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Penalidades de los contratos de prestación de servicios

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Hoy queremos en CONSULTORSALUD darte a conocer un concepto especializado emitido por el jefe de la Oficina Jurídica de la Supersalud (E), dirimiendo una situación entre una Empresa Social del Estado y una EPS que le ha impuesto una multa, por incumplimiento del contrato, al no cumplir las metas de PYP, y acto seguido la EPS no acepta el ajuste de los servicios de salud.

La consulta en cuestión ha sido identificada con la referencia 4-2018-083169, y los detalles específicos son los siguientes:

La empresa social del estado hospital de Baranoa celebró contrato por capitación con la nueva eps para la prestación de los servicios asistenciales y promoción y prevención. en una de las cláusulas se consagró que al hospital se le impondría multa del 10% por incumplimiento del contrato. La nueva eps le está imponiendo una multa de $13.000.000 de pesos al hospital de Baranoa por no cumplir con las metas de pyp, además de glosar la no prestación de los programas. ¿contractualmente es correcto que se incluya una cláusula en esta forma a una entidad oficial?  En el hipotético hecho que dicha cláusula sea violatoria de la ley ¿cómo se puede revertir?

Nueva eps fundamentándose en el no cumplimiento de las metas en los programas de pyp no ha aceptado el reajuste de los servicios de salud y pyp durante los años 2.017 y 2018. el comportamiento de la nueva eps es violatorio de la ley. ¿Cómo se hace para obligar a nueva eps el reajuste de los años 2.017 y 2.018?

Marco normativo y conclusiones

Para enfrentar los problemas jurídicos planteados en la consulta, la Oficina Asesora Jurídica procederá, en primer lugar, a exponer el régimen legal predicable respecto de las Empresas Sociales del Estado. Luego, teniendo en cuenta la normatividad que gobierna las relaciones comerciales de este tipo de entidades frente a los demás actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se explicará la posición de la Oficina de cara a la imposición de multas en desarrollo de los negocios jurídicos celebrados por éstas. 

Aunado a lo descrito, en tercer lugar, la Oficina se detendrá a explicar el régimen de facturación y pago de los servicios de salud prestados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Por último, se ilustrará el régimen normativo que predica el ajuste de los precios de los servicios de salud suministrados por los Prestadores de Servicios de Salud.

Penalidades de los contratos de prestación de servicios

Corolario de lo previamente decantado desemboca necesariamente en la aplicación de las reglas propias del Derecho privado a los acuerdos de voluntades celebrados entre Prestadores de Servicios de Salud (Cfr. Núm. 1. Art. 2.5.3.4.3. D. 780/16) y las Entidades Responsables del Pago de Servicios de Salud (Cfr. Núm. 2. Art. 2.5.3.4.3. D. 780/16). 

No obstante, es preciso anotar que, si bien los contratos celebrados por las Empresas Sociales del Estado se gobiernan por las disposiciones del Derecho privado, y, por lo tanto, por la autonomía privada, también estos deben observar las disposiciones propias del Derecho Público, tratándose de la celebración de convenios interadministrativos (literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”) y aquellas propias del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Así, por ejemplo, los artículos 2.5.3.4.1 y subsiguientes del Decreto 780 de 2016 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”, D.O. 49.865 de mayo 6 de 2016.  se encargan de reglamentar algunos asuntos propios de los Contratos de Prestación de Servicios de Salud. 

Así por ejemplo, el artículo 2.5.3.4.6 del Decreto 780 de 2016 prevé las condiciones mínimas que deben ser incluidas en los acuerdos de voluntades cuyo objeto sea la prestación de servicios de salud. Veamos: 

“Artículo 2.5.3.4.6. Condiciones mínimas que deben ser incluidas en los acuerdos de voluntades para la prestación de servicios. Independientemente del mecanismo de pago que se establezca en los acuerdos de voluntades para la prestación de servicios, estos deberán contener, como mínimo los siguientes aspectos:

  1. Término de duración. 
  2. Monto o los mecanismos que permitan determinar el valor total del mismo. 
  3. Información general de la población objeto con los datos sobre su ubicación geográfica y perfil demográfico. 
  4. Servicios contratados. 
  5. Mecanismos y forma de pago. 
  6. Tarifas que deben ser aplicadas a las unidades de pago. 
  7. Proceso y operación del sistema de referencia y contrarreferencia. 
  8. Periodicidad en la entrega de Información de Prestaciones de Servicios de Salud, RIPS. 
  9. Periodicidad y forma como se adelantará el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad y la revisoría de cuentas. 
  10. Mecanismos de interventoría, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones, durante la vigencia del acuerdo de voluntades. 
  11. Mecanismos para la solución de conflictos. 
  12. Mecanismos y términos para la liquidación o terminación de los acuerdos de voluntades, teniendo en cuenta la normatividad aplicable en cada caso. 

