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MIPRES llega al regimen subsidiado – Resolucion con requisitos

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La resolución tiene por objeto establecer los requisitos para el acceso y reporte de prescripción de tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC del Régimen Subsidiado y servicios complementarios a través del aplicativo tecnológico de prescripción dispuesta por este Ministerio. Dicho aplicativo permite que los profesionales de la salud realicen la prescripción y reporte de las tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneficios con cargo a la UPC del Régimen Subsidiado y servicios complementarios, eliminando así el trámite por parte del Comité Técnico Científico de las Entidades Promotoras de Salud; garantizando de esta manera, la entrega oportuna de las mismas (LA RESOLUCION ESTA EN BORRADOR PARA RECIBIR OBSERVACIONES)

A más tardar el 1 de enero de 2019, las entidades territoriales responsables de la garantía del suministro de las tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC y servicios complementarios deberán encontrarse activadas en el aplicativo de prescripción electrónica. Para el efecto, de conformidad con su capacidad tecnológica y administrativa, diseñaran el plan de implementación que se requiera. Mientras es activada la entidad territorial en el aplicativo, la prescripción de tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC del régimen subsidiado realizados por el profesional de la salud, deberán continuar surtiendo el trámite de aprobación ante el Comité Técnico Científico, de conformidad con lo establecido en el Titulo II de la Resolución 5395 de 2013. En este sentido, la entidad territorial deberá adoptar en un periodo no superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de su activación en el aplicativo, el procedimiento de verificación, control y pago de las tecnologías en salud no financiadas con los recursos de la UPC, autorizadas por el Comité Técnico Científico u ordenados a través de fallos de tutela, no realizados a través de la herramienta tecnológica.

RESPONSABILIDAD DE LOS ENTES TERRITORIALES CON LAS TECNOLOGIAS NO PBS (NO POS) EN EL REGIMEN SUBSIDIADO

a. Garantizar el suministro de las tecnologías en salud no financiadas con los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado y servicios complementarios, a través de los modelos de gestión de suministro que haya adoptado en virtud de la Resolución 1479 de 2015. b. En el evento en el que se haya adoptado el modelo centralizado, la entidad territorial deberá reportar a este Ministerio la información relacionada con el suministro efectivo de las tecnologías en salud no financiadas con los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado y servicios complementarios debidamente autorizados, en los términos establecidos en el capítulo III de la Resolución 3951 de 2016 o la norma que la modifique o sustituya. c. Realizar la verificación y control de las solicitudes de cobro/recobro derivadas del suministro de tecnologías en salud no financiadas con los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado y servicios complementarios, garantizando el adecuado uso de los recursos. d. Garantizar el adecuado flujo de los recursos, en relación con los pagos de las solicitudes de cobro/recobro derivadas del suministro de tecnologías en salud no financiadas con los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado y servicios complementarios.

RESPONSABILIDAD DE LAS EPS CON LAS TECNOLOGIAS NO PBS (NO POS EN EL REGIMEN SUBSIDIADO

a. Garantizar el suministro de tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC del régimen subsidiado en los tiempos definidos en el capítulo III de la Resolución 3951 de 2016, o aquellas que la modifiquen o sustituya, a través de la red de prestadores definida, en el evento en que la entidad territorial haya adoptado el modelo de gestión de garantía de suministro a través de su red. b. Realizar el seguimiento integral del paciente y el manejo de la gestión del riesgo en desarrollo de la función de aseguramiento. c. Disponer de la infraestructura tecnológica y de las condiciones técnicas y administrativas requeridas para que el reporte de prescripción funcione oportuna y eficientemente en el marco de sus obligaciones. d. Realizar las validaciones administrativas orientadas a determinar la existencia del usuario, su régimen y el estado de afiliación, y en caso de encontrar inconsistencias relacionadas con identificación y afiliación resolverlas dentro de las doce (12) horas siguientes a la prescripción sin que se ponga en riesgo la prestación del servicio; e. Realizar la trascripción de los servicios y tecnologías ