El 7 de agosto de 2026 abriría una prueba inmediata para el próximo gobierno en materia sanitaria. Antes de cualquier reforma estructural, el sistema tendría que responder a una presión concreta que hoy se expresa en medicamentos pendientes, citas demoradas, procedimientos acumulados, hospitales con cartera creciente y aseguradores bajo medidas especiales.
Si la senadora Paloma Valencia llega a la Presidencia, además de convertirse en la primera mujer en gobernar Colombia, su arranque en salud estaría concentrado en un plan de choque sobre el acceso efectivo. La propuesta que presenta junto a Juan Daniel Oviedo plantea resolver 10 millones de atenciones represadas en medicamentos, citas y procedimientos en los primeros 100 días de gobierno, una meta que ubica el inicio de la gestión en los servicios que más afectan la experiencia directa de los pacientes.
El primer objetivo sería atender a los pacientes que siguen en espera
La propuesta plantea que la salud debe volver a funcionar para la gente, con medicamentos disponibles, citas que no se pierdan en autorizaciones y hospitales y clínicas con capacidad de atención. En ese sentido, los primeros 100 días no estarían orientados a reorganizar todo el sistema, sino a intervenir los represamientos que ya afectan la continuidad de la atención.
Ese plan de choque se concentraría en tres frentes concretos.
- Medicamentos no entregados oportunamente.
- Citas médicas represadas que retrasan diagnóstico, control o seguimiento.
- Procedimientos pendientes en redes ambulatorias, hospitalarias o quirúrgicas.
La magnitud de la meta exigiría una operación coordinada sobre un sistema amplio y presionado. Colombia cuenta con 52 millones de afiliados distribuidos entre 15 EPS activas, de las cuales 13 están bajo alguna medida de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Ese escenario obligaría a que la respuesta inicial articule a ADRES, EPS, IPS, gestores farmacéuticos y autoridades de inspección y vigilancia.
Medicamentos serían la primera prueba operativa del plan
La propuesta incluye una compra masiva de medicamentos por un valor de 3 billones de pesos para garantizar suministro inmediato. La operación priorizaría zonas de difícil acceso y poblaciones vulnerables, y se haría de la mano de operadores farmacéuticos experimentados.
Este componente sería una de las primeras pruebas de ejecución, porque comprar no equivale automáticamente a entregar. Para que la medida tenga efecto en los pacientes, tendría que ordenar inventarios, rutas de distribución, puntos de dispensación, seguimiento de entregas y trazabilidad sobre los tratamientos pendientes.
El tamaño del componente farmacéutico muestra la dimensión de la tarea. Para 2026, los recursos totales del sistema de salud llegan a $112,6 billones, mientras el gasto en medicamentos se estima en $22,4 billones y los Presupuestos Máximos ascienden a $4,48 billones. La compra extraordinaria tendría que convivir con esos flujos ordinarios de financiación y con las reglas de pago que ya operan entre aseguradores, gestores y prestadores.
Hospitales y clínicas entrarían a un saneamiento condicionado
El plan de choque también incluye el pago de la deuda del Estado a prestadores de salud mediante titularización, condicionado a que hospitales y clínicas se pongan al día con los tratamientos represados. La medida vincula el saneamiento financiero con una obligación asistencial concreta, de manera que los recursos se conecten con atención efectivamente realizada.
La presión sobre la red prestadora explica la relevancia de este punto. La cartera del sector hospitalario pasó de $16,09 billones en junio de 2023 a $25,70 billones en diciembre de 2025, con un crecimiento nominal acumulado de 59,7% en 30 meses. En el mismo periodo, la cartera morosa superior a 60 días aumentó de 52,3% a 58,0%.
Para que esta medida tenga efecto durante el inicio del gobierno, habría que definir qué obligaciones se pagan primero, qué prestadores entran al mecanismo, cuáles tratamientos pendientes se priorizan y cómo se verifica el cumplimiento. La promesa quedaría atada a un resultado concreto para el paciente, no solo a una operación de liquidez para la red.
Nueva EPS y entidades intervenidas quedarían bajo revisión temprana
La propuesta incorpora una auditoría forense a entidades intervenidas como Nueva EPS, con un arqueo inmediato de cuentas para identificar faltantes y responsables. Esta línea se conecta con el control del gasto y con la necesidad de revisar entidades que concentran un volumen significativo de afiliados y recursos.
Nueva EPS tendría un lugar central en ese frente. La entidad atiende a más de 11 millones de afiliados y su deuda con IPS ACHC pasó de $2,8 billones en junio de 2023 a $7,34 billones en diciembre de 2025, con una mora de 67%. Además, no figura en el reporte FT001 con corte a noviembre de 2025, lo que limita el seguimiento financiero ordinario sobre la entidad.
Los controles iniciales se moverían en cuatro direcciones.
- Auditoría forense a entidades intervenidas.
- Arqueo inmediato de cuentas en casos críticos.
- Identificación de faltantes y responsables.
- Uso de inteligencia artificial para vigilar contratación y auditar gasto en tiempo real.
Un plan de choque condicionado por ejecución y trazabilidad
Los primeros 100 días de una eventual administración de Paloma Valencia en salud estarían marcados por una agenda de ejecución inmediata. El centro estaría en resolver atenciones represadas, activar una compra extraordinaria de medicamentos, priorizar zonas de difícil acceso y poblaciones vulnerables, condicionar pagos a prestadores al avance en tratamientos pendientes e iniciar auditorías sobre entidades intervenidas.
El sector llegaría a ese momento con tensiones acumuladas en financiamiento, cartera, suministro, aseguramiento y oportunidad. Por eso, el resultado inicial no se mediría solo por anuncios, sino por señales verificables para los usuarios. Recibir el medicamento, obtener una cita, acceder a un procedimiento y mantener continuidad en el tratamiento serían las primeras pruebas de ese plan de choque.
