Los embargos judiciales a Nueva EPS escalaron a un nivel que, según la propia entidad, pone en jaque su capacidad de sostener la operación cotidiana y el pago regular a su red. Al 20 de enero de 2026, la EPS informó que cuatro juzgados incrementaron las medidas cautelares hasta $2.125.890.449.360, monto que “compromete directamente toda la operación de la EPS” y pone en riesgo la atención de más de 11 millones de afiliados. La entidad señaló, además, que el valor actualmente embargado equivale, en promedio, a aproximadamente la totalidad de la operación de un mes.
La decisión de incremento de las medidas cautelares provino de cuatro juzgados y se tradujo en cuentas bancarias bloqueadas y recursos retenidos por diferentes fuentes de financiación. Bajo estas condiciones, la entidad indicó que la disponibilidad efectiva de recursos se reduce de forma significativa y que el margen de maniobra operativo se limita al giro directo semanal, utilizado para postular pagos hacia la red prestadora.
Sostuvo que la medida no solo presiona su sostenibilidad interna, sino que también repercute sobre una red aproximada de 5.000 prestadores a nivel nacional, varios de los cuales mantienen una dependencia financiera relevante de los pagos que provienen del asegurador. La EPS añadió que, si los embargos se mantienen, la operación quedaría seriamente comprometida y se restringiría su capacidad de operar administrativamente.
A su vez, la entidad contextualizó el aumento de los montos: en noviembre de 2025, la cifra de embargos habría pasado de $422.000 millones a $887.000 millones y, posteriormente, se incrementó a más del doble hasta superar los $2,1 billones.
¿Qué significa que los embargos comprometan “toda la operación” de Nueva EPS?
Según lo expuesto por Nueva EPS, el impacto principal está asociado a la restricción de liquidez y a la imposibilidad de disponer de recursos que se utilizan para sostener la operación diaria y el relacionamiento financiero con proveedores de servicios. La entidad explicó que, actualmente, enfrenta bloqueo de cuentas y retención de recursos provenientes de diversas fuentes, un escenario que debilita la capacidad de cumplir con obligaciones operativas y administrativas.
La EPS indicó que, ante las restricciones, solo cuenta con el giro directo que recibe cada semana, destinado a la postulación hacia la red prestadora. Esto, en términos prácticos, implica operar con un canal de recursos limitado y con mínima flexibilidad de tesorería, situación que la entidad describió como una “limitación absoluta” para el uso de recursos disponibles.
El reporte sostiene que la afectación se extiende al flujo de recursos hacia prestadores y gestores farmacéuticos en todo el país, con implicaciones directas sobre la oportunidad de pagos y la continuidad de la prestación. La EPS plantea que el riesgo no es exclusivamente financiero: al tratarse de recursos que sostienen la operación, su inmovilización introduce incertidumbre en la continuidad de la atención para los afiliados.
También señaló que el deterioro se agrava sobre un antecedente de déficit financiero previo a la intervención, situación que, según la entidad, se ha profundizado con el crecimiento progresivo de los embargos.
Concentración de las medidas: 95 IPS demandantes y cuatro juzgados
Por otra parte, Nueva EPS reportó que los embargos se concentran en aproximadamente 95 IPS que presentaron demandas dentro del proceso de intervención. En el mismo comunicado, la entidad agregó que, en su mayoría, esas IPS corresponden a instituciones privadas de alta relevancia en el país, estimando que 80% se ubican en ese grupo.
Los despachos judiciales que concentran el mayor número de medidas son: el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia (Caquetá), el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico (Caquetá) y el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.
En su pronunciamiento, la entidad indicó que ha desplegado medidas jurídicas y financieras para mitigar el efecto y que ha adelantado acercamientos con los jueces que han decretado los embargos, incluyendo acciones relacionadas con cuentas que, según su interpretación, deberían estar protegidas para garantizar la continuidad del servicio.
La discusión jurídica: UPC, inembargabilidad y circulares citadas por la EPS
Entre tanto, la EPS recordó que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son constitucional y legalmente inembargables, conforme al artículo 48 de la Constitución y a las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001, de acuerdo con lo indicado por la entidad. Bajo esa premisa, la EPS sostiene que algunas decisiones judiciales estarían desconociendo el marco normativo aplicable.
Además, mencionó dos lineamientos administrativos que, según la entidad, refuerzan la protección de estos recursos: la Circular 000032 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social y la Circular 014 de 2018 de la Procuraduría. Para Nueva EPS, estos documentos reiteran la naturaleza parafiscal y la destinación esencial de los fondos para garantizar el derecho fundamental a la salud, por lo que no deberían ser objeto de medidas cautelares.
Con base en esa argumentación, la entidad informó que comunicó la situación a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y a la ADRES, entre otros organismos, solicitando medidas urgentes orientadas a frenar las decisiones judiciales que, según su reporte, afectan recursos que deberían estar protegidos; y anunció que agotará las vías jurídicas disponibles y mantendrá informadas a las autoridades sectoriales y de control sobre el desarrollo de estas medidas.
