Se necesita una reforma indican las organizaciones médicas… pero hay 15 observaciones

El comunicado indica que después de casi 30 años de la aprobación de la Ley 100 – Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) se necesita de una Reforma que permita avanzar en el goce efectivo de este derecho fundamental, como lo establece la Ley Estatutaria en Salud (LES) 1751 de 2015, la cual consideran como el eje central para el desarrollo de cualquier reforma; en ese contexto, el SGSSS y todo lo que el Estado disponga para materializar el derecho a la salud, deberá incorporarse al Sistema Nacional de Salud.

Este es el primer punto de un extenso e importante pronunciamiento de doce (12) instituciones y gremios fundamentales dentro del país, y que incluyen al Colegio Médico de Antioquia, la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico Colombiano, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Asmedas, la Federación Odontológica Colombiana, la Asociación Colombiana de Medicina Estudiantil, Scare, Fecolmed y la Asociación Nacional de Profesiones de la Salud, entre otras.

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Lo que les gusta a las organizaciones médicas

Estos son los siete (7) temas adicionales en que coinciden con los planteamientos hechos por el Ministerio de Salud:

1. La necesidad de fortalecer la Atención Primaria Integral en Salud (APIS) y las acciones positivas para intervenir los determinantes sociales de la salud.
2. El fortalecimiento de la red pública de servicios de salud, así como la necesidad de dar solución a las inequidades, en especial en las zonas con población dispersa.
3. La conformación del Consejo Nacional de Salud.
4. La creación y puesta en marcha del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud.
5. La reivindicación de la autonomía de los profesionales de la salud.
6. El fortalecimiento de la Supersalud.
7. El desarrollo de políticas públicas para la formación del talento humano.

Dudas que traen los planteamientos de la reforma de iniciativa gubernamental

1. Proliferación de entidades con funciones superpuestas: 3 nuevas entidades del orden nacional, más el fortalecimiento de 3 ya existentes, 21 entidades regionales, sumadas a 6 entidades por cada territorio (más de 60) que deberán hacer contratación con las IPS, auditoría, revisión de cuentas y flujo de recursos, además de otras múltiples actividades, por lo que no solo advertimos colisión de competencias, sino riesgo de inoperancia, riesgo de cooptación política regional y desvío de recursos.
2. Si bien pensamos que la ADRES debe universalizar el giro directo a los prestadores, consideramos que esta entidad no está en capacidad técnica, ni tiene la experticia para asumir nuevas funciones, además de algunas de las actividades que desarrollan las actuales EPS, lo cual afectaría la prestación del servicio y, por ende, al derecho fundamental a la salud.
3. Con la propuesta de crear 7 redes distintas sin que se evidencie integración entre ellas en los territorios, se advierte riesgo de fragmentación, nuevas barreras de acceso y afectación en la integralidad de la atención.
4. No están claros cómo se obtendrán los recursos tanto financieros como de talento humano que se requerirán para la puesta en marcha de más de 2.500 centros de atención primaria (CAPIRS) que se propone adecuar o construir, más la constitución y puesta en marcha de cerca de 20.000 equipos médicos interdisciplinarios.
5. Los médicos y las demás profesiones de la salud en servicio social obligatorio son insuficientes para cubrir las necesidades de los EMIT propuestos. Además, para quienes están en proceso de formación como especialistas, su desplazamiento a zonas periféricas con este fin no consulta los objetivos del sistema nacional de residencias médicas y la autonomía universitaria, dado que las prácticas formativas en lugares sin infraestructura, ni supervisión docente, no son convenientes; tampoco se explican las condiciones académicas, de remuneración, bienestar y de seguridad.
6. Si bien se propone formalizar a los trabajadores de las categorías operativas (42.784) y apoyo (85.859), iniciando por niveles de atención, a un costo estimado de $9 billones para los primeros 4 años, no se precisan las fuentes para la sostenibilidad de tal incorporación en el largo plazo.
7. La Corte Constitucional en su sentencia C-756 de 2008 estableció que la regulación del núcleo esencial de los derechos a ejercer la profesión y el trabajo de los profesionales de la salud debe ser materia de ley estatutaria, el artículo 130 del PL 339 que se ha presentado como ley ordinaria, establece la recertificación de los trabajadores de salud como obligatoria.
8. El artículo 134, plantea comités de autorregulación médica en las IPS, en las cuales se incluyen otros profesionales, comités de temas financieros, y otros más, vulnerando el principio mismo de la autorregulación que debe ser por pares profesionales.
9. Advertimos que las sanciones penales y disciplinarias, enunciadas en el capítulo XVII del PL, además de carecer de unidad de materia, desconocen las actuales y vigentes instancias para los procesos éticos – disciplinarios para los profesionales de la salud.

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Una gran alerta fiscal elevan las organizaciones médicas

El artículo 150 del PL 339, sujeta todo lo anterior, es decir el derecho mismo a la salud de todos los residentes en Colombia, a la disponibilidad presupuestal y al marco fiscal de mediano y largo plazo, ignorando lo previsto en el parágrafo del artículo 334 de la Constitución Política: “en ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”.

Y hay cinco (5) inconformidades adicionales de los médicos con la reforma pretendida

1. Se establecen nuevas definiciones de salud que no se ajustan con la evidencia científica global.
2. No se expresa un periodo definido de transición, lo que genera incertidumbre entre los actores y la población.
3. Se evidencia un desestímulo en los trabajadores independientes con capacidad de pago que le hace daño al Sistema: Al no existir afiliación, no existe motivación para el trabajador independiente, pudiente o no, de pagar por la salud, si de todas formas puede adscribirse a un CAPIRS y adquiere el derecho al Plan de Beneficios.
4. No hay cifras totales de los recursos que requerirá el Sistema en los próximos años, incluido un plan financiero que defina fuentes y garantice sostenibilidad.
5. De aprobarse las facultades extraordinarias solicitadas en el artículo 151 del PL, debería definirse con mayor precisión su destinación, y establecerse directrices y límites precisos, para que no se interprete como una “carta blanca” que sustituya el poder legislativo del Congreso y la facultad reglamentaria del MSPS.

Voluntad de aportar experiencia y conocimiento

Superado este debate, como representantes de los médicos y profesionales de la salud, reiteramos nuestra voluntad de aportar experiencia y conocimiento para que el país, con sentido de conveniencia social y progresividad en el respeto al derecho fundamental a la salud, construyendo sobre lo construido, alcance el mejor sistema de salud posible, acorde con nuestras condiciones de desarrollo económico, político y social.

Descargue el pronunciamiento Acuerdos Fundamentales sobre el proyecto de ley de los representantes médicos del país:

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