Aunque la propuesta oficial de reforma a la salud ya fue radicada, su análisis y posible aprobación se ve entorpecida por las contrarreformas presentadas por la sociedad civil y partidos políticos, entre los que se encuentra Cambio Radical, liderado por Germán Vargas Lleras. El documento que consta de 42 artículos fue entregado el día de ayer al Congreso.
“Este proyecto de reforma a la salud surge de la necesidad y la urgencia por ofrecerle a los colombianos una alternativa que reconozca y preserve los logros alcanzados por el actual sistema de salud a lo largo de estos 30 años de vigencia tales como: cobertura universal, financiamiento progresivo del sistema, protección financiera de los hogares y mayor acceso a los servicios”, se lee en el comunicado de prensa.
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La bancada destaca como logros del sistema actual la cobertura casi universal por encima del 98% no solo para nacionales sino para residentes, la ampliación de beneficios, el aumento en de oferta en la prestación de servicios, enmarcados en el derecho fundamental a la salud.
“Colombia, a pesar de su desigualdad e inequidad histórica, ha logrado reducir dicho gasto a un nivel más que reconocible, pasando de 52% en 1993 a un 16% en la actualidad, valor muy inferior al promedio de Latinoamérica y el Caribe (LAC) donde representa el 34% del gasto total en salud, e incluso muy por debajo del 21% en los países OCDE que contrasta en gran medida con el promedio regional”, cita Cambio Radical en su exposición de motivos.
No obstante, también reconoce que hay fallos en la calidad, oportunidad e integralidad de la atención médica y en el desarrollo y formalización del talento humano, barreras que se incrementan en ciertas regiones del país. Para ello, se plantea la reforma como un mecanismo de ajustes transversales “y las interacciones que se dan entre sus actores, incorporando a lo largo del sistema elementos mínimos que intervengan en la relación de los aseguradores, prestadores, entidades territoriales y personas, tal como son: un modelo de atención, la gestión integral del riesgo en salud, la planeación integral en salud pública, la interoperabilidad de la información”, sumado al fortalecimiento del sistema de aseguramiento, operación de las ESE y prestación de servicios desde redes.
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Los ajustes propuestos para el aseguramiento y la gestión del riesgo en este proyecto de reforma a la salud
En esta contrarreforma, sobre el aseguramiento, se explica que todas las personas residentes en el territorio nacional, excepto los afiliados a regímenes especiales y/o de excepción, estarán afiliadas al sistema de salud por intermedio de una empresa promotora de salud (EPS), quien contará para su operación con redes integradas e integrales de prestación de servicios de salud, de la cual harán parte los centros de atención primaria a los cuales el usuario deberá adscribirse.
Sin embargo, las EPS operarán por territorios sanitarios definidos por el Gobierno Nacional, bajo una reglamentación en la que se establezca las condiciones de actualización del ámbito territorial de operación en el que se encuentran autorizadas. “Dicha reglamentación, deberá incluir un régimen de transición para la actualización de las autorizaciones para operar, emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud y la redistribución de la asignación de afiliados entre las entidades promotoras de salud”.
En los territorios rurales y dispersos, el aseguramiento podrá ser administrado por una única empresa promotora de salud, la cual recibirá una Unidad de Pago por Capitación – UPC de manera diferencial para cada territorio ajustado al riesgo, las condiciones de dispersión, y condiciones de oferta de servicios.
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Incorporación de la Atención Primaria en Salud (APS) en el país
El sistema de salud tendrá como base a la Atención Primaria en Salud (APS), renovada con enfoque de salud familiar y comunitaria, orientado hacia la promoción de la salud y la gestión integral del riesgo en salud, operativizado por medio de rutas integrales de atención y a través de redes integradas e integrales de servicios en salud.
Así, cada habitante del territorio estará adscrito a un prestador primario y a un médico con enfoque de familia y comunidad altamente resolutivo, de su libre elección, ubicado cerca al lugar de residencia o trabajo, de acuerdo con la reglamentación que el Ministerio de Salud.
“Para la población ubicada en los municipios categoría 4 5 y 6 y la población ubicada en zonas de estrato 1 de los demás municipios y distritos, el Estado financiará los equipos de atención comunitaria ejercida por un promotor de salud quienes serán el primer contacto de los usuarios, sus familias y la comunidad con el sistema de salud, tendrán como responsabilidad la identificación de las condiciones de salud de la población asignada, la caracterización de la población, el hogar y el territorio, la identificación de riesgos, la capacitación y educación de las familias y será responsable de hacer la demanda inducida”, describe el proyecto de reforma a la salud.
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¿Hay cambios para la gestión del riesgo en salud?
Desde el articulado de Cambio Radical se describe a la gestión integral del riesgo como a la articulación y coordinación de los diferentes actores del sistema, dentro de sus competencias, en torno a las intervenciones individuales y colectivas que se deben realizar a las personas y su entorno para mitigar, contener y atender los riesgos en salud.
Esta tarea quedaría a cargo de las Entidades Territoriales, Entidades Promotoras de Salud – EPS, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS, Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, los individuos y las familias. El Estado y las entidades territoriales, por su parte, “tienen a su cargo la dirección, coordinación y vigilancia del Sistema General de Seguridad Social en Salud en la jurisdicción de su territorio, de acuerdo con la normativa nacional; su obligación es coordinar la agenda sectorial e intersectorial requerida para cumplir con las necesidades y prioridades establecidas en el plan territorial de salud”.
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Para las EPS no habría grandes cambios. Según este proyecto de reforma a la salud, su rol será realizar la gestión del riesgo individual de sus afiliados, en coordinación y articulación con los demás actores del sistema y con fundamento en la caracterización, identificación, clasificación y agrupación de los riesgos que éstas realizan. Con estos datos, deberán determinar las acciones a realizar para manejar de forma integral las necesidades de salud, minimizar la mayor incidencia y severidad no evitable de la enfermedad, así como minimizar los riesgos que se pueden derivar de la propia atención y serán responsables de la implementación y monitoreo de dichas acciones.
“Las Entidades Promotoras de Salud – EPS responden por el riesgo financiero derivado del manejo integral de las necesidades en salud de la población a su cargo”, se lee en el documento.
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Creación del Fondo de Garantías en Salud
Cambio Radical propone la creación del Fondo de Garantías en Salud como una entidad descentralizada, de naturaleza única y adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y patrimonio independiente. En él deberán inscribirse obligatoriamente las EPS y de forma voluntaria los prestadores de servicios y otros proveedores de servicios y tecnologías en salud.
El propósito de este Fondo de Garantías es garantizar la continuidad de prestación de servicios de salud al usuario cuando esta pueda verse amenazada por la imposibilidad de pago de obligaciones por parte de las EPS o prestadores de servicios como resultado de problemas financieros. Como parte de sus funciones estará “apoyar financieramente los procesos de intervención, liquidación y de reorganización de las entidades afiliadas para lo cual podrá participar transitoriamente en el capital”.
También vale la pena mencionar que, el talento humano en salud no podría vincularse desde intermediarios o mediante tercerización laboral. Y en lo que respecta a la elección de gerentes o directores de las ESE, ésta se llevaría a cabo por concurso de méritos y por un periodo de 4 años. La adquisición de medicamentos y tecnologías, así como su distribución son los grandes ausentes de esta contrarreforma.
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