La Defensoría del Pueblo instaló en Cali un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Salud para mejorar el acceso a medicamentos en el Valle del Cauca, mediante una metodología de trabajo interinstitucional de 90 días. La estrategia, respaldada por la Superintendencia Nacional de Salud, contempla la articulación de organismos de control, EPS, gestores farmacéuticos y autoridades territoriales para atender las dificultades en la dispensación, fortalecer el seguimiento de las reclamaciones y establecer respuestas frente a los problemas que afectan a los usuarios.
La iniciativa, surge como un mecanismo de coordinación entre las entidades responsables de garantizar la atención sanitaria en el departamento. Su instalación busca abordar las dificultades relacionadas con el acceso y la distribución de medicamentos mediante un esquema de trabajo que permita compartir información, analizar reclamaciones y promover soluciones a los casos recurrentes. La Defensoría también señaló que este proceso pretende reconstruir la confianza entre los actores del sistema de salud, en un escenario en el que la respuesta institucional requiere la participación tanto de las entidades de aseguramiento como de los responsables de la gestión farmacéutica.
El Puesto de Mando Unificado cuenta con el respaldo de la Superintendencia Nacional de Salud y reúne a autoridades nacionales y regionales, representantes de EPS, gestores farmacéuticos y veedores. Esta composición permite incorporar diferentes responsabilidades relacionadas con la atención de los usuarios y desarrollar mecanismos de seguimiento que no dependan exclusivamente de las actuaciones individuales de cada institución.
Acceso a medicamentos en el Valle del Cauca: cinco compromisos para fortalecer la respuesta institucional
Durante la instalación del PMU, los participantes acordaron cinco líneas de trabajo que orientarán las actuaciones del mecanismo durante su periodo inicial. Los compromisos combinan medidas de gestión de información, participación judicial, resolución de reclamaciones y seguimiento a las condiciones administrativas y financieras de la prestación de servicios.
- Unificación de quejas y bases de datos: se establecerá una metodología conjunta para recibir las reclamaciones ciudadanas e integrar la información de los organismos de control, con el propósito de mejorar el seguimiento de las dificultades identificadas.
- Participación de la Rama Judicial: se invitará a un representante del circuito judicial, perteneciente a un juzgado o tribunal, para aportar cifras e indicadores relacionados con las acciones de tutela.
- Jornadas resolutivas: se desarrollarán espacios de trabajo con participación de veedores para buscar soluciones directas a los casos que se presentan de manera recurrente.
- Informes de las autoridades territoriales: las entidades departamentales y municipales deberán presentar información sobre el estado de los pagos, la prestación de servicios y el diagnóstico de los problemas de acceso a medicamentos.
- Convocatoria a Nueva EPS: se acordó solicitar su participación en la siguiente sesión del PMU, debido a que, según la Defensoría, registra el mayor número de quejas.
Estos compromisos sitúan la gestión de las reclamaciones como uno de los componentes centrales de la estrategia. La integración de información administrativa, judicial y territorial permitirá disponer de distintos elementos para examinar las dificultades reportadas y orientar las intervenciones de las entidades competentes.
Nueva EPS, convocada por concentrar el mayor número de quejas
Uno de los aspectos destacados en el comunicado de la Defensoría del Pueblo es la decisión de convocar a Nueva EPS al siguiente encuentro del Puesto de Mando Unificado. La entidad fue señalada como la aseguradora con el mayor número de reclamaciones, circunstancia que motivó su inclusión expresa entre los compromisos establecidos durante la reunión.
Su participación es importante para el desarrollo de las jornadas resolutivas y la revisión de los problemas reportados por los usuarios. Desde el punto de vista institucional, el mecanismo permitirá articular información sobre las reclamaciones con las actuaciones que correspondan a los diferentes participantes, sin que ello implique anticipar los resultados de las intervenciones.
Seguimiento a tutelas y pagos: dos componentes de la gestión sanitaria
La incorporación de la Rama Judicial representa otro de los elementos previstos en el PMU. La Defensoría propuso que un representante judicial contribuya al seguimiento mediante indicadores de acciones de tutela, lo que permitirá incluir información sobre las reclamaciones que han llegado a instancias judiciales para buscar la protección de derechos.
Este componente complementará la metodología de recepción de quejas de los organismos de control. La lectura conjunta de ambos registros podría facilitar la identificación de situaciones recurrentes y aportar criterios para orientar las jornadas resolutivas. En materia financiera, los informes solicitados a las autoridades departamentales y municipales deberán incluir el estado de los pagos y las condiciones de prestación de servicios. La decisión incorpora variables administrativas y económicas al diagnóstico territorial.
La revisión de estos componentes resulta pertinente para la gestión institucional, pues permitirá examinar información de distintos niveles de responsabilidad antes de definir posibles respuestas. De esta manera, el PMU busca estructurar un proceso en el que el seguimiento de las reclamaciones esté acompañado por elementos sobre la operación de los servicios.
¿Qué se espera de la metodología de trabajo de 90 días?
El periodo inicial de 90 días establece un horizonte para desarrollar los compromisos definidos durante la instalación del Puesto de Mando Unificado. En este tiempo se contempla organizar la información disponible, incorporar actores al seguimiento y realizar jornadas orientadas a resolver situaciones recurrentes relacionadas con el acceso a medicamentos.
La evaluación posterior requerirá conocer el desarrollo efectivo de los compromisos, la participación de las entidades convocadas y las respuestas ofrecidas a los usuarios durante las jornadas resolutivas. Estos elementos permitirán determinar en qué medida las acciones coordinadas contribuyeron a mejorar la gestión de las reclamaciones.
¿Qué implica esta estrategia para la garantía del derecho a la salud?
La instalación del Puesto de Mando Unificado en el Valle del Cauca plantea una intervención centrada en la coordinación de competencias que ya corresponden a distintas instituciones del sistema sanitario. Su importancia radica en la posibilidad de organizar respuestas conjuntas frente a dificultades que involucran aseguradores, gestores farmacéuticos, autoridades territoriales y organismos de vigilancia.
Para la Defensoría del Pueblo, el objetivo es avanzar hacia una atención digna y eficiente, evitando que las personas permanezcan sin los medicamentos y servicios que necesitan. El cumplimiento de esta finalidad dependerá de las acciones desarrolladas por las entidades participantes y de los resultados que puedan verificarse durante el seguimiento.
En este escenario, la estrategia interinstitucional representa una oportunidad para fortalecer la gestión de las barreras de acceso a medicamentos en el Valle del Cauca. Su contribución efectiva al derecho fundamental a la salud estará determinada por la capacidad de transformar los compromisos anunciados en soluciones oportunas para los usuarios y en mecanismos de seguimiento que permitan sostener las mejoras alcanzadas.
