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Pronunciamiento de los gremios de salud sobre el PND

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Las organizaciones médicas, sindicales y de la sociedad civil abajo firmantes, manifestamos públicamente nuestras observaciones a la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo (PND), especialmente a los artículos relacionados al componente de Salud.

El siguiente análisis se presenta desde el enfoque de derecho en el marco de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, regulado mediante la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de la Salud, el enfoque de determinantes sociales articulado del Plan Decenal de Salud Pública y el modelo de atención primaria propuesto en la implementación de la Política de Atención Integral en Salud establecida en la Ley 1753 de 2015.

Ley Estatutaria de Salud

El articulado del PND relativo a salud profundiza un sistema cuyo núcleo es el negocio y la extracción de renta:

  1. Pretende resolver el problema de las deudas acumuladas del sector sin tener en cuenta el componente estructural del sistema de salud, que es su verdadera causa.
  2. Omite el componente del Derecho Fundamental y los determinantes sociales de la salud.
  3. Admite que en las zonas dispersas el modelo de la Ley 100/93 ha fracasado en la solución de los problemas de salud que aquejan a sus habitantes, pero insiste en el modelo de aseguramiento en dichas zonas.

De igual manera, la creciente negación de servicios de atención médica, inaccesibilidad y mala calidad, entre otras cosas, generaron más de 200.000 tutelas anuales; para el año 2018 el 30.5% se refiere a procedimientos no dispensados, 22% a no entrega oportuna de medicamentos –la mayoría del llamado Plan Básico- y un 86% de tutelas concedidas en primera instancia, se relacionan con la conclusión que desde 1993 más de la mitad de las muertes ocurridas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) se debieron a causas prevenibles, según el Instituto Nacional de Salud (INS).

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, podemos decir que el PND no es un pacto social, ni mucho menos un pacto para la equidad, pues no hay nada que garantice el goce efectivo del derecho a la salud, en cambio, sí es un pacto entre el sector privado y el gobierno.

Piso Mimino –El gobierno busca obtener estos recursos desde la población con menores ingresos; práctica regresiva y de carácter alcabalero

Esta medida pretende establecer un régimen diferente de seguridad social para personas sin capacidad de pago y trabajadores dependientes o independientes que ganen menos de un salario mínimo. En realidad, es otra manera de financiar el sistema a costa de aquellos con menor capacidad adquisitiva y de restringirles el acceso a la seguridad social, pues lo supedita a su capacidad de pago. Así, ignora la universalidad, la equidad y la solidaridad como principios fundamentales del sistema, según los cuales la capacidad de pago del trabajador no debe condicionar su acceso a servicios de salud, y rompe el pacto social expresado en la Ley Estatutaria de Salud.

Equidad en salud y medidas conducentes a establecer el acuerdo de Punto Final

El Proyecto de Ley del PND incluye un articulado encaminado hacia el Acuerdo de Punto Final, sólo que los artículos 133 y 134 lo restringen al pago de deudas relacionadas con los tratamientos y tecnologías no financiadas por la UPC.

El Artículo 131 consolida la orientación de recursos para subsidiar la oferta de servicios por incapacidad para prestarlos, pues no producen rendimientos financieros y, lo que es más grave, promueve la tercerización institucional, especialmente de la infraestructura pública y entre todas las entidades operativas, lo cual encarece la operación y va en contra del criterio de que los servicios misionales no pueden ser tercerizados. Además, la política de disponibilidad financiera restringe los gastos en servicios personales, lo que dificulta cualquier acción de salud y obliga a formas de contratación turbias e insanas para el sistema y el goce del derecho a la salud.

Salud pública, subsidio a la oferta para empresas sociales del estado y prestación de servicios en zonas dispersas

El Artículo 128 autoriza el subsidio a la oferta, con lo cual reconoce que el modelo de aseguramiento comercial fracasó no solo en las zonas con población dispersa (urbana y rural) de bajos recursos, pues la esencia del modelo privilegia la rentabilidad financiera sobre la atención en salud. Esto se evidencia en zonas alejadas y en los entes territoriales en donde la operación no ofrece la rentabilidad esperada por los proveedores, según las propias palabras del gobierno cuando, en el documento Bases del PND dice: “En zonas aisladas no existen los incentivos para que el sector privado provea la oferta, dejando a cargo de esta función a la red pública lo que genera un desequilibrio en las condiciones de prestación asociadas al territorio”.

