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Mora en pagos del talento humano superan los 6 mil millones de pesos

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La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.) puso a disposición del talento humano en salud, afiliado a la Sociedad, una herramienta digital para registrar deudas que tiene con ellos las IPS. Los primeros resultados evidencian que los médicos generales, pediatras, ginecobstetras, cirujanos, dermatólogos y anestesiólogos son los especialistas afectados que más denuncian la problemática. 

De acuerdo con las cifras recopiladas por la Sociedad Colombiana de Anestesiología y el Fepasde, se evidencia que la crisis se extiende a lo largo y ancho del país. Dentro de las regiones que más adeudan dinero al talento humano en salud, se encuentra el Valle del Cauca con 1506 millones de pesos, seguido de la Guajira con 734 millones, Córdoba 515 millones, Bogotá 489 millones, Antioquia 447 millones, Boyacá con 419, entre otros.

Si bien, la herramienta de reporte está a disposición solo del talento humano en salud afiliado a la S.C.A.R.E, es una muestra significativa de la crisis del sector a nivel nacional, más aún cuando las cifras no se encuentran consolidadas por parte de ningún ente gubernamental, lo que afecta su capacidad para tomar medidas definitivas.

Mora en los pagos al talento humano Salud

Las cifras reflejan moras que se remontan a la última década, para el año 2011, por valor de 609 millones de pesos, siendo el año 2018 el más crítico con $ 3 mil millones 57 mil pesos, adeudo que a la fecha se encuentra vigente sin ninguna solución aparente.

La mora en los pagos al talento humano es un agravante en la crisis del sector salud, originado entre otros por los tipos de vinculación laboral que se tienen en el país. Cerca del 75% de las personas que han denunciado demoras en sus honorarios han sido vinculados por orden de prestación de servicios (OPS), contratación que en muchas ocasiones enmascara verdaderas relaciones laborales, además, que no cuenta con un seguimiento riguroso en temas moratorios.

Este año los especialistas que más han dejado de percibir el pago de sus honorarios son los anestesiólogos con un 41.66%, seguido de médicos generales 22.5%, pediatras 7.5%, ginecobstetras 5%, cirujanos 2.5%, dermatólogos 2.5% y otras especialidades que suman el 18.33%.

La situación es tan álgida, que el Gobierno Nacional incluyó dentro del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, disposiciones de sostenibilidad financiera en el sector salud, lo que se ha conocido como el “Acuerdo de Punto Final” que se ha anunciado como una solución efectiva y duradera a diferentes problemas que vulneran constantemente la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos; sin embargo, a la fecha, el proyecto de ley ha evidenciado la ausencia total de inclusión de las acreencias al talento humano en salud,  menoscabando sus condiciones de ejercicio digno por  el no pago de sus servicios profesionales.

Por lo anterior, la S.C.A.R.E. ha buscado como gremio, junto con otras agremiaciones del sector como el Colegio Médico Colombiano, la Federación Médica, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, entre otros, que se amplíe la normatividad incluida en el proyecto de ley y se cuente entre otras, con una regulación del giro de recursos públicos de la salud a prestadores públicos o privados, así como la inclusión de una normatividad expresa sobre el pago prioritario y específico al talento humano en salud.

Por otra parte, la S.C.A.R.E., radicó ante el Ministerio de Salud y Protección Social sugerencias para modificar la Resolución 2003 de 2014, que actualmente define las condiciones de habilitación de servicios en salud, es decir, establece los requisitos mínimos que deben cumplir los prestadores de servicios de salud, los profesionales independientes, entre otros, para que se brinde una atención segura al paciente.

Preocupa al gremio que dentro de las condiciones mínimas de funcionamiento de las IPS no existan normas rigurosas relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones al talento humano en salud, aspecto mínimo y esencial para garantizar el funcionamiento de estas. En este orden de ideas, en Colombia una IPS puede ser sancionada por no contar con condiciones adecuadas de salubridad, seguridad e higiene, temas de infraestructura, entre otros, pero no por aspectos tan relevantes como garantizar que los pacientes cuenten con talento humano en salud que realice la atención, lo cual está directamente relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones salariales y contractuales de las IPS con ellos.

