Para el gobierno nacional, se acortan los tiempos estipulados para decidir sobre la reforma pensional y de la salud. En el caso de la primera, se adelantó una sesión durante el Martes Santo para hacer una revisión del proyecto de ley y continuar con el debate en próximos días. Sin embargo, no fue suficiente para disipar la preocupación, pues se debe lograr la aprobación antes del 20 de junio, fecha en la que se cierra la agenda legislativa del Congreso de la República.
En la referida sesión participaron gremios y organizaciones académicas, como el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quienes sugirieron revisiones adicionales al texto radicado, analizando soluciones eficientes y sostenibles en el tiempo. En la actualidad, el sistema de pensiones está conformado por dos regímenes: Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) -operado por AFP; es decir, a nivel privado- y Régimen de Prima Media (RPM) -operado por Colpensiones y que es de nivel público-.
La primera intervención estuvo a cargo de Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien aseguró ante la plenaria que la “Ley 100 de 1993 resultó ser un total engaño, absoluto. Los que siguen pensionando son Colpensiones y los fondos privados se quedaron con todos los recursos, con una situación muy general: terminó siendo una carga para el Estado que, evidentemente, le genera déficit fiscal”. Añadió que “la inmensa mayoría de las personas que están hoy en los fondos privados, pues son los más jóvenes. De tal manera que, esa solidaridad generacional que siempre se reclama en cualquier sistema pensional, definitivamente con la privatización del sistema pensional se acabó esa posibilidad de la solidaridad y eso es lo que reclama esta reforma pensional”.
Según datos compartidos por Arias, el 70% de los trabajadores que están en los fondos privados de pensiones, tienen menos de 45 años, situación que demanda su incorporación a la solidad intergeneracional, indispensable para el sistema de pensiones y para reducir el déficit fiscal del Estado.
En la sesión del Legislativo, la Confederación General del Trabajo (CGT) expuso que en la reforma pensional no se cumplen los estándares, ni las recomendaciones de la OCDE; tampoco los convenios internacionales de la OIT. En ese sentido, hay varios aspectos que ameritan una revisión exhaustiva: no hay cohesión entre la reforma laboral y la pensional, ya que no se considera a la informalidad laboral como uno de los factores decisivos; el proyecto de ley no integra a varios sectores sociales que podrían aportar más y mejores recursos al sistema de pensiones. “Pedimos que en este proyecto de ley se tenga en cuenta restablecer el término de caducidad, en procura de un mejor morir para los adultos mayores en Colombia”.
Las aseveraciones sobre la OIT fueron refutadas por el senador Wilson Arias (Pacto Histórico), quién aseguró que las modificaciones propuestas, específicamente el sistema de pilares que regiría en el nuevo sistema, cuenta con el beneplácito de la organización.
Para Pedro Alexander Rubio Sánchez,representante de la Unión Sindical Colombiana de Trabajo, la reforma pensional incentivará a que los colombianos abandonen el país.
“El cálculo actuarial a 2023 establece que para que un colombiano pueda acceder a una pensión de un salario mínimo en el régimen de ahorro individual requiere 368 millones de ahorrados en la cuenta de ahorro individual. Esta reforma le dice a los jóvenes entre 20 y 40 años cuya remuneración sea de 3 salarios mínimos, es decir, la clase profesional, tendrán una pensión de hasta 1,9 salarios mínimos en el régimen de prima media y el resto consígalo en el régimen de ahorro individual”, expresó. Y de ser así, los profesionales colombianos que cuenten con especializaciones o maestrías “no alcanzará a una pensión en el estándar de convenio 102 que corresponde al 45%”.
Las consideraciones del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y el Instituto de Ciencias Políticas
En representación del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, su director Oliver Pardo resaltó que es necesaria una reforma pensional para el país. “La oportunidad es histórica, la coyuntura para que se dé la oportunidad de aprobar una reforma pensional es absolutamente única y si no se hace ahora es muy difícil que se pueda hacer en el siguiente periodo del próximo gobierno”, recalcó. A lo que añadió que, dar continuidad al sistema actual implicará una prórroga de las injusticias que existen.
Por otra parte, desde el Observatorio Fiscal se recordó que la reforma planteada no necesariamente implica que sea negativa en su totalidad. “La reforma pensional tiene muchas oportunidades de mejora, entre ellas: reducir el umbral, pero aún más importante, la gobernanza y administración del fondo de ahorro del pilar contributivo porque la reforma blinda el ahorro nacional, siempre y cuando los recursos que va a obtener Colpensiones se ahorren. Si no se ahorran, se corre un riesgo muy grande”, sostuvo Pardo, por lo que una solución sería la administración directa de los recursos por parte del Banco de la República.
El Instituto de Ciencias Políticas, representado por Carlos Augusto Chacón, presentó sus cuestionamientos a la reforma pensional: sostenibilidad, cobertura y acceso a pensiones. “Nos preocupa la situación de vulnerabilidad de los 2.8 millones de adultos mayores de nuestro país que requieren atención. Ellos nos motivan profundamente a buscar soluciones que eviten que las futuras generaciones enfrenten el mismo destino- Rechazamos las soluciones conformistas y cortoplacistas que prometen alivios temporales pero heredan deudas a las futuras generaciones”.
No obstante, en sus análisis, el instituto considera que la propuesta gubernamental no resuelve los problemas de fondo. “Hemos identificado que la iniciativa gubernamental desincentiva el ahorro y el esfuerzo individual, poniendo en riesgo el futuro bienestar de los ciudadanos y la estabilidad económica del país. De acuerdo con la Contraloría, el 19% del PGN se destina anualmente para cubrir el déficit de Colpensiones con la proyección de que, de aprobarse la actual reforma pensional, el pasivo podría alcanzar el 146,8 del PIB para el año 2100. Definir un umbral para unificar el sistema es una solución conformista que aumenta la carga fiscal del erario público y no soluciona los problemas de cobertura”.
El análisis de Fasecolda a la reforma pensional propuesta
En la sesión también participó Gustavo Morales Cobo, presidente de Fasecolda y representante del sector asegurador del país. “Desde la Ley 100 se estableció que en el régimen de ahorro individual, los fondos tienen la obligación legal de contratar con una compañía de seguros, un seguro previsional. Las compañías de seguros se convocan para que cubran el riesgo de invalidez y de supervivencia de quienes están cotizando a ese fondo privado. Pero, no aplica al régimen de prima media“.
La reforma pensional propone mantener las condiciones actuales, extendiendo este beneficio a Colpensiones. Es decir, la entidad estatal se vería obligada a contratar la cobertura del riesgo de invalidez con una compañía especializada. “Desde Fasecolda creemos que ese es el camino porque el actual, en el que Colpensiones siga autoasegurando y asumiendo ese riesgo... pues pone a Colpensiones y al presupuesto nacional un riesgo inmenso que queda mejor administrado cuando eso se contrata mediante una póliza, con una compañía de seguros”.
Si bien se había indicado que el trámite de la reforma pensional continuaría este 1 de abril, el debate de la reforma pensional no se incluyó en el orden del día.
