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Observaciones al articulado del PND

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La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas – ACHC y Coalición Salud mediante un comunicado enviado a las Comisiones tercera, cuarta y séptimas del Congreso de la República, dieron a conocer algunas observaciones sobre el articulado del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”.

Considerando que algunas de las propuestas planteadas por el Gobierno, necesitan de un análisis más detallado mediante una Ley Ordinaria y no dentro de un Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la situación actual del sistema general de seguridad social en salud.

En temas tan importantes para la salud como son: las dificultades en el acceso, los problemas  financieros de algunos hospitales, los programas de saneamiento fiscal y financiero que tienen que cumplir, como la situación de los profesionales de la salud que piden mejores condiciones laborales, no está contempladas dentro de las propuestas hechas por el Gobierno.

A continuación el análisis destallado de las propuestas en salud dentro del Plan de Desarrollo hechas al Congreso y al Gobierno Nacional.

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DEL MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD

El modelo integral de atención en salud constituye un “cheque en blanco” al Ministerio de salud y protección social, para elaborar un nuevo modelo de salud, en el que termina replanteando aspectos contemplados en leyes anteriores que pese a las exigencias normativas no se reglamentaron o desarrollaron. Tal es el caso del modelo de atención primaria en salud y de las redes integradas de servicios de salud contempladas en la ley 1438 de 2011 y que en el presente proyecto se derogan. Consideramos que mientras no se realicen cambios estructurales al sistema de salud, ningún modelo que se proponga será viable porque el núcleo y raíz de los problemas continuará siendo el mismo.

En efecto, mientras existan unas entidades aseguradoras que no cumplen con su rol pero que reciben de manera anticipada y mensual los recursos del sistema, la operación y ejecución del mismo, continuará igual, con factores adicionales de deterioro, tanto en la salud de la población como en la red hospitalaria pública y privada.

El Ministerio de salud y protección social si bien es el rector de la cartera de salud, no debe de manera autoritaria modificar el modelo de salud sin garantizar el debate público en el órgano legislativo.

En este punto también debemos llamar la atención al hecho de que se deroguen las funciones de inspección, vigilancia y control que se asignaron a la Superintendencia Financiera en el año 2011 para vigilar a las EPS. En alguna medida los usuarios y las IPS, han albergado la esperanza de que una superintendencia rigurosa y con propósitos claros, realice acciones de vigilancia y control efectivas, ahora pretenden devolvérselas a la Supersalud, cuyos resultados son ampliamente conocidos.

DEL MANEJO UNIFICADO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Aunque el artículo 62 pretende mostrar un fondo único que recaudaría y manejaría los recursos del sistema de salud, las funciones y operación que se le asignan, desdibujan cualquier propósito real del manejo efectivo de los recursos, con miras a solucionar las dificultades en el flujo de recursos.

Para que el manejo de los recursos tenga eficacia, el Fondo o caja única, debería tener funciones de afiliación, recaudo y distribución de los recursos que conviertan al estado o hagan explícito que el estado será un asegurador de segundo piso. La estructura planteada se reduce a un nuevo fosyga sin subcuentas, situación que aparte de permitir “revolver” recursos del sistema – de diferentes fuentes-, no agregará valor. En el mismo sentido debe señalarse que establecer el giro directo universal si sería un avance y daría valor agregado a las funciones de la Unidad de Gestión, pero como está planteado constituye una mera expectativa sujeta además, a desarrollo vía reglamento.

El articulo presenta contradicciones en las funciones de la unidad de gestión, toda vez que señala que tendrá a cargo – entre otros- el recaudo de “las cotizaciones de los afiliados al SGSSS” pero dispone así mismo que “En ningún caso la Unidad de Gestión podrá recaudar, afiliar, asegurar ni, en general, ejercer funciones que desempeñen las entidades promotoras de salud.”

Independiente de esta contradicción, reiteramos que el cambio en la estructura del sistema, el manejo de los recursos y las obligaciones de sus agentes, debe tener un escenario de discusión distinto al del plan nacional de desarrollo.

Cobro de Copagos para procedimiento No POS

Otro de los recursos que recaudará la unidad de gestión, corresponde a los “copagos por concepto de prestaciones no pos”, concepto que no se entiende a la luz de las disposiciones de la ley estatutaria de salud, toda vez que en las definiciones del derecho fundamental a la salud, no se establecen coberturas No Pos, sino exclusiones, aún pendientes de reglamentación.