En el comunicado radicado al Ministerio, la S.C.A.R.E. propuso que los prestadores de servicios de salud demuestren el cumplimiento del pago de sus relaciones laborales y en general a todo el talento humano en salud, independiente de su forma de vinculación a un plazo máximo de 30 días y no a 360 como actualmente lo define la norma, lo que quiere decir, que si un prestador está en mora por pago de salarios a su talento humano después de 1 mes, podría verse afectado en sus habilitación para funcionar.

Respuesta del Ministerio de Salud

Ante la solicitud de la S.C.A.R.E. el Ministerio de Salud señaló, que la misma será revisada a la luz de la normatividad vigente y al alcance de la norma de habilitación; sin embargo, han pasado más de seis meses de radicada la solicitud y a la fecha no hay acciones puntuales.

El Ministerio de Salud expidió la Resolución 630 del 13 de marzo de 2019, mediante la cual se regula el pago de intereses de mora a los profesionales de la salud. Si bien el Ministerio dio el cumplimiento ordenado por el Consejo de Estado, dicha normatividad no incluye aspectos importantes como la garantía a los profesionales de no sufrir desvinculación por realizar este tipo de reclamaciones.  

Es por esta razón, que la Asamblea Nacional de Delegados de la S.C.A.R.E., hace un llamado a los entes de control y a las autoridades nacionales y regionales, para que tome las medidas adecuadas,  urgentes y efectivas e intervengan de manera inmediata en pro de la solución de esta grave situación, para garantizar que los prestadores habilitados en el Sistema de Salud colombiano cuenten con la capacidad financiera suficiente que garantice la prestación del servicio de salud, además, de solicitar que dichas IPS tengan condiciones dignas de trabajo y paguen las deudas que tienen con el talento humano en salud del país, bajo una normativa clara que proteja los derechos de los trabajadores.

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Supersalud interviene Hospital Universitario de Sincelejo

La Supersalud ordenó la intervención forzosa para administrar la E.S.E Hospital Universitario de Sincelejo, Sucre, por el término de un año.

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La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa para administrar la E.S.E Hospital Universitario de Sincelejo, Sucre, por el término de un año, mediante la Resolución 5234 del 16 de mayo de 2019, luego de concluir una fase de seguimiento que inició el 17 de mayo de 2016, donde se constató el deterioro progresivo  de la E.S.E en su parte asistencial y financiera.

Hallazgos encontrados a la E.S.E Hospital Universitario de Sincelejo

Entre los hallazgos que obligaron a intervenir este Hospital están la baja ocupación de los servicios hospitalarios y de urgencias, el aumento de los pasivos, la falta de contratación con las EPS de la región, la deuda a funcionarios y contratistas y, de forma crítica, el alto nivel de procesos judiciales en contra del centro asistencial, hecho que impide que los recursos que llegan al hospital sean invertidos en estabilizar el funcionamiento y mejorar los servicios.

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El Hospital facturó mensualmente en 2018 aproximadamente 2.308 millones de pesos, pero sus costos y gastos ascienden a 3.578 millones de pesos. Adicionalmente recibe recursos por estampilla y otros por 684 millones de pesos, sin embargo, arroja pérdidas mensuales de 630 millones.

¿Por qué se realizó la intervención del hospital de Sincelejo?

La Delegada para Medidas Especiales de la Supersalud, Edna Paola Najar Rodríguez, enfatizó que, “la medida de intervención forzosa para administrar tiene como principal objetivo proteger al Hospital del impacto que actualmente tienen los procesos judiciales fallados en contra y lograr que pueda dinamizar los servicios que presta a la comunidad”.