Parágrafo 1°. Para el suministro de la información de la población a ser atendida, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 44 de la Ley 1122 de 2007, las entidades responsables del pago de servicios de salud, garantizarán la administración en línea de las bases de datos de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), asegurando su depuración, y el correcto y oportuno registro de las novedades. En caso de no contar con la información actualizada en línea, deberán entregar y actualizar la información por los medios disponibles. De no actualizarse la información en línea o no reportarse novedades, se entenderá que continúa vigente la última información disponible. Las atenciones prestadas con base en la información reportada en línea o por cualquier otro medio, no podrán ser objeto de glosa con el argumento de que el usuario no está incluido. 

Parágrafo 2°. Los servicios que se contraten deberán garantizar la integralidad de la atención, teniendo en cuenta los servicios habilitados por el prestador, salvo que en casos excepcionales se justifique que puede prestarse el servicio con una mayor oportunidad por parte de otro prestador de servicios de salud, o que exista solicitud expresa del usuario de escoger otro prestador de la red definida por la entidad responsable del pago. 

Parágrafo 3°. La auditoría de la calidad de la atención de los servicios deberá desarrollarse de acuerdo con el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (Pamec), de cada uno de los actores, definido en los artículos 2.5.1.4.1 a 2.5.1.4.9 del presente decreto o la norma que los adicione, modifique o sustituya. 

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Proyecto de ley “pagos plazos justos” busca dar solvencia a microempresarios

Proyecto de ley denominado “pagos plazos justos” buscaría dar liquidez a las pequeñas y medianas empresas del país en su flujo de caja.

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“pagos plazos justos”

Un proyecto de ley denominado “pagos plazos justos” aprobado por la Comisión Tercera de Senado, buscaría dar solvencia a los microempresarios del país como medida para enfrentar  el impacto que ha ocasionado en el sector productivo la pandemia por el covid-19.

La propuesta que ya cuenta con 14 votos a favor y 1 en contra, plantea evitar el abuso en el pago tardío de las facturas a los microempresarios, es decir, los pagos en el mercado actual son de 60, 90 y 180 días, casi un año, para poder recibir el pago de un producto o servicio ya prestado, lo que genera  crisis en las pequeñas y medianas empresas .

Por tanto, los representantes de la iniciativa indican.“Tenemos en Colombia más del 33% de desempleo, razón por la que se debe garantizar el reacomodo de estas empresas, garantizándoles un pago oportuno que les brinde solvencia a los microempresarios”.

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Malas prácticas en el sector productivo

El proyecto, el senador Iván Marulanda, reveló que en Colombia hay malas prácticas en los procesos de facturación que afectan drásticamente al sector productivo. “El 48% de las microempresas generan empleo, y el no pago de estos servicios en un periodo más corto, hace que desaparezcan, creando así el desempleo”.

Por su parte, el senador Efraín Cepeda Sarabia, Afirmó que de los 15 billones de pesos del Fondo Nacional de Garantías solo se han desembolsado, 3.2 billones de pesos, propuso buenas prácticas, no mayor de sesenta días para el pago a las pequeñas empresas.

“Las Mypimes representan el 90% del empleo y el 35% del PIB. Han existido abusos en el pago a estas empresas, hasta 180 días . Debe haber vigilancia de la Superintendencia de Sociedades para que garantice la supervivencia de estas empresas”, comentó Cepeda Sarabia.

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¿qué dicen los gremios?

Para los gremios esta iniciativa es positiva, sin embargo, el Presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, indicó “las medianas y las grandes tienen posibilidades de hacer acuerdos privados en el libre juego del mercado de mayor conveniencia inclusive para que los pedidos sean superiores para las medianas, esto lo que va a producir es de pronto un recorte en el volumen de los pedidos que van a tener las medianas empresas”,

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Minsalud denuncia inadecuado manejo de las UCI

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, denunció públicamente las irregularidades por mal manejo de las UCI que al parecer se han venido presentando en varia zonas del país.

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Minsalud denuncia inadecuado manejo de las UCI

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, denunció públicamente las irregularidades por mal manejo de las UCI que al parecer se han venido presentando en varia zonas del país.