Se pretende por la vía del plan nacional de desarrollo y de una resolución que está en proceso de expedición, imponer a los usuarios cargas desproporcionadas para el pago de lo NO POS, estableciendo la suma del Ingreso base de cotización del núcleo familiar en 3 SMLMV, como factor para el pago directo de los servicios que no tienen cobertura en el sistema de salud. Medidas intentadas en el pasado como la fallida emergencia social que fuera declarada totalmente inexequible por la Corte Constitucional, quieren revivirse en parte por parte del presente gobierno.

Frente a la ciudadanía, esto no tiene presentación; es probable que cuando la ley estatutaria funcione bien y cuando el sistema garantice lo que debe ser, el Gobierno pueda aclarar qué debe asumir el usuario, pero no ahora, sobre lo que la ciudadanía ya pagó, bien a través de las cotizaciones o mediante impuestos.

En este punto también debe insistirse en la claridad de si la unidad de gestión será quien recaude o no los diversos rubros que nutren el sistema de salud.

SOBRE LAS MEDIDAS ESPECIALES

La facultad que se reconoce a la Supersalud para convertir en sociedades anónimas a instituciones de naturaleza cooperativa que se encuentren en intervención forzosa administrativa – entiéndase Saludcoop -, es un proceso que por lo menos en la forma como se presenta, no brinda garantías. De una parte, porque si las acciones se distribuirán en los cooperados, es decir a sus actuales dueños, ratifica que esa EPS será devuelta a quienes permitieron los manejos indebidos y de otra, porque como es debido y aunque en un ámbito de legalidad debería garantizarse, no se señala como condicionante para la conversión, el saneamiento y pago de las obligaciones de esta EPS con las instituciones hospitalarias. De manera alguna podría aceptarse aquí la acepción del gobierno de que “todos ponen”, porque aquí en un acto de justicia y de verdad cada infractor debe responder por sus acciones u omisiones.

SOBRE LOS RECURSOS PARA LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE LAS ESE

Resulta por decir lo menos, escandaloso y contradictorio que antes de pensar en recuperar y sanear las empresas sociales del estado, se dispongan recursos para la liquidación de estas entidades. Bien es sabido, que gran parte de la responsabilidad de la crisis en la red pública de prestación de servicios de salud, se deriva del incumplimiento en los pagos por parte de las EPS, de los servicios de salud que debieron asumir dichos hospitales.

Es preciso que se garantice la continuidad y el acceso a la prestación de servicios de salud, en todas las regiones del país. Debería avanzarse a la ampliación de los subsidios a la oferta para las instituciones hospitalarias que a pesar de ser eficientes y ordenadas presentan resultados económicos negativos y se hallan en riesgo fiscal medio o alto. Deben diseñarse políticas idóneas que permitan la recuperación y fortalecimiento de la red pública hospitalaria, como parte del patrimonio del país.

Finalmente es preciso señalar que si se quiere considerar que el Plan Nacional de Desarrollo se puede tomar como el espacio para la reforma al sistema de salud, deben entonces incluirse temáticas de larga y antigua discusión y fundamentales para el cambio de la estructura, tales como la eliminación de la integración vertical y el cambio en el rol de las EPS.

Así mismo, es preciso advertir que la redacción y propósitos del articulado propuesto no son claros y respecto a las bases del plan y la recién sancionada Ley estatutaria de salud, resulta contradictorio.

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Inició construcción del Hospital Santa Clara por $466 mil millones

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que firmó el acta de inicio para la obra e interventoría de lo que será el nuevo y renovado Hospital Santa Clara.

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La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que firmó el acta de inicio para la obra e interventoría de lo que será el nuevo y renovado Hospital Santa Clara, que busca beneficiar a cerca de 360 mil habitantes de las localidades de Antonio Nariño, Santa Fe, San Cristóbal y Mártires. 

Según afirmó la Alcaldía de Bogotá, el proyecto será construido en lo que hasta ahora se conoce como la torre central donde funcionaba el antiguo Hospital San Juan de Dios.

Servicios prestados por la entidad

De acuerdo con el proyecto, el Hospital Santa Clara contará con un Centro de Atención Prioritaria en Salud y una Unidad Médica Hospitalaria Especializada que tendrán capacidad para albergar 312 camas, 86 consultorios y 50 camas de observación.

 Así mismo, algunos de los servicios que prestará el hospital será  la atención de urgencias, alta complejidad, consulta externa, hospitalización, cirugía general, ginecobstetricia, medicina interna y subespecialidades, entre otros.

