal y tiempos de respuesta.
La red privada también hace parte de la alerta, porque las dificultades de pago pueden llevar a algunas IPS a reducir capacidad o cerrar servicios, con el consecuente traslado de demanda hacia los hospitales públicos. En una ciudad que opera como centro de referencia para Bogotá y otros territorios, ese desplazamiento puede aumentar la congestión de la red pública y ampliar los tiempos de atención.
El reclamo apunta a los interventores de las EPS
Uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento distrital es la gestión de los interventores designados por la Supersalud. Bogotá considera que la entidad nacional debe exigirles resultados concretos frente al cumplimiento de pagos a la red pública y privada, especialmente cuando se trata de EPS bajo intervención o medidas administrativas que tienen obligaciones crecientes con los prestadores de la capital.
La administración capitalina sostiene que las mesas de trabajo y las auditorías no son suficientes si no se traducen en recursos efectivamente girados. Según el seguimiento distrital, los compromisos asociados a contratación y giro de recursos no han logrado contener el crecimiento de las obligaciones pendientes, lo que mantiene la presión sobre las subredes y reduce el margen institucional para planear, contratar y sostener servicios esenciales.
Una disputa institucional con efectos asistenciales
La solicitud de acompañamiento a la Procuraduría abre un nuevo escenario de vigilancia sobre la relación entre Bogotá y la Supersalud. El Distrito pide que las actuaciones de control se desarrollen con garantías de imparcialidad y coordinación, mientras reclama una intervención más efectiva frente a las EPS que mantienen deudas con la red prestadora y frente a los interventores responsables de conducir esas entidades durante las medidas administrativas.
La controversia no se limita a una auditoría administrativa. Su alcance involucra la estabilidad financiera de la red, la continuidad de los servicios y la capacidad del sistema para responder oportunamente a los usuarios en la capital, en un momento en el que hospitales públicos e IPS privadas deben sostener la atención mientras esperan que los compromisos de pago se conviertan en flujo real de recursos.