De acuerdo a la denuncia, hecha por el alto funcionario durante una sección realizada por la Comisión Segunda del Senado, sostuvo que  “hay un incentivo en muchos hospitales y clínicas particulares para mantener pacientes en áreas de cuidado intensivo más allá del tiempo que se necesita”.

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Control al manejo de las UCI en el país

Lo que significa, en pocas palabras que a conveniencia de varios centros de salud se estaría empleando la ocupación de camas UCI para facturar por estos servicios. Algo al parecer ha prendido las alarmas del gobierno y los entes de control ante esta lamentable situación que fue calificada por el ministro de salud como “perjudicial para los servicios de salud”.

 “Se debe hacer el uso más eficiente de las UCI; en este momento tenemos un índice de ocupación en el país de entre el 50 y el 60 %, pero hay departamentos donde la tasa de ocupación está en el 70 y 80 %, en varias oportunidades por mala utilización”.

Razón por la cual, la Superintendencia de Salud anunció que extremará la vigilancia sobre la atención de pacientes en estas unidades y mediante una circular  012 de 2020 pide a las IPS, administradoras de planes de salud y a los entes territoriales “cumplir con los criterios de manejo clínico a los pacientes contagiados por covid-19”.

En el documento expuesto por la Superintendencia de Salud daría las siguientes instrucciones a  cada vigilado para la oportuna operación.

Instrucciones de la supersalud para el manejo de las UCI

Para el caso de las IPS públicas y privadas, es decir, clínicas y hospitales, deberán fortalecer los canales de comunicación con las entidades territoriales y con las entidades administradoras de planes de beneficios (EAPB).

A las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, por su competencia de gestionar el riesgo en salud a su población afiliada, se les instruye a adelantar las respectivas auditorías concurrentes y de calidad que den cuenta de la pertinencia y oportunidad en el ingreso, estancia y egreso en hospitalización general o en alta complejidad, según sea el caso.

A las Secretarías de Salud de carácter departamental y distrital, la Superintendencia les recuerda que deben supervisar y garantizar el acceso a los servicios a la población pobre no asegurada a través de visitas de inspección y vigilancia para verificar la pertinencia y oportunidad en el ingreso, estancia y egreso en la hospitalización en las UCI, según sea el caso.

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rESPUESTA DE LA achc ANTE LA SITUACIÓN DE LAS uCI

De otra parte, mediante un comunicado la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, ante las declaraciones del Ministro de Salud, Fernando Ruiz, no se hizo esperar  y manifestó en tres aspectos lo siguiente:

  • Desde el primer momento que las autoridades sanitarias del país hicieron el llamado a prepararse para atender la pandemia de Covid-19, la mayoría de instituciones hospitalarias, públicas y privadas del país, siguiendo su compromiso con la población, iniciaron la preparación e implementación de todos las guías, orientaciones y protocolos ordenados por el Ministerio de Salud; capacitaron al talento humano, organizaron y ampliaron su infraestructura liberando las capacidades en hospitalización y Unidades de Cuidados Intensivos, para brindar la mejor atención posible en las diferentes etapas de la pandemia.
  • Pedimos a las autoridades señalar con nombre propio las entidades infractoras y evitar las generalizaciones de estos supuestos manejos inadecuados de las UCI. No se puede sembrar un manto de duda sobre todo el sector hospitalario y desconocer los esfuerzos que cientos de instituciones y su personal médico han hecho para prepararse rigurosamente y atender de manera adecuada a la población.
  • Respetuosos de la ley acogemos todas las orientaciones que nos da la autoridad de vigilancia y control y en los casos donde existan dudas o denuncias concretas sobre la calidad del proceso asistencial, pedimos que sea la propia Superintendencia Nacional de Salud la que haga una auditoría directa sobre esas atenciones, protegiendo así a la población y a los hospitales y clínicas de este país que no ahorran esfuerzos para garantizar la atención segura y de calidad a los pacientes.

Finalmente, ratificó que “como sector hospitalario reiteramos nuestro compromiso con la población, y lo vamos a honrar en este momento de enorme dificultad, esforzándonos al máximo y dando como siempre lo mejor. Rechazamos cualquier práctica que atente contra la salud de los pacientes y no respete los fundamentales de la atención médica”. Dijo.

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Micronegocios: piedra angular en la economía colombiana

En 2019, el país contó con 5,9 millones de micronegocios que ocuparon a 8,3 millones de personas y que registraron ventas anuales de 169 billones de pesos.

