Las advertencias de los ministros sobre la reforma a la salud

Las advertencias de los ministros a la reforma a la salud
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El fin de semana, a través de la revista Cambio, se hizo público el documento presentado por los ministros Alejandro Gaviria, (MinEducación), José Antonio Ocampo (MinHacienda) y Cecilia López (MinAgricultura) en el que exponen sus inquietudes sobre el proyecto de reforma a la salud. Los comentarios están dirigidos a la Dra. Carolina Corcho, titular de la cartera sanitaria.

Para los ministros, los reparos se centran en el impacto fiscal del proyecto que transformaría el sistema de salud, por lo que deberían incluirse de manera expresa los costos fiscales de la propuesta y las fuentes de ingreso adicionales para su financiamiento, sin contar el impacto que tendría sobre las finanzas de la Nación. En ese orden, y de acuerdo con la Ley 819 de 2003, todo proyecto de ley que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

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Si los gastos totales propuestos se ejecutan, “el costo fiscal de la iniciativa sería, para el primer año, de alrededor de $16,91 billones adicionales y, para el segundo, de $21,8 billones adicionales”. Además, entre 2025 y 2028, los gastos se incrementarían cerca de $2 billones al año.

Este aumento estaría condicionado, entre otros, por los siguientes factores:

  • Si se implementa la reforma, los gastos destinados para la Atención Primaria en Salud (APS) representarán $16.9 billones, monto que ascendería hasta los $31.3 billones en 2030.
  • Los gastos de dotación de infraestructura y equipamiento para la APS requeriría $3.9 billones con la reforma, monto que llegaría hasta los $5.1 billones en 2030. Para entonces, el impacto fiscal sería de $4.8 billones. Sin embargo, se incluyen como fuentes a los de recursos de inversión del Minsalud, la contribución del 52% sobre la prima SOAT y el impuesto social a las armas; estos dos últimos permiten transferir excedentes al régimen subsidiado y si se destinan a otros conceptos, se desfinancia el aseguramiento.
  • En cuanto al gasto administrativo, se asume que el Fondo Único Público para la Salud requerirá $1 billón para su funcionamiento, que sería de $1.3 billones para el 2030. No obstante, “dado que los costos de administración de las EPS oscilan entre el 5% y 6% de la UPC, se asume que el gasto de administación es del 5.5% de ésta”.
  • El gasto del fondo estaría subestimado y habría que añadir cerca de $3 billones por año, de acuerdo con proyecciones del Ministerio de Hacienda. Según esta cartera, serían necesarios $4 billones para el funcionamiento del fondo este 2023, evaluando el impacto fiscal.

También señalan que, en el proyecto de reforma gubernamental, habría confusión sobre la especifiación de los recursos destinados a la salud y los flujos de cada una de las cuentas propuestas. Al respecto, usan la misma fuente y duplican gastos .

“A juicio de estos Ministerios, esta propuesta retoma la metodología de cuentas tal como operaba el extinto FOSYGA, enfrentándose a las dificultades que ellas tenían anteriormente como superávits en algunas de las entonces subcuentas y altísimos déficits en las otras, generando grandes dificultades en la administración y uso eficiente de los recursos”, se lee. Por lo tanto, se plantea la reescritura completa del Capítulo IV, correspondiente a las fuentes, usos y gestión de los recursos financieros del sistema de salud.

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El sistema de salud sería mixto, sin exclusión de las EPS

En el documento de los ministros, los funcionarios precisan que debería describirse el modelo mixto de aseguramiento social en salud, especificando la responsabilidad del Estado en la atención integral en salud mediante un sistema de gestión de riesgos financieros y de salud, “el cual continuará siendo administrado por las EPS y por la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema de Salud – ADRES”.

En la redacción propuesta por el documento, las EPS “desarrollarían sus funciones mediante la articulación del riesgo individual y colectivo en salud, a través de los diferentes niveles de atención a cargo de las instituciones prestadoras de servicios de salud de carácter público, privado o mixto y en general de los demás integrantes del sistema”. Además, otra de las labores sería la de contratar, auditar y pagar los servicios prestados por los CAPIRS.

Bajo este orden de ideas, y como se lee en el texto divulgado, se proponía la modificación del articulado así: las EPS permanecerían como un actor del sistema de salud, como entidades de naturaleza pública, privada o mixta “encargadas de garantizar directa o indirectamente la prestación del Plan de Beneficios en Salud (PBS)”.

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Observaciones adicionales de los ministros sobre el trámite de la reforma a la salud

Uno de los interrogantes que ha girado sobre la presentación de la reforma es el curso del trámite; es decir, si debe hacerse como una ley estatutaria o como ley ordinaria. Pese a que el presidente Gustavo Petro aseguró recientemente que se mantendrá bajo el proceso de la segunda, ya que no incide directamente sobre el derecho a la salud de la población.

“El proyecto de ley deberá atender los trámites y condiciones especiales de las leyes estatutarias, independientemente de que algunas de sus disposiciones tenga el carácter de leyes ordinarias”, se lee en el documento. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, en materia constitucional, “no prohíbe que un proceso de ley estatutaria se contengan disposiciones de naturaleza diferentes como las ordinarias, ello no lo hace per se inconstitucional siempre que se hubiere tramitado por el procedimiento que resulta más exigente y guarde una conexidad temática razonable”.

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De igual manera, el grupo de ministros señala que sería necesaria la realización de la consulta previa como requisito obligatorio en varios temas, entre ellos sobre la participación de las comunidades indígenas en el Consejo Nacional de Salud y sobre la reorganización del sistema de salud en estos y otros grupos étnicos. De ser así, esto debió hacerse antes de la radicación del proyecto, según disposiciones de la Corte Constitucional.

Otro punto a considerar es la atención en salud a los extranjeros residentes en el país y a quienes lo visitan como turistas. Aunque en el proyecto de reforma se menciona que podrán acceder a los servicios en igualdad de condiciones, “esto genera un elevado riesgo financiero para el sistema (…) La extensión de garantías determinadas por el Sistema de Salud, excluyendo a individuos que no pueden considerarse como habitantes del territorio nacional no resulta desproporcionada, ni contraria disposiciones de rango superior. No obstante, se considera necesario y viable que se exijan seguros a la totalidad de extranjeros que visitan el territorio nacional”.

Para concluir, otras de las observaciones de los ministros son: evaluar la necesidad de la creación de nuevas ISE por parte de las entidades territoriales o la falta de claridad sobre los criterios del régimen laboral de los profesionales en salud.

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Presidente Gustavo Petro respondió a la filtración del documento

En horas de la mañana, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la filtración del documento, confirmando la veracidad de la carta. “La reforma a la Salud impedirá que su presupuesto pueda ser en el futuro saqueado. Solicito al Congreso que se conforme de manera independiente una comisión de la verdad que le presente al país la historia del saqueo de los recursos de la salud para que no se vuelva a repetir”, expresó mediante un hilo de Twitter.

En relación a las observaciones, el mandatario señaló que los ajustes fueron implementados en el proyecto de reforma a la salud entregado al Congreso de la República y que los costos fiscales que se derivarían del cambio al sistema de salud serían los siguientes:

Costos fiscales reforma a la salud Petro
Fuente: Gustavo Petro. Cuenta oficial en la red social Twitter.

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Conozca la totalidad del documento aquí:

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