La red hospitalaria del Valle del Cauca entró en una fase de reorganización operativa mientras avanzan las acciones para recuperar la infraestructura afectada por el terremoto. Tras evaluar 47 hospitales y centros de salud, la Secretaría Departamental de Salud definió medidas para sostener la prestación mediante espacios disponibles, traslado de servicios y apoyo entre instituciones de municipios cercanos. Paralelamente, la recuperación de la infraestructura fue calculada inicialmente en cerca de $1,7 billones, una estimación que actualmente está siendo revisada y que, por tanto, no constituye un costo definitivo.
El escenario plantea dos necesidades simultáneas: mantener la atención mientras parte de la infraestructura permanece limitada y preparar una recuperación de mayor alcance. Según la Gobernación, la reorganización busca aprovechar capacidad instalada disponible y articular instituciones públicas y privadas de acuerdo con las condiciones particulares de cada territorio.
Red hospitalaria del Valle del Cauca: 47 instituciones evaluadas y diferentes niveles de afectación
La evaluación adelantada por la Secretaría Departamental de Salud comprendió 47 hospitales y centros de salud. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, señaló que los hospitales presentaron algún grado de afectación, aunque ocho se encuentran en mejores condiciones. Entre los daños reportados se encuentran pérdidas de cubiertas en instituciones de Versalles, La Cumbre y Argelia, además de afectaciones en servicios ambulatorios y equipos.
El diagnóstico evidencia que la respuesta no puede ser uniforme. El Hospital San Rafael de El Águila aparece entre los casos más complejos, con pérdida del 100 % de su infraestructura, mientras que el Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo registra una afectación estimada en el 80 %. En el Hospital Universitario del Valle, la evaluación citada por la Gobernación señala una pérdida de capacidad equivalente a 250 camas.
Una estimación inicial de $1,7 billones que todavía está siendo revisada
Con el diagnóstico de la infraestructura, el departamento calculó inicialmente que la recuperación de la red podría requerir alrededor de $1,7 billones. Sin embargo, la propia Secretaría de Salud aclaró que el valor está siendo revaluado y que las gestiones adelantadas buscan disminuir el costo que finalmente tendría que asumir el Estado.
La estrategia incluye la búsqueda de organizaciones o empresas que puedan asumir la recuperación de áreas específicas de algunos hospitales. Lesmes indicó que estos posibles apoyos permitirían reducir la carga pública de la reconstrucción.
La Gobernación informó además que el proceso se desarrolla en articulación con el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. El plan tiene dos propósitos: recuperar con rapidez la oferta que quedó afectada y avanzar posteriormente hacia la recuperación integral de las instituciones. Mientras se desarrollan las soluciones definitivas, también se han habilitado infraestructuras que anteriormente no estaban en funcionamiento para ampliar temporalmente la capacidad asistencial.
¿Cómo se está redistribuyendo la atención mientras se recuperan los hospitales?
El caso de El Águila permite observar el funcionamiento de la contingencia. Aunque el Hospital San Rafael perdió su infraestructura, un antiguo hospital del municipio permaneció disponible y comenzó a utilizarse para la atención. A esta solución se suma el respaldo del municipio cercano de Ansermanuevo, cuya institución también presenta afectaciones, pero conserva capacidad para apoyar la recepción de pacientes.
En Roldanillo, por su parte, el Hospital Departamental San Antonio mantiene disponibles servicios de urgencias y quirófanos pese a la afectación reportada en buena parte de su infraestructura. Su gerente, Mauricio Saldarriaga, explicó que esa capacidad permite contribuir a descongestionar la red atendiendo situaciones que no corresponden directamente a la emergencia, entre ellas procedimientos como cesáreas.
La lógica de la reorganización consiste así en utilizar la infraestructura que permanece disponible, mover determinados servicios y distribuir la demanda entre instituciones públicas y privadas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la intención es incrementar con rapidez la oferta y sostener la atención de la población mientras se recuperan las capacidades perdidas.