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Micronegocios una piedra angular en la economía colombiana

En 2019, el país contó con 5,9 millones de micronegocios que ocuparon a 8,3 millones de personas y que registraron ventas anuales de 169 billones de pesos, lo que quiere decir que este tipo de negocios son en la actualidad una gran fuente de empleo e ingresos para los colombianos, y contribuye al movimiento de la economía en el país.

Recordemos que un micronegocio es una unidad económica con máximo 9 personas ocupadas que desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios con el objeto de obtener un ingreso, actuando en calidad de propietario o arrendatario de los medios de producción.

Las cifras anteriormente dadas corresponden a una encuesta realizada por el DANE durante el año 2019 donde además se establece que de los 5,9 millones de
micronegocios en el país, el 87,6% (5,1 millones) eran propiedad de trabajadores por cuenta propia, mientras que el restante 12,4% (730 mil) tenían como propietarios a empleadores. Según sexo, el 62,4% de los propietarios de los micronegocios eran hombres.

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Por otro lado, estos mirconegocios se dedicaban especialmente a las siguientes actividades económicas:

Fuente: DANE

Emprendimiento colombiano

Así mismo, el 74,1% de los micronegocios en el país fueron constituidos solamente por el propietario. Los creados por el propietario y uno o más familiares corresponden al 17,2% a nivel nacional; este porcentaje en los centros poblados y rural disperso aumenta al 24,8%, mientras que en las cabeceras municipales disminuye a 14,0%.

Sin embargo, la gran mayoría de ellos no fueron constituidos por la decisión de empredimiento, sino que el 34.8% de los micronegocios fueron constituidos porque su propietario no tenía otra alternativa de ingreso.

Pero, el 28.8% de ellos decidieron constituir su negocio al identificar en él una oportunidad de negocio en el mercado.

De igual manera, el 12,3% a nivel nacional se constituyeron por tradición familiar o herencia. No obstante, este porcentaje se reduce al 7,0% en las cabeceras municipales, mientras que se incrementa al 25,0% en los centros poblados y rural disperso.

¿Dónde esta los micronegocios?

Del total de los micronegocios en el país, el 27,6% de ellos (1,6 millones) se ubican en una vivienda; el 17,3% (1,0 millones) en una finca, el 17,1% (1,0 millones) realizan sus actividades de puerta en puerta o a domicilio; y el 14,6% (0,8 millones) se encuentran en un local, tienda, taller, fábrica, oficina o consultorio.

De acuerdo con la propiedad del emplazamiento donde se ubica el micronegocio, el 46% es propio totalmente pagado, el 31% se encuentra en arriendo o subarriendo, y el 15% en usufructo.

Fuente: DANE

Empleo

En 2019, los micronegocios en el país ocuparon 8,3 millones de personas desagregadas de la siguiente
manera:

  • 70,6% (5,8 millones) son propietarios.
  • 16,6% (1,4 millones) son trabajadores que recibieron un pago.
  • 8,1% (674 mil) son trabajadores familiares sin remuneración.
  • 4,7% (390 mil) a socios.

Cabre resaltar, que a nivel nacional, el 75,8% de los micronegocios ocuparon a una persona, el 20,1% entre dos y tres personas, y el 4,1% entre cuatro y nueve personas.

En contraste, se indagó sobre los aportes hechos a salud y pensión por parte del propietario del micronegocio con cargo al presupuesto de dicha unidad económica y se estableció que: el 87,5% de los propietarios de micronegocios no aportó para salud ni pensión

Sin embargo, esto no quiere decir que se encuentran por fuera del sistema de seguridad social ya que la opción “No aportó” incluye a beneficiarios del régimen contributivo y a afiliados al régimen subsidiado; el 4,5% solo aportó para salud, el 0,4% solo a pensión, y el 7,7% sí lo hizo para ambas categorías. Por otra parte, el 94,8% de los propietarios de micronegocios no hicieron aportes para la Administradora de Riesgos Laborales -ARL-.

Fuente: DANE

Tecnologías y uso de la información

El 76,1% (4,5 millones) de los micronegocios en el país no contaban con acceso o uso de internet. En las cabeceras municipales este porcentaje se reduce al 69,1% (2,9 millones), pero se incrementa al 92,7% (1,6 millones) en los centros poblados y rural disperso.

De los micronegocios del país que aseguraron que no usaban internet, el 77,5% sostuvieron que no lo necesitaban, el 10,0% lo consideraron un servicio muy costoso, y el 6,0% afirmaron que su personal no sabe usarlo.

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