En la labor que se desarrollará, será vital el trabajo conjunto con la Gobernación de Sucre, para gestionar recursos que le permitan a la ESE disminuir el alto nivel de pasivos, principalmente, las deudas con los trabajadores. Así mismo, lograr resultados positivos de la operación corriente, actualmente deficitaria.

Con la intervención ordenada, se remueven los órganos administrativos actuales, gerencia y junta directiva, y se designa una Agente Especial Interventora, que es la doctora Inés Bernarda Loaiza Guerra, médico epidemióloga con trayectoria en la administración de instituciones prestadoras de servicios de salud y procesos de intervención.

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Anuncian medidas para descongestionar urgencias en el país

Dar mayor uso a los servicios preventivos de primer nivel, ampliar los horarios para consulta prioritaria –especialmente los fines de semana– e incentivar la medicina familiar son algunas de las medidas para evitar la congestión de los servicios de urgencias en el país.

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Dar mayor uso a los servicios preventivos de primer nivel, ampliar los horarios para consulta prioritaria –especialmente los fines de semana– e incentivar la medicina familiar son algunas de las medidas que deben adoptar los pacientes, los aseguradores y las instituciones de salud para evitar la congestión de los servicios de urgencias en el país.

La recomendación fue hecha por Iván Darío González, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, luego de analizar el alto nivel de ocupación de las urgencias, especialmente las de Bogotá.

De acuerdo con el funcionario la alta congestión de las urgencias se debe principalmente a dos aspectos: el pico que se presenta en esta época del año por las enfermedades respiratorias y la coyuntura de migración de venezolanos.

En ese sentido, el secretario de Salud de Bogotá, Luis Morales, precisó que en estos momentos los servicios de urgencias, principalmente en los centros de alta complejidad, presentan un incremento de hasta el 30% comparado con otras épocas del año.

Urgencias de baja complejidad

El viceministro dijo que además se requiere promover que los servicios de urgencias de baja complejidad tengan mayor capacidad resolutiva, especialmente en aquellos barrios o zonas donde se identifica una mayor demanda.

“Con medidas como esas podemos reducir la saturación en las salas de urgencias y que estos servicios funcionen para lo que fueron diseñados en realidad. La puerta de entrada al sistema de salud en Colombia no son las urgencias; si seguimos estas medidas, podremos lograr un mejor uso de los servicios médicos en el país”, aseguró el viceministro González.

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En Bogotá, el viceministro González resaltó el trabajo que se ha hecho para que los servicios de urgencia adopten sistemas de atención más expeditos para atender brotes de enfermedades respiratorias e infecciosas, aprovechando la experiencia que tuvo el país en años pasados con la influenza.

El Triage

A través de una resolución expedida por el Ministerio de Salud en 2015, se unificó la clasificación de los niveles de Triage en el país, actividad obligatoria al ingreso de los servicios de urgencia para identificar el riesgo que tienen los pacientes y priorizar así su atención.

Por ejemplo, en Bogotá se ha detectado que una parte muy importante de los pacientes que llegan a las urgencias presenta enfermedades o patologías que podrían ser atendidas en servicios diferentes a los de urgencia.

“El hecho que un paciente no requiera la urgencia hace perder la oportunidad a quien verdaderamente sí la necesita”, manifestó el viceministro, quien agregó que al interior de los servicios de urgencia de la red pública hospitalaria de Bogotá se está trabajando para desplegar estrategias que permitan una revisión del flujo de pacientes dentro de cada institución, para que mejore su eficiencia con rondas integradas, agilización de las ayudas diagnósticas, el establecimiento de procesos de planeación de altas tempranas y la rapidez de traslado de pacientes a quirófanos o unidades de cuidado intensivo y de estos a las salas de hospitalización.

Por su parte el secretario Morales indicó que “la creación de las redes integradas de servicios y los Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) hacen parte de la estrategia de Bogotá para hacerle frente a la alta demanda en los servicios de urgencias. Estas medidas permitirán reducir la ocupación en las áreas de mayor congestión”.

