En medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 y de las necesidades de financiación que enfrenta el sistema de salud, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, plantea que las decisiones de política pública deben estar acompañadas por los recursos necesarios para hacerlas viables.
Su planteamiento toma como punto de partida las cifras presentadas por el Ministerio de Salud, que solicitó $13,9 billones adicionales frente al presupuesto radicado ante el Congreso y estimó necesidades cercanas a $9 billones adicionales en aseguramiento, reclamaciones y servicios integrales de salud.
Mac Master señala que durante años se han discutido asuntos como la suficiencia de la UPC, la gestión de las EPS, las intervenciones, las deudas acumuladas, el flujo de recursos, los medicamentos, la infraestructura y la necesidad de transformar distintos componentes del modelo.
En esta ocasión, destaca que el Ministerio de Salud ha presentado cifras específicas sobre las necesidades financieras del sector y que estas sirven como base para las decisiones que deberán adoptarse. También resalta el conocimiento de la ministra de Salud sobre el sistema, sus actores y las tensiones financieras y operativas relacionadas con aseguramiento y UPC.
El diagnóstico financiero ya está sobre la mesa
El Ministerio de Salud solicitó un incremento de $13,9 billones frente al presupuesto radicado ante el Congreso para 2027. De acuerdo con las cifras citadas por Mac Master, $12,3 billones corresponden a funcionamiento y $1,6 billones a inversión, dentro de una solicitud que incluye diferentes componentes del sector. Dos de los elementos que destaca son el aseguramiento y las inversiones relacionadas con vacunación e infraestructura, debido a la magnitud de los recursos involucrados y a las necesidades que ya han sido identificadas.
En aseguramiento, el proyecto contempla cerca de $72,4 billones provenientes de distintas fuentes, de los cuales aproximadamente $49,9 billones corresponden al aporte directo de la Nación para aseguramiento en salud. Según los análisis presentados por el Ministerio para la discusión presupuestal, ese nivel de apropiación permitiría un crecimiento de la UPC de apenas 5 %, inferior a los escenarios considerados necesarios para reconocer el crecimiento del gasto en servicios y tecnologías de salud registrado durante los últimos dos años.
¿Qué recursos adicionales se plantean para el aseguramiento en 2027?
El análisis técnico del Ministerio de Salud identifica una necesidad de alrededor de $9 billones adicionales en el rubro de aseguramiento, reclamaciones y servicios integrales de salud. El propósito señalado es que el incremento de la UPC guarde relación con la evolución efectiva del gasto y permita reconocer y pagar adecuadamente los servicios requeridos por la población. Mac Master precisa que estos recursos hacen parte de la solicitud total de $13,9 billones y que el resto corresponde a otras necesidades de funcionamiento, inversión y entidades del sector.
Entre las cifras señaladas para la discusión presupuestal están:
- $13,9 billones de incremento solicitado frente al presupuesto radicado ante el Congreso, distribuidos en $12,3 billones para funcionamiento y $1,6 billones para inversión.
- Cerca de $72,4 billones para aseguramiento, aproximadamente $49,9 billones de aporte directo de la Nación y una necesidad identificada de alrededor de $9 billones adicionales en aseguramiento, reclamaciones y servicios integrales de salud.
Mac Master advierte que mantener separadas estas partidas evita sumar cifras que corresponden a conceptos diferentes. En particular, los $9 billones relacionados con aseguramiento constituyen uno de los componentes centrales de la solicitud total de $13,9 billones, pero no representan la totalidad de los recursos adicionales solicitados. Las demás partidas corresponden a otros requerimientos de funcionamiento, inversión y entidades del sector incluidos dentro de la solicitud presentada para 2027.
La insuficiencia de la UPC no es una discusión nueva
Las estimaciones realizadas en años anteriores son retomadas para explicar por qué la financiación vuelve a ocupar un lugar central en el debate. La ANDI estimó que para 2026 la UPC debía aumentar por lo menos 15,6 % para comenzar a estabilizar la operación corriente. Ese cálculo proyectaba para 2025 una siniestralidad de 105,9 % y un déficit operativo de $10,2 billones, lo que representaría un gasto cercano a $106 en atenciones de salud por cada $100 recibidos por las EPS, antes de incluir gastos administrativos.
El incremento finalmente definido para 2026 fue de 12,94 % en promedio, con un aumento de 9,03 % para el régimen contributivo y 16,49 % para el subsidiado. Según la estimación de la ANDI citada por Mac Master, con ese nivel de incremento el régimen contributivo mantendría una brecha cercana a $3,7 billones. ANIF, por su parte, había estimado que la UPC de 2025 requería un aumento de 16,4 %, frente al 5,36 % decretado, y había calculado un déficit acumulado superior a $19,8 billones en los tres años anteriores, de los cuales $9,9 billones correspondían a 2024.
Las metodologías, los años y los objetos de cálculo de estas estimaciones son diferentes y, como señala el texto, sus cifras no deben sumarse mecánicamente. Mac Master plantea que estas mediciones coinciden en señalar diferencias acumuladas durante varios años entre los recursos disponibles y el costo efectivo de atender a los pacientes. También sostiene que las estimaciones oficiales disponibles actualmente permiten llevar esta discusión a una decisión presupuestal concreta dentro del trámite correspondiente a 2027.
