El Partido Liberal radicará su proyecto de reforma a la salud, tras completar el análisis del proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional. Como antesala han publicado un documento en el que exponen las debilidades y riesgos de la propuesta oficial.
“Los grandes avances de las tres últimas décadas en cobertura, acceso, equidad, administración del riesgo, indicadores de salud pública, gasto social, entre otros presentados en este documento, han conducido a un resultado innegable: ha mejorado de manera progresiva y muy significativa el servicio de salud para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. El paso siguiente debe ser diseñar políticas para mejorar aún más el sistema, no para destruirlo”, se lee.
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Los logros del sistema de salud actual (en líneas generales)
Para su análisis, el Partido Liberal evaluó el sistema de salud de acuerdo con el marco de desempeño de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tres objetivos esenciales: el mejoramiento de la salud, la respuesta a las expectativas de las personas —centrado en las personas— y la protección financiera y la sostenibilidad fiscal del sistema.
En materia de salud pública, la evaluación del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 muestra un grado de avance “bueno y muy bueno” del 48,1% en sus metas, a pesar del impacto de la pandemia. Otro de los indicadores positivos descritos en el texto es el descenso de la mortalidad materna “en las últimas en las últimas décadas pasando de 100 a 50 por cada 100.000 nacimientos, entre 2000 y 2019 —periodo pre-pandémico—”.
Ocurre una situación parecida con la tasa de mortalidad infantil que “presenta un descenso incluso más pronunciado que el de la mortalidad materna, pasando de 744 por 100.000 niños y niñas menores de 5 años en 1990 a 268 por 100.000 niños y niñas menores de 5 años en el año 2019, es decir, una reducción de casi 300%”. (datos citados deOur World in Data).
A los indicadores mencionados -y que han sido de los principales argumentos para la presentación de la reforma- se suma la reducción en la desnutrición infantil y la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas como la malaria o la enfermedad de Chagas que se consideran como una gran carga de enfermedad debido a su impacto en las poblaciones más vulnerables.
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En lo que respecta a la gestión del riesgo, los resultados en el manejo de ciertas condiciones como el VIH, la enfermedad renal crónica y el cáncer son mixtos. No obstante, de acuerdo con el Partido Liberal, esto evidenciaría que “existen condiciones institucionales, regulatorias, técnicas y científicas para que el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) realice una adecuada gestión del riesgo de los pacientes, mediante la coordinación de distintos actores y la eficiencia en el uso de los recursos”. Sin embargo, se deberían tomar los aprendizajes positivos y extenderlos hacia las áreas en las que los resultados son débiles.
También se destaca la protección financiera, la cual se “apalanca en la existencia de una cobertura universal en salud —más del 98% de la población— y ha permitido, además, ser uno de los aportes más importantes para la generación de la equidad en el país”. Además, resalta la protección al gasto de bolsillo de los usuarios del sistema y que es menos del 15%, de acuerdo con estadísticas de la OCDE.
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¿Qué falla en la reforma a la salud del Gobierno Nacional?
Para el Partido Liberal, la propuesta gubernamental “genera una gobernanza débil, con funciones poco claras y repetidas, mediante un aparato burocrático de línea política y no técnica basado en órganos colegiados no idóneos, sin articulación”. Esto se evidencia en los siguientes cambios descritos en el proyecto de ley:
- El Consejo Nacional de Salud y los Consejos Territoriales debilitan la rectoría del Ministerio de Salud. Además, no se describen con claridad las funciones de cada uno. Los Consejos de Administración de los Fondos Regionales de Salud tampoco tienen articulación con estos nuevos órganos del sistema, así como en otras figuras nacientes. En consecuencia, se generaría una parálisis en la conducción estratégica y táctica del sistema de salud, habrían costos administrativos redundantes y se crearía un aparato burocrático con funciones duplicadas y entorpecimiento en las decisiones. Todo ello se traduciría en la inestabilidad operacional del sistema.
- En el manejo de los recursos se evidencia la creación de estructuras “sin la arquitectura técnica mínima necesaria, con una concentración peligrosa en la ordenación del gasto en personas específicas”, problemas que estarían acompañados por falta de garantías para la auditoría independiente. “Existe una concentración excesiva de poder en la ordenación del gasto de mediana y alta complejidad por parte de solo 5 gerentes de los Fondos Regionales”.
