Con el propósito de revisar y dar a conocer el impacto que ha tenido la aplicación de las medidas cautelares ordenadas por la Supersalud a las EPS, Asmet Salud y Emssanar, en el flujo de los recursos de los hospitales del Valle del Cauca, el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, convocó una Audiencia Pública en la ciudad de Cali con los actores de la salud en este territorio.
En su exposición, el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, señaló los argumentos técnicos que justificaron la medida cautelar a las citadas EPS y aseguró que “estas medidas justamente lo que permiten es proteger los recursos del sistema de salud, estableciendo un requisito de validación por parte de un contralor designado por el Despacho del Superintendente, de las postulaciones mensuales de giro tanto del régimen contributivo como del subsidiado”.
En el evento, también participaron el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez; el director de la ADRES, Félix León Martínez; la secretaria de Salud de Cali, Lucy del Carmen Luna; la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes; y representantes de la sociedad civil y trabajadores del sector salud.
El superintendente fue enfático en señalar que “las medidas cautelares no son la causa de la crisis financiera de los hospitales, antes han traído beneficio en el incremento del recurso pagado a los hospitales por parte de las dos EPS intervenidas” y desmintió aquellas narrativas que hablan de una presunta desfinanciación de los hospitales públicos ante las medidas de la Supersalud.
Cabe recordar que la Supersalud ordenó estas medidas cautelares sobre las EPS, Asmet Salud y Emssanar, el 6 de marzo y el 9 de mayo de 2023, respectivamente, para propiciar el mejoramiento del flujo de recursos a la red de prestadores de servicios en el departamento.
La Supersalud presenta las cifras de los giros
De acuerdo con el Superintendente, Asmet Salud en los últimos dos meses le ha girado a la red pública del Valle del Cauca $18.366 millones: en junio se giraron $9.338 millones y en julio $9.028 millones. En el caso de Emssanar, se le han girado $87.831 millones: en junio se giraron $44.885 millones y en julio $42.947.
Las cifras evidencian un incremento en los giros mensuales que venían recibiendo los hospitales antes de la medida cautelar de la Supersalud de la siguiente forma: Según lo reportado en la plataforma “Lupa al giro” de la ADRES, en 2022 trasladó recursos a la red pública del Cauca por Asmet Salud un promedio mensual de $5.470 millones. En 2023, el promedio de giro mensual ha sido de $8.101 millones.
Tras la adopción de la medida cautelar se evidencia un aumento: antes de marzo, la EPS postulaba para giro un promedio de $3.100 millones y pasó a postular y girar $3.600 millones a la red pública del Valle del Cauca.
En el caso de Emssanar, ADRES giró en 2022 un promedio mensual de $37.764 millones producto de la postulación de la EPS, mientras que en 2023 ha girado $40.650 millones mensuales. La imposición de la medida cautelar en el mes de mayo ha representado para la red pública del Valle del Cauca un incremento del giro mensual cercano a los $300 millones, pasando de $8.500 a $8.800 millones mensuales.
En porcentaje, comparando 2022 y 2023, los giros de la EPS Asmet Salud se han incrementado en 48% y en la EPS Emssanar en 13%. Agregó que la finalidad perseguida por las medidas cautelares es la de contrarrestar las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vida o la integridad física de los pacientes o el destino de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y corregir situaciones de diferente índole que se venían presentando.
Finalmente, aclaró que estas medidas no contemplan una orden de no pago a la red de prestadores, ni trabas o barreras injustificadas por parte de la Supersalud; son las EPS las responsables del flujo oportuno y transparente de los recursos al postular el pago y giro directo por parte de las ADRES. Es decir, que lo pagado, sea efectivamente lo facturado y lo realmente prestado.
La Superintendencia Nacional de Salud afirma que, persiste en su propósito de vigilar que los actores del sistema de salud –administradores, prestadores y proveedores- cumplan con los deberes legales.
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