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Adjudicación del contrato al Hospital santa clara

De otra parte, cabe mencionar que el contrato fue adjudicado a la Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA sucursal Colombia, por un valor de $466.576.184.539,26 y con un tiempo de ejecución de 108 meses a partir de la firma del acta de inicio. Así mismo, la interventoría del proyecto estará a cargo del Consorcio Salud Bogotá 01 y la supervisión a cargo de la Subred Centro Oriente.

Claudia Ardila Torres, gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, señaló que este proyecto ayudará a fortalecer la atención de los habitantes de estas localidades de la capital colombiana.

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 “Este es un día histórico para la salud de todos los bogotanos. Con este proyecto vamos a honrar la memoria de todos los profesionales de la salud que por allí pasaron y de todos los pacientes que se vieron beneficiados con el San Juan de Dios. Después de muchas dificultades hoy logramos firmar el acta de inicio de lo que será el nuevo hospital Santa Clara y esperamos entregarlo en los tiempos establecidos” Aseveró.

Esta obra inició su ejecución a partir del 02 de julio de 2020, garantizando y cumpliendo todas las medidas y protocolos de bioseguridad establecidos por el Distrito y la Nación, con el fin de no afectar la salud de trabajadores y vecinos del sector.

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Adultos mayores ganan tutela que exige trato igualitario durante la pandemia

El juzgado 61 administrativo de Bogotá ordenó al Gobierno respetar el derecho a la igualdad de los adulto mayores de 70 años quienes presentaron una tutela

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Adultos mayores ganan tutela que exige trato igualitario durante la pandemia

Con una tutela impuesta por más de 25 adultos mayores encabezados por Rudolf Hommes quien fue Ministro de Hacienda durante la presidencia de César Gaviria, se alegó la protección de los derechos de igualdad, libertad de locomoción y libre desarrollo de la personalidad, derechos que según los accionantes estaban siendo vulnerados por las medidas impuestas por el Gobierno Nacional con motivo de la pandemia.

“le pedimos señor(a) juez(a) proteger nuestros derechos fundamentales a la igualdad en conexidad con las libertades de locomoción y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y en consecuencia ordenar inaplicar las resoluciones 464 y 844 de 2020 proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en lo relativo a las medidas sanitarias de aislamiento y cuarentena preventivo para las personas mayores de 70 años. En consecuencia, les solicitamos que inapliquen los decretos 749 y 847 de 2020 en cuanto imponen una restricción más severa para realizar ejercicio y que a ellos se aplique la norma prevista para los adultos menores de 70 años, a saber, que pueden salir para realizar ejercicio hasta por dos horas todos los días. Le pedimos también extender los efectos de este fallo no solo a los peticionarios sino a todos los ciudadanos que ven vulnerados sus derechos fundamentales con estas resoluciones sin necesidad de acudir a la acción de tutela para ello” Señala la tutela interpuesta.

En este sentido, el juzgado 61 administrativo del circuito judicial de Bogotá ordenó proteger los derechos fundamentales anteriormente citados a todos los adultos mayores de 70 años que residan en el país.

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Órdenes del juzgado

Por lo tanto, se ordenó inaplicar provisionalmente el numeral 35 del artículo 3 del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado por el artículo 1 del Decreto 847 del 14 de junio de 2020 citado a continuación:

El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años, por un período máximo de dos (2) horas diarias.

  • El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños mayores de 6 años, tres (3) veces a la semana, una (1) hora al día.
  • El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños entre dos (2) y cinco (5) años, tres (3) veces a la semana, media hora al día.
  • El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los adultos mayores de 70 años, tres (3) veces a la semana, media hora al día.

Al menos, hasta que no sea decidida en sede judicial la nulidad por inconstitucionalidad que deberá ser tramitada por los accionantes dentro de los próximos quince días hábiles.

También, el fallo ordena al presidente, Iván Duque, y a la Ministra del Interior Alicia Arango a que en las siguientes 48 horas a la notificación a expedir el acto administrativo mediante el cual otorga el tiempo para ejercicio físico en exteriores de los adultos mayores de 70 años, teniendo como base las consideraciones de los accionantes y de las siguientes instituciones:

  • El Instituto para el Envejecimiento de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana.
  • El Instituto Nacional de Salud.
  • La Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría.
  • La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.