Igualmente, el viceministro exhortó a las instituciones y entidades prestadoras de salud (IPS y EPS) para que efectúen traslados oportunos de los pacientes que ocupan servicios en niveles de alta complejidad y que por su condición de salud no lo ameritan.

Caso Medimás

Sobre la atención de urgencias de afiliados de Medimás, Morales señaló que en Bogotá se registran cerca de 450 mil usuarios de esa EPS, cifra a la que se deben sumar los afiliados que residen en municipios aledaños y toman servicios en la capital.

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En ese sentido, el Viceministro dio un parte de tranquilidad a las IPS que atienden afiliados de Medimás, recordando que el Ministerio, siguiendo las medidas de la Supersalud, tiene control del giro de recursos de la EPS, “prestadores deben tener tranquilidad de cumplir sus obligaciones legales y contractuales”.

El viceministro hizo esta precisión pues algunos prestadores han suspendido algunos servicios a usuarios de esta EPS.

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Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y su impacto con los hospitales públicos

“para lograr los objetivos propuestos en el sistema de salud, es necesario generar cambios de fondo en varios aspectos que hoy impiden que existan hospitales públicos fortalecidos al servicio de la comunidad a lo largo del tiempo”.

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La Dra. Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), conversó con CONSULTORSALUD de manera exclusiva para dar su opinión frente al Plan Nacional de Desarrollo  2018 – 2022 (PND) y su impacto con los hospitales públicos.

Además, enfatizó en qué para lograr los objetivos propuestos en el sistema de salud, es necesario generar cambios de fondo en varios aspectos que hoy impiden que existan hospitales públicos fortalecidos al servicio de la comunidad a lo largo del tiempo.

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CS: 
¿Qué opina del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 aprobado recientemente en el congreso?

El Plan Nacional de Desarrollo nos deja bastante lesionados, debido a que en él se quitaron recursos importantes para los hospitales públicos. En estos momentos de crisis y de dificultades, esto genera mayores problemas para  las instituciones prestadoras de salud porque las contribuciones parafiscales que eran para pago de EPS, les va a tocar asumirlas a cada Empresa Social del Estado a partir del año entrante, quitando una financiación importante para la república hospitalaria.


PND y el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud

Por otra parte, se acaba con el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet) que era el fondo donde hospitales que entraban en riesgo fiscal y financiero, a través de este mecanismo, precisamente podían acceder a recursos para generar saneamiento. quedamos con bastante preocupación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

“No podemos desconocer en estos momentos que el sistema de salud está en jaque”

CS: ¿Qué impacto tiene el Plan Nacional de Desarrollo con los Hospitales públicos?

En lo que tiene que ver con el acuerdo de punto final, nosotros no podemos desconocer que van a llegar recursos importantes al sector salud, en lo correspondiente a todas las deudas que tiene el estado con las EPS por concepto de NO POS.

Estamos hablando que van a llegar recursos al sector, por alrededor de los 5.5 billones  de pesos, estos son recursos importantes para la red pública hospitalaria, sin embargo, consideramos que es un acuerdo de punto parcial, porque no hace referencia a las deudas de lo POS, es decir, lo que las EPS adeudan a la red tanto pública como privada.

En este sentido, si hacemos una sumatoria general de estas deudas, estaríamos hablando de alrededor de los 15 billones de pesos. Esto quiere decir, que quedaría una suma bastante importante de 10 billones de pesos sin financiación, sin acuerdo de punto final.

CS: ¿Qué opinión le merece lo sucedido con la situación que están afrontando los usuarios de Medimás frente a las actuaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca?

“No podemos desconocer en estos momentos que el sistema de salud está en jaque”. En lo concerniente con Medimás, de acuerdo al fallo, tiene que entrarse a quitar la habilitación y en este orden de ideas quedarían sin financiación, la deuda hoy de Medimás EPS, Cafesalud EPS y Saludcoop, es preocupante para los prestadores quienes en ultimas siguen atendiendo el usuario, pero sin garantías del pago de esos servicios. 

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