¿Por qué se oponen los profesionales de la salud al proyecto de ley 331?
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Trabajo digno en salud: ¿Por qué se oponen los profesionales de la salud al proyecto de ley 331?

Para sus ponentes, el proyecto de ley 331 es una iniciativa que busca mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud. Para los trabajadores del sector, se hace evidente la reglamentación de medidas que vulneran los derechos

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Trabajo digno en salud ¿Por qué se oponen los profesionales de la salud al proyecto de ley 331

A la espera del segundo debate del proyecto de ley 331 “Por medio del cual se fomenta el trabajo digno del Talento Humano en Salud” se encuentran los profesionales de la salud, ya que en su criterio, luego de un análisis y seguimiento exhaustivo, se encuentran varias inconsistencias que contradicen el propósito del PL. 

De acuerdo con el documento, el principal objetivo del PL 331 es “contribuir al fortalecimiento y a la dignificación del Talento Humano en Salud en el territorio colombiano, con las condiciones de oportunidad garantía en condiciones justas acorde con la Ley 1751 y demás normas concordantes”. Las objeciones se manifiestan, especialmente, sobre las condiciones de contratación laboral que se postulan, cayendo en vacíos legales o en la tercerización laboral en el sector. 

¿Se reafirma la tercerización laboral en el sector salud?

En el Título II ‘Del Trabajo Digno’, artículo 5, se presentan las condiciones de contratación que regirían para el talento humano en salud, si el proyecto se aprobara. De acuerdo con el documento, “Los agentes, actores y/o prestadores de servicios de salud, públicos y privados, deberán vincular al talento humano en salud de manera directa, garantizando su estabilidad, continuidad y régimen prestacional”. Sin embargo, no se menciona específicamente al contrato dentro de los términos avalados por la ley colombiana. El hecho de que la interpretación legal sea tan extensa genera inconformidades para los trabajadores de la salud, ya que no se habla realmente de contratos especificados según el Código Sustantivo del Trabajo y otras normas vigentes para los trabajadores del área de la salud. 

Frente al tema, resulta importante mencionar que -dentro de los cambios realizados al documento tras aprobar el primer debate- se añadieron las siguientes líneas: “Todas las instituciones contratantes tendrán la obligación de entregar el contrato correspondiente al talento humano en salud debidamente suscrito por su representante legal”. Aunque se estrechan márgenes respecto al manejo de un contrato escrito, no se mencionan las características principales con las que deben contar estos documentos de contratación para este personal. 

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La otra discordancia que encuentran es el tipo de contratación. En la primera versión del proyecto de ley, en el parágrafo 1, no se permitía a los profesionales de la salud ser contratados “MEDIANTE LA MODALIDAD DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, LA MODALIDAD DE CONTRATO SINDICAL (…)”. Al avanzar en la lectura, en el parágrafo 3, se excluían de estas condiciones a los profesionales especializados vinculados a través de “contratos colectivos sindicales u otras formas de asociación, siempre y cuando se respeten sus derechos y garantías laborales establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano”. La contradicción, de acuerdo con los trabajadores del sector, era la evidente aceptación de la tercerización laboral. 

Sin embargo, bajo esta figura, numerosos profesionales de la salud han reportado irregularidades en el pago de sus servicios y el favorecimiento económico de quienes se encargan de estos procesos. 

En las correcciones presentadas en la Gaceta del Congreso del 10 de agosto se puede leer lo siguiente: 

  • Parágrafo 1. Está prohibida cualquier forma de vinculación del talento humano en salud que permita, contenga o encubra prácticas o facilite figuras de intermediación o tercerización laboral a través de contratos civiles o comerciales, cooperativas o cualquier otra forma que afecte sus derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.
  • Parágrafo 2. Está prohibida la vinculación a través de contratos u órdenes de prestación de servicios para todo el talento humano en salud, salvo lo establecido en la presente ley para médicos con segunda especialidad médica quirúrgica y sólo se podrá contratar con empresas de servicios temporales cuando se trate de labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6° del Código Sustantivo del Trabajo. 

Con lo anterior, se entrega una aparente solución legal a las objeciones mencionadas. Pero, por el contrario, presenta graves problemas de fondo que resultan totalmente contrarios a los objetivos presentados en el proyecto de ley. 