Descargue: Análisis y declaración conjunta de los distintos gremios de la salud sobre el Plan Nacional de Desarrollo.

Documentos adjuntos

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Covid-19: una mirada desde las Entidades Promotoras de Salud

Escucha este Podcast y conoce la opinión del Presidente de Salud Total EPS, Juan Gonzalo López Casas, sobre el panorama que vive el país sobre el Covid-19 y las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno Nacional.

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covid-19 en Colombia

CONSULTORSALUD preparó para todos sus seguidores, este PODCAST que narra la postura de uno de los líderes del sistema de salud el Dr. Juan Gonzalo López, Presidente de Salud Total, sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno Colombiano tras la situación actual que vive el país por el Covid-19, además, en esta entrevista exclusiva conoceremos su opinión con respecto a los giros anticipados anunciados por la ADRES para darle solvencia económica a los diferentes centros asistenciales en todo el territorio nacional.

Los Podcast de Consultorsalud y Formarsalud, están pensados y creados para que aproveches esos ratos diferentes, en que prefieres no leer, pero no quieres dejar de aprender y conocer lo que sucede en el país.

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Procuraduría investiga contratos de alimentación durante la emergencia por Covid19

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, iniciaron investigaciones a diversos contratos, con los que al parecer estaría incurriendo en malos manejos de dineros destinados para que los departamentos del país le hagan frente a la crisis sanitaria por el Covid-19.

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Procuraduría investiga contratos de alimentación durante la emergencia por Covid19

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, iniciaron investigaciones a diversos contratos, con los que al parecer estaría incurriendo en malos manejos de dineros destinados para que los departamentos del país le hagan frente a la crisis sanitaria por el Covid-19.

También puede leer: esta es la estrategia sanitaria para tratar el covid-19

Según declaraciones oficiales de la Procuraduría se estaría haciendo seguimiento minucioso por parte de la entidad a la compra de mercados cuyos precios serian superiores a los comerciales.

 Así mismo, cabe mencionar que la entidad también puso en conocimiento de los colombianos que habría contratos que se estarían haciendo de manera ilegal para entregar mercados con fines políticos o a personas de altos recursos económicos.

Otro, tema  que también se encuentra en la lupa de  la Procuraduría  son algunos contratos que al parecer se estarían llevando a cabo con recursos de la emergencia sanitaria que vive el país  que tienen que ver con la construcción de parques, contratos de publicidad y acceso a internet a personas que cuentan con este servicio.  

En medio de la vigilancia, la Procuraduría también advirtió  de la presencia de algunos contratos para la entrega de ayudas que están siendo entregados a personas jurídicas que no tienen experiencia en el tema, pues su objeto social es organizar eventos sociales.

En medio de estos hallazgos que se encuentran en la  lupa de la Procuraduría y la Contraloría, estas instituciones han un fuerte llamado a los entes territoriales para adquirir los bienes y servicios que se necesiten en medio de la crisis a través de las grandes superficies y en la Tienda Virtual del Estado colombiano, que tiene a disposición elementos como: alcohol, algodón, cajas de seguridad, bolsas, gel antibacterial, guantes, jabón, toallas para manos, limpiadores y yodo, entre otros.

Finalmente advirtieron que los recursos públicos no deben ser utilizados para gastos innecesarios, publicidad asociada al COVID-19, el pago de deudas de las entidades y contratos o compras que no permitan atender la emergencia.

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¿Están preparados los hospitales del país para atender el Covid-19?

La ACHC realizó una encuesta para identificar los aspectos que requieren una mejora en cuanto a la atención hospitalaria en la fase crítica de la pandemia.