Adionalmente, se ordenó inaplicar el numeral 2.2 del artículo 2 de la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, por medio del cual se modificó el artículo 2 de la Resolución 385 del 17 de marzo de 2020, que hace referencia a la extensión de la cuarentena para adultos mayores de 70 años hasta el 31 de agosto del 2020, hasta que no sea decidida en sede judicial la nulidad por inconstitucionalidad que deberá ser tramitada por los accionantes dentro de los próximos quince (15) días hábiles.

Finalmente, se ordena al Ministro de Salud, Fernando Ruiz que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, debe expedir el acto administrativo mediante el cual establece la procedencia o no de las medidas de aislamiento, el término, las condiciones para mitigar los riesgos mentales y físicos del aislamiento, teniendo como base las consideraciones de los accionantes y de las ya enunciadas instituciones.

Mientras que el Ministerio de Salud, expide el acto administrativo correspondiente, se entenderá para todos los efectos relacionados con el aislamiento preventivo obligatorio que a los adultos mayores de 70 años les son aplicables de manera general las disposiciones contenidas en el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, prorrogado por el Decreto 878 del 25 de junio de 2020.

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Actualización – impuganación del fallo de tutela

Después de que saliera a la luz el fallo de la tutela que pedía trato igualitario para los mayores de 70 años, el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que dará cumplimiento al fallo, mientras impugna la decisión. Sin embargo, hizo un llamado a que sigan cumpliendo con las medidas recomendadas para protegerse del covid-19.

“En ningún momento hemos pensado nosotros en afectar las libertades de los ciudadanos por capricho, por tratar de producir un mal o mucho menos por tratar de discriminar. Nosotros lo que hemos buscado es proteger la vida y proteger la salud. Sabemos que para las personas mayores de 70 años el aislamiento preventivo ha sido tedioso, difícil, complejo, aburrido, pero tenemos que asumir el reto que es salvar vidas”, aseveró el jefe de estado colombiano.

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Hospital Alejandro Próspero Reverend tendrá prorroga por un año más

Al cierre de 2019 el Hospital Próspero Reverend logró utilidad de $517 millones, y ejecutaba más de $5.800 millones asignados por el Fonsaet.

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Hospital Alejandro Próspero

Siguen las prórrogas en la Superintendencia Nacional de Salud, esta vez se trata del Hospital Alejandro Próspero Reverend de Santa Marta a quién el ente de control le extendió por un año más la medida de intervención forzosa con el fin de avanzar en la recuperación de sus indicadores de gestión.

La decisión según la Supersalud, posibilitará lograr la estabilidad financiera y administrativa, así como seguir trabajando en garantizar la oportunidad y calidad de los servicios de esta Empresa Social del Estado (ESE), donde se han subsanado gran parte de los hallazgos encontrados hace un año cuando se inició su intervención. 

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ALEJANDRO PRÓSPERO: ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO

De acuerdo con el análisis de seguimiento hecho por la Superintendencia Delegada de Medidas Especiales, actualmente en el hospital hay una buena capacidad de respuesta y de adaptación frente al COVID-19.

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Además, resaltó el ente de control que la ESE Alejandro Próspero Reverend ha logrado garantizar la atención de los usuarios y de la población migrante del vecino país Venezuela.

No obstante, los hallazgos expuestos por la Supersalud indicarían que “para el 30 de abril de 2020 la ESE presentó un cumplimiento del 76.69% de los requisitos de habilitación de cada una de sus 30 sedes, en razón a que cada una de estas ya tiene una oferta propia de servicios de promoción y prevención, y de consulta externa”.

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Avances de la intervención al hospital

  • Se recuperó cartera por más de $1.102 millones de vigencias anteriores.
  • El número de actividades registradas en el servicio de urgencias pasó de 6.572 en el primer semestre de 2019 a 17.809 en el segundo semestre.
  • Cada una de las sedes tiene el correspondiente stock de medicamentos e insumos médico-hospitalarios.
  • Se reubicó el personal asistencial según la capacidad de producción.
  • Aumentó el cuerpo médico y se arreglaron las unidades odontológicas, obteniendo un incremento en el programa de salud oral. 
  • Se obtuvo la licencia de funcionamiento de los rayos X, lo que ayudó al incremento en el servicio de apoyo diagnóstico (ecografías, laboratorio clínico y rayos X).
  • Se abrió un nuevo laboratorio clínico en la sede Bastidas y se dotó el de la sede La Castellana.
  • Ya se pueden suministrar los medicamentos controlados, gracias a la licencia que se obtuvo.
  • Se pagó la deuda por nómina de $200 millones correspondientes a 2018 y 2019.
  • Se readecuaron las instalaciones de la sede administrativa.

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