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- El proyecto de ley del gobierno “no genera una estructura capaz de gestionar los riesgos de los individuos y la población de forma inteligente en sus distintas dimensiones y presenta una visión reduccionista y limitada de un sistema de referencia de pacientes entre centros hospitalarios”.
- Ni el articulado, ni el anexo, de acuerdo con el documento del Partido Liberal, permiten determinar “la línea base de los CAPIRS en el nuevo modelo, la proporción de CAPIRS que administrarán las EPS vs. los administrados directamente por la Entidad Territorial y la fuente de financiación para la creación de estos centros por parte de las Entidades Territoriales”.
“No amerita una reforma extrema del modelo”: las propuestas del Partido Liberal
Como se lee en el documento del Partido Liberal, desde la expedición de la Ley 100 -y con la que nacieron los principales actores (EPS como aseguradoras, IPS como prestadoras de servicios, un órgano de regulación en coordinación con el Ministerio y una Superintendencia para el sector salud)- y las posteriores reformas, se han agudizado las brechas entre regímenes y ha surgido la integración vertical que facilitó el control de costos para las EPS pero que generó una estructura oligopólica en el sistema y sus efectos negativos, como la limitación de los usuarios para elegir los médicos y hospitales en los que quieren ser atendidos.
Y si bien existen falencias, tanto en la prestación de servicios como en la estructura del sistema de salud, “no se evidencia una falla total del mismo que amerite una reforma extrema del modelo”. Bajo esta premisa, el Partido Liberal propone esencialmente lo siguiente:
- Desarrollar las diferentes normas de la Ley Estatutaria del Derecho Fundamental a la Salud (Ley 1751 de 2015), ya avalada por la Corte Constitucional, que no han sido implementadas a pesar de que están encaminadas a proteger el goce efectivo del derecho a la salud en condiciones equitativas y sostenibles asi como a promover políticas de prevención y promoción de la salud.
Al respecto, se argumenta que “ni la Ley Estatutaria ni la Corte Constitucional han exigido un cambio extremo de sistema creado por la Ley 100 de 1993, declarado ajustado a la Constitución en sus elementos esenciales a lo largo de 30 años de jurisprudencia constitucional”.
- Fortalecer las capacidades de la Superintendencia de Salud, inclusive en materia de inspección y vigilancia financiera, con el fin de que pueda hacer un seguimiento integral al funcionamiento del sistema de salud y adoptar medidas de manera oportuna cuando identifique fallas o abusos en las EPS o las IPS que requieren correctivos o sanciones. En tal sentido, las acciones deben estar dirigidas al funcionamiento eficiente, equitativo y sostenible del sistema.
- Generar un instrumento de resolución de conflictos del sector salud que sea más accesible y más rápido que la acción de tutela. Este sería administrado por la Superintendencia Nacional de Salud, o el Ministerio de Salud, y debe ser diseñado de tal forma, que permita el acceso oportuno a la resolución ágil de solicitudes y o conflictos entre los usuarios y el propio sistema, en el marco de la Ley Estatutaria en Salud.
“Se busca con este instrumento, descongestionar la Justicia, promover el buen uso razonable del sistema y generar una cultura de responsabilidad, mejorando las condiciones para un mejor desempeño y la garantía del derecho fundamental”. Asimismo, se respetaría la jurisprudencia nacional sobre la resolución de controversias entre autoridades administrativas.
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- Exigir por medio de una reforma legal que la integración vertical se reduzca gradualmente en un porcentaje de 10% cada año según el plan que presente cada EPS con el correspondiente control y vigilancia de la superintendencia de Salud fortalecida.
- Acelerar la interoperatividad de la historia clínica y la consolidación de un sistema integral de información que permita hacer seguimiento administrativo a las transacciones en salud. Además, se propone introducir mecanismos de ajuste de riesgo tanto ex ante como ex post en la Unidad de Pago por Capitación por los principales grupos de riesgo, de tal forma que se introduzcan incentivos a resultados y buena gestión.
- Diseñar un esquema de subsidio a la oferta, pero condicionado a indicadores de resultado y calidad, para hospitales públicos de centros rurales. Enfocar los esfuerzos en la generación de rutas integrales, tanto administrativas como clínicas y de atención, sobre todo en los grupos de riesgo que muestran un deterioro en sus indicadores de resultado.
Lo invitamos a conocer el documento base del Partido Liberal aquí:
