La reciente exclusión de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) de las mesas técnicas para la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el sistema de salud de Colombia ha generado preocupación en el sector. Pese a múltiples solicitudes dirigidas al Ministerio de Salud y Protección Social, la ACSC no fue convocada a este espacio de discusión, a pesar de su papel clave en la estructuración del sistema y de su participación en la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, que fundamenta la constitución de estas mesas.
El diseño de la UPC es una pieza fundamental en el modelo de financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pues define los recursos destinados a la prestación de servicios, adquisición de medicamentos y reconocimiento de tecnologías en salud. Sin embargo, la ACSC ha señalado que su ausencia en el proceso compromete la representatividad de los profesionales de la salud y podría afectar la calidad y viabilidad financiera del sistema.
UPC en el sistema de salud de Colombia: el derecho a la participación
Desde la ACSC se enfatiza que la participación en estas mesas técnicas es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 12 de la Ley 1751 de 2015, que reconoce la inclusión de los actores del sistema de salud en la toma de decisiones. Además, la ACSC recalca que su exclusión no solo representa una vulneración normativa, sino que impacta directamente en la formulación de políticas públicas ajustadas a la realidad del talento humano en salud.
En un contexto de crisis en la financiación y sostenibilidad del sistema, los gremios médicos han insistido en que el diseño de la UPC debe basarse en criterios técnicos que incluyan:
- Costos reales de la prestación de servicios de salud, considerando la infraestructura y necesidades de los prestadores.
- Valor de los medicamentos y tecnologías en salud, incluidas aquellas que fueron reconocidas en 2025.
- Costos del talento humano en salud, garantizando condiciones laborales dignas y sostenibles para médicos, enfermeras y otros profesionales del sector.
Según la ACSC, el hecho de que no se esté tomando en cuenta la voz de los profesionales de la salud en la estructuración de la UPC podría generar desequilibrios financieros y afectar la viabilidad de la atención en el país.
Impacto en la sostenibilidad del sistema de salud
El modelo de financiamiento del sistema de salud colombiano enfrenta múltiples desafíos en materia de cobertura, sostenibilidad y calidad del servicio. Expertos del sector han advertido que una UPC subestimada podría traducirse en un desfinanciamiento de las EPS y una crisis en la prestación de servicios, mientras que una sobreestimación podría poner en riesgo la estabilidad fiscal del país.
En este contexto, la ACSC ha reiterado la importancia de garantizar una metodología técnica rigurosa en la construcción de la UPC, asegurando que todos los factores que inciden en los costos del sistema sean analizados de manera integral.
La exclusión de actores clave como la ACSC no solo limita la representatividad del sector en la toma de decisiones, sino que también puede generar desajustes en la asignación de recursos, afectando la eficiencia del sistema y la calidad de la atención a los pacientes.
Un llamado al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional
Ante esta situación, la ACSC ha manifestado su disposición para contribuir en el proceso de estructuración de la UPC, instando al Ministerio de Salud y Protección Social a reconsiderar su participación en las mesas técnicas. Asimismo, han reiterado la importancia de que las decisiones en salud se construyan con diálogo técnico y concertado, evitando que los profesionales del sector sean relegados en debates que afectan directamente su labor y la calidad de la atención médica en Colombia.
Desde el gremio se espera que en los próximos días el Gobierno Nacional reconsidere su postura y garantice una mayor apertura en la toma de decisiones, asegurando que el diseño de la UPC sea transparente, equitativo y ajustado a las necesidades reales del sistema de salud.