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Resultados de la encuesta de preparación de hospitales para COVID-19

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, -ACHC-, realizó una encuesta entre las entidades hospitalarias afiliadas a la asociación, para identificar los aspectos que requieren ajustes para garantizar la atención en la fase crítica de la pandemia provocada por el COVID-19. 

Cabe resaltar que, la ACHC realizó esta encuesta, durante el periodo
comprendido entre el 23 de marzo y 1 de abril de 2020. Se obtuvo un reporte de 100 Instituciones afiliadas de alta, mediana y baja complejidad de naturaleza pública, privada y mixta, que suman 9.845 camas las cuales representan el 11 % del total de camas nacional.

La encuesta indaga sobre la forma cómo se están preparando los hospitales y clínicas para atender una alta demanda de pacientes con Covid-19, y al respecto señala que el 73% de las entidades encuestadas ya dispusieron de un área de aislamiento para la atención de pacientes COVID-19.

Capacitaciones y acciones

Por otro lado, el 99% ha capacitado a su personal y ha implementado las guías y protocolos de atención emitidas por el Ministerio de Salud, incluso el 40% los han complementado con guías internacionales y protocolos desarrollados por las propias instituciones, tal y como se muestra a continuación:

Sobre otras acciones adelantadas se señala que el 64 % de las IPS ha hecho ajustes en la asignación de turnos y un 56% ha realizado cambios a los periodos de vacaciones de su personal. Así mismo, indica que para atender un eventual incremento de la demanda de servicios por Covid-19, las instituciones hospitalarias estiman que en promedio se requerirá el 31% adicional de personal asistencial y un 18% en personal administrativo:

Cambios en la atención diaria

Es preciso decir, que la llegada del COVID-19 al país, también ha generado cambios en la atención de las demás enfermedades, según los resultados de la encuesta el 70 % de las instituciones ha tenido cancelación de procedimientos o intervenciones programadas, lo cual se atribuye un 48 % a decisión de las EPS, un 29 % a decisión del paciente y un 24 % a decisión de la institución misma. Además, el 92 % de las entidades encuestadas ha restringido los acompañantes de los pacientes y un 80 % han implementado triage especial para pacientes con sintomatología del Covid-19, antes de que el Gobierno nacional lo ordenara como obligatorio.

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Respecto a los servicios de urgencias ha disminuido la ocupación pasando de un 120% en épocas ordinarias o un 75% en la coyuntura del Covid19, se espera que en las fases siguientes de la pandemia dicho porcentaje vuelva a aumentar.

Claridad en las instrucciones de EPS y Entes Territoriales

En cuanto a la coordinación con los Ente territorial para atención de Covid19, el 85% de los hospitales y clínicas encuestados indican que han recibido instrucciones sobre las rutas de atención, un 81% sobre el transporte de muestras y el 69 % sobre el sistema de referencia
y contrarreferencia, sin embargo, falta mayor información respecto a la designación especifica de instituciones para remitir pacientes confirmados, el 53% dicen no haber recibido instrucciones sobre el tema.

Respecto a las instrucciones por parte de las EPS sobre los mismos temas se observa menores niveles de respuesta, solo un 36% en promedio recibió respuesta sobre el traslado de pacientes y la designación especifica de instituciones para remitir pacientes confirmados, y menos de la mitad, 43% recibió instrucciones acerca del transporte de muestras.

Finalmente, la ACHC indagó sobre el apoyo a la declaración de la emergencia social, el 99% de los hospitales y clínicas encuestados la apoyaron e indicaron que gobierno debe paliar el impacto negativo ante la presencia del COVID19, con medidas como: control de precios,
medidas de liquidez, alivios tributarios, subsidios, créditos blandos y medidas arancelarias, entre otros.

Finalmente, la ACHC emitió algunas recomendaciones para paliar el impacto en el sector prestador de servicios de salud, en Colombia, por la presencia del Covid-19:

En primer lugar, piden apoyo en insumos y dotación de elementos de protección, la renovación expedita de contratos de prestación de servicios así como pagar oportunos a trabajadores de Salud y mejor remuneración económica al sector salud

A modo de cierre y de manera enfática piden pagar la deuda a la red de clínicas y hospitales, agilizar la ley de punto final.

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