La suficiencia de la UPC tiene antecedentes en la Corte Constitucional
El planteamiento también retoma las actuaciones de la Corte Constitucional relacionadas con la suficiencia de la UPC. En el seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, la Corte declaró mediante el Auto 007 de 2025 el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC y ordenó al Ministerio crear una mesa para revisar y reajustar la UPC de 2024 y abordar el rezago existente. Posteriormente, mediante el Auto 2049 de 2025, determinó que persistía el incumplimiento y abrió un incidente de desacato.
La Corte también ordenó que para 2026 el Ministerio acreditara técnicamente la suficiencia de la UPC en los regímenes contributivo y subsidiado. Mac Master precisa que el incumplimiento que dio lugar al incidente correspondió al Ministerio de Salud durante el Gobierno anterior y señala que el principio de fondo continúa vigente. Según lo expuesto, la UPC debe sustentarse técnicamente en su capacidad para financiar los servicios y tecnologías a cargo del sistema y no limitarse a una actualización nominal.
La inversión también debe acompañar la política pública
El segundo frente señalado es la inversión, dado que el proyecto de presupuesto del Ministerio contempla alrededor de $1,6 billones para este componente, mientras que en el análisis inicial presentado para la discusión presupuestal se identificó la necesidad de aproximadamente $1,4 billones adicionales para ampliar el Programa Ampliado de Inmunizaciones y avanzar en la recuperación de la infraestructura sanitaria afectada por el terremoto. Posteriormente, el Ministerio actualizó la información sobre las necesidades asociadas a esta infraestructura.
Las cifras presentadas incluyen:
- Cerca de $1,9 billones como costo consolidado para recuperar la infraestructura hospitalaria afectada por el sismo, con 440 instituciones de salud afectadas.
- 19 instituciones requieren reconstrucción total, con una inversión estimada cercana a $900.000 millones, mientras otras 100 necesitan adecuaciones mayores, calculadas en alrededor de $582.000 millones.
Mac Master plantea que esta actualización debe incorporarse en la decisión presupuestal final y señala que ampliar la vacunación, recuperar infraestructura y sostener la atención requiere una fuente de financiación identificable. La política pública fija prioridades, mientras que el presupuesto determina su viabilidad, señala en su planteamiento. De esta manera, las necesidades de inversión forman parte de la discusión junto con los recursos requeridos para el aseguramiento y la suficiencia de la UPC.
Una oportunidad institucional para convertir las cifras en decisiones
El Ministerio de Salud ha cuantificado buena parte de las necesidades, mientras que el Ministerio de Hacienda debe integrarlas dentro de la realidad fiscal y el Congreso tiene la responsabilidad de examinarlas y decidir. Mac Master señala que el reto no consiste en repetir el diagnóstico, sino en convertirlo en una asignación técnicamente sustentada. En esta tarea, asigna a Hacienda la responsabilidad de conciliar las necesidades del sector con las restricciones fiscales, considerando también el costo de no financiarlas adecuadamente.
Al Congreso le atribuye la posibilidad de contrastar las cifras, solicitar explicaciones, establecer prioridades y acompañar al Gobierno en una decisión que permita sostener la atención. El planteamiento señala que existe una coincidencia institucional entre la cuantificación realizada por el Ministerio de Salud, la responsabilidad fiscal de Hacienda y la decisión que corresponde al Legislativo. Estos tres actores aparecen, por tanto, vinculados directamente a la discusión presupuestal que se desarrollará en las próximas semanas.
¿Qué deberán definir Hacienda y el Congreso?
Para Mac Master, la discusión de las próximas semanas debería concentrarse menos en las diferencias de los debates anteriores y más en las decisiones que deben adoptarse ahora. Esto incluye precisar cuánto cuesta financiar la atención en 2027, tomar una decisión técnicamente sustentada sobre la UPC, atender las necesidades de vacunación e infraestructura y construir una senda ordenada para enfrentar los pasivos y el deterioro acumulado del sistema. Su llamado se dirige de manera específica al Ministerio de Hacienda y al Congreso de la República.
La propuesta es utilizar la discusión presupuestal para cerrar la distancia entre el diagnóstico y la decisión. Mac Master señala que actualmente existe información técnica, una mayor conciencia sobre la gravedad de los problemas financieros y una oportunidad institucional para adoptar las determinaciones correspondientes. En este punto, la discusión sobre el presupuesto se vincula directamente con los recursos requeridos para aseguramiento, UPC, vacunación e infraestructura, todos incluidos dentro de las necesidades señaladas para el próximo año.
¿Cómo hacer consistente el presupuesto con las decisiones de política pública?
El planteamiento final señala que presupuestar adecuadamente en salud no significa simplemente gastar más. Mac Master sostiene que implica reconocer con transparencia cuánto cuestan las decisiones de política pública, priorizar correctamente, exigir eficiencia y control y asegurar que los recursos lleguen a la atención de los pacientes. La propuesta es que diagnóstico, política pública y presupuesto mantengan una misma dirección dentro de las decisiones que se adopten para la financiación del sistema.
También recuerda la obligación constitucional del Estado de atender a los colombianos y se refiere al sistema de salud como una amplia alianza público-privada mediante la cual el Estado responde a esas obligaciones con la sociedad. En ese contexto, la discusión presupuestal de 2027 es planteada como el momento para definir los recursos requeridos por decisiones que ya están sobre la mesa. El llamado final es hacer consistente la financiación con las prioridades establecidas para la atención en salud.