En primer lugar, se añade un nuevo artículo en el que se especifica la vinculación de los médicos especialistas al sector: “Para la vinculación de profesionales de medicina con nivel de posgrado o especialidad médico quirúrgica, además de lo establecido en el artículo 5º de la presente ley, se podrá celebrar contratos sindicales de naturaleza laboral de acuerdo a la facultad establecida en el numeral 3º del artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo”

En el mismo artículo del proyecto de ley, no se eliminan los contratos por prestación de servicios. Todo lo contrario, se avalan: “Los médicos que cuenten con título de segunda especialidad médico quirúrgica, además de lo establecido en el inciso anterior, podrán ser vinculados a través de contratos de prestación de servicios. En estos casos, cuando las partes no hayan convenido el reconocimiento de interés moratorio, por el no pago oportuno, los actores del sistema de salud estarán obligados a reconocerlos de manera automática a la tasa equivalente a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera”. Incluso se da origen a una situación aún más preocupante: la no reclamación de intereses moratorios, ya que estos podrán no ser pagados si se acreditan como retrasos por parte de la ADRES, o de los agentes principales del Sistema general de Seguridad Social en Salud. 

¿Qué sucede con la reglamentación de la jornada laboral y el pago de salarios?

De acuerdo con el proyecto de ley, en el artículo 7 quedaría claro el manejo de las jornadas laborales para los trabajadores del sector. Sin embargo, sucede lo opuesto: “Los actores o agentes del sistema de salud responsables de garantizar la prestación del servicio deberán respetar las jornadas máximas legales establecidas dentro de las diferentes modalidades de contratación vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano”

Más adelante, se expone “El Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo, deberán reglamentar los aspectos relacionados con la máxima duración de las jornadas permitidas en las instituciones prestadoras del servicio de salud, la realización continúa de las mismas, jornadas extraordinarias, realización de disponibilidades, así como la inspección, vigilancia y control pertinentes sobre estos asuntos y las consecuencias de su incumplimiento, entre otros.”.

Aquí se evidencia el desconocimiento de la norma vigente, puesto que las jornadas laborales están reglamentadas por el Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto Ley 1042 que cuenta con una modificación exclusiva para el sector salud. El Ministerio de Salud no cuenta dentro de sus obligaciones con ninguna competencia que le permita interferir o modificar este tipo de asuntos. 

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En realidad, el artículo no ofrece ninguna garantía, ni bienestar para los profesionales de la salud. Si hoy, los médicos y enfermeras reportan casos de sobreexigencia, falta de descanso y altos niveles de estrés producidos por las altas jornadas; la aprobación del proyecto de ley cobijaría legalmente a los empleadores que tomen este tipo de medidas, ya que podrían adjudicarlas a condiciones establecidas en el contrato laboral.

Esto se reafirma con el parágrafo 1 que reza así: Lo establecido en el presente artículo aplicará para todas las modalidades de vinculación del talento humano en salud”. Y nuevamente, se evidencia una incompatibilidad al asegurar en el parágrafo 2 que, “El Ministerio de salud y el Ministerio de Trabajo ejercerán la inspección, vigilancia y control sobre la forma de vinculación y condiciones de ejercicio del talento humano en salud, con el fin de verificar el cumplimiento de la legislación interna y lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo  (OIT)”. 

En lo concerniente al pago de salarios, se afirma en el artículo 8 del proyecto de ley que todos los profesionales del sector tienen derecho a una remuneración justa. El problema radica, una vez más, en que se insiste en “todas las formas de vinculación y contratación, la cual hace parte de los recursos del sistema de salud colombiano”. Lo anterior da pie a situaciones en las que se presenten demoras en los pagos, entrega de una remuneración menor a la correspondiente, entre otras sustentadas como parte de las condiciones estipuladas dentro del contrato. 

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Como pago oportuno, se entiende que los profesionales de la salud reciben su salario máximo dentro de los 15 días de prestación del servicio o de realización del trabajo, “a menos que exista una disposición legal o estipulación contractual en la que se establezca un pago con menor periodo”. La inconformidad es evidente: ¿por qué los profesionales de la salud deben permitir estas condiciones cuando en otros sectores esto ni siquiera se considera una posibilidad?. 

Por todo lo anterior, diferentes agremiaciones y organizaciones sindicales de los trabajadores de la salud, entre las que se encuentran Federación Médica Colombiana, Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ASMEDAS y SINTRASALUD – CGT, presentaron una carta el pasado 23 de agosto solicitando a la Cámara de Representantes archivar este proyecto de ley. A grandes rasgos, el problema más evidente es la permisividad respecto a la tercerización laboral, modalidades de contratación que atentan contra los derechos de los profesionales del sector. 

“Los Honorables legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, deben rechazar y condenar toda forma de contratación ilegal y tercerizada de la labor de los trabajadores de la salud, como ocurre hoy con las órdenes de prestación de servicio que, en la mayoría de los casos, constituyen “contratos realidad” y, en muchas instituciones del país, han sido sometidos a demandas que ya arrojan resultados favorables a los derechos de los trabajadores del sector”. 

Para conocer más detalles sobre el proyecto de ley 331, haga clic aquí

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Estrategia busca transformar atención de la salud mental en América Latina

OPS crea estrategia para que los países de América Latina y el Caribe transformen el tratamiento de las personas con trastornos en salud mental desde sus entornos comunitarios.

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Un informe presentado por la Organización Panamericana de la Salud -OPS sobre la desinstitucionalización de la atención psiquiátrica, indicaría algunas estrategias para que los países de América Latina  y el Caribe transformen el tratamiento de las personas con trastornos en salud mental desde sus entornos comunitarios.

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Atención comunitaria en salud mental

“La atención comunitaria no solo es la atención más eficaz, también salvaguarda los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos de salud mental”, afirmó la Directora de la OPS, doctora Carissa Etienne. “Hemos recorrido un largo camino para alcanzar nuestro objetivo de ofrecer un tratamiento más humano y desinstitucionalizado, pero todavía queda mucho por hacer. Demasiadas personas están todavía confinadas en instituciones que no les permiten alcanzar su pleno potencial como seres humanos.”

En este sentido, Etienne  destacó que  aproximadamente un 2% del presupuesto en salud se destina a la atención de salud mental en la Región y cerca de un 60% de este monto se emplea en financiar hospitales psiquiátricos. Los países de la Región han fomentado legislación a favor de la transición hacia servicios comunitarios de salud mental, pero solo unos pocos países proporcionan residencias comunitarias para personas con trastornos graves de salud mental.

Sin embargo, la OPS subraya que, en los últimos años, la Región ha tenido algunas experiencias fructíferas con la elaboración de planes y regulaciones de externamiento psiquiátrico a nivel nacional y la creación de servicios comunitarios de salud mental, que pueden servir de ejemplo para ampliar la atención comunitaria.

“Entre algunos de los obstáculos a los que se enfrenta la desinstitucionalización psiquiátrica se cuenta un presupuesto limitado destinado a la atención de salud mental, un número muy bajo de trabajadores de salud mental, la promoción desigual de la causa y una grave falta de apoyo político”. Puntualizó la OPS.

Estrategias que promueve el proyecto en salud mental

Dentro de las estrategias que promueve esta iniciativa que busca transformar la atención en salud mental en América Latina están las siguientes:

  • Obtener un apoyo político sostenido a la desinstitucionalización psiquiátrica, en el que se incluyan políticas de salud mental, leyes, programas y servicios con un enfoque comunitario.
  • Incrementar la inversión financiera para reestructurar los sistemas de salud mental que permitan la desinstitucionalización psiquiátrica.
  • Fortalecer los servicios de salud mental en las comunidades y ofrecer apoyo a la vivienda antes y después de que la desinstitucionalización psiquiátrica tenga lugar.
  • Integrar la salud mental en la atención general de salud, especialmente en la atención primaria de salud.
  • Abogar por que se protejan los derechos humanos de las personas con trastornos de salud mental.
  • Aumentar la concientización general en las comunidades sobre los trastornos de salud mental.

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Finalmente, el doctor Renato Oliveira e Souza, jefe de Unidad de Salud Mental y Consumo de Sustancias de la OPS, señaló que “a pesar del compromiso con los principios de la Declaración de Caracas (1990), no hemos avanzado tanto como esperábamos. Sabemos cómo alcanzar la desinstitucionalización psiquiátrica y hay estrategias basadas en la evidencia. Sin embargo, debemos trabajar con mayor ahínco para conseguir la voluntad y los recursos financieros para ejecutarlas.”

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Aprueban guselkumab para la artritis psoriásica en Europa

La Comisión Europea -EU- autorizó el uso de guselkumab para pacientes adultos con artritis psoriásica activa.

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Aprueban en Europa guselkumab para la artritis psoriásica activa

La Comisión Europea -EU- autorizó el uso de guselkumab para pacientes adultos con artritis psoriásica activa, el tratamiento sólo podrá ser administrado a pacientes que no han respondido a tratamientos previos con medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, también podrá administrarse si el paciente no toleró tratamientos anteriores.

“Para los pacientes es una buena noticia disponer de opciones terapéuticas más innovadoras que mejoren su calidad de vida. Ahora debemos trabajar para que los pacientes de toda la Unión Europea puedan acceder a este tratamiento”, afirmó el presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Pacientes con Psoriasis, Jan Koren.

El guselkumab es un pionero monoclonal 100% humano autorizado que se adhiere selectivamente a la subunidad p19 de la IL-23, inhibiendo su interacción con este inhibidor. Con la aprobación se podrá usar en adultos con psoriasis en placas moderada o grave.

Recordemos, que la IL-23 es un detonante fundamental para la progresión de enfermedades inflamatorias como la psoriasis y la artritis psoriásica entre otras.

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DISCOVER 1 y 2 para aprobar guselkumab

Los resultados de los estudios llamados Discover-1 y Discover-2 fueron los que permitieron que se aprobará el uso del medicamento. En estos ensayos se evaluó la seguridad y la eficacia del fármaco en presentaciones de 100 mg administrado en lapsos de 2 semanas a un mes. Los resultados concluyentes fueron publicados por la revista científica “The Lancet”,

En los ensayos se pudo evidenciar que guselkumab es efectivo para mejorar las lesiones articulares y cutáneas y además mostró potencial en la reparación de daños estructurales a las articulaciones. Con estos dos beneficios se convierte en el medicamento ideal para tratar la artritis psoriásica.

Finalmente, los estudios mostraron altos índices de tolerabilidad y los efectos adversos fueron pocos y leves, ninguno de ellos fue relevante ya que en estudios previos ya se habían evidenciado. Esta autorización de comercialización se ha concedido tras la opinión positiva emitida el 15 de octubre por el Comité de Medicamentos para Uso Humano  de la Agencia Europea del Medicamento.

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El 69% de adultos mayores sienten inseguridad para retomar vida laboral en el país

Según la encuesta realizada sobre población adultos mayores de las principales ciudades del país indica que el 69% sienten inseguridad para retomar a la vida por causa de la covid-19.

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El 69% de adultos mayores sienten inseguridad para retomar vida laboral en el país

Una encuesta dirigida a población adultos mayores reveló que de  los encuestados  mayores de 65 años de las principales ciudades colombianas el 69% sienten inseguridad para retomar a la vida laboral esto debido a que son la población más vulnerable frente al covid-19.

Los hallazgos que entregó el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, en alianza con la firma Raddar, indican además que, en el campo laboral, los adultos mayores no se sienten seguros ante la actual coyuntura que vive el país por la emergencia sanitaria.

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En cuanto a materia de ingresos, el 28% de esta población encuestada que no cuenta con un fondo de pensión sostuvo que su principal fuente de ingresos proviene de negocios propios; el 23% reciben ayuda económica por parte de sus hijos; el 21% depende del salario del empleo actual; y un 17% recibe recursos de arriendos.

Además,  la encuesta también reveló que las personas que no cuentan con una pensión son quienes más han tenido que acceder a ayudas económicas o en especie (21%). Quienes cuentan con una pensión aseguraron tener una mayor estabilidad, acceso a salud y una mejor calidad de vida.

Impacto de la pandemia en la población adultos mayores

Por otra parte, luego de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional tras considerar que la población de adultos mayores era la que más afectaciones en su salud podrían tener por la emergencia sanitaria y adoptar la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Según la encuesta as diferencia de lo que muchos colombianos piensan, la soledad no ha sido un problema para esta población. El 87% de los encuestados afirmaron que sus familiares han sido la principal fuente de compañía en esta pandemia; la ciudad donde mayor acompañamiento han tenido los adultos mayores es Barranquilla con un 96%.

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El informe también destaca que solo el 2% de los encuestados dicen haber recibido acompañamiento psicológico. En materia de salud, el 51% de los adultos mayores se sienten optimistas en cuanto a sus condiciones.

Finalmente, Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir indicó.  “Los resultados de este estudio nos impulsan a seguir estructurando programas como el que realizamos en 2019 con la Universidad del Rosario donde pusimos en marcha un programa de emprendimiento para personas que no lograron pensionarse y que hoy ya han materializado sus ideas de negocio, esta encuesta confirma que quienes no tienen la posibilidad de pensionarse son en quienes más debemos concentrar nuestros esfuerzos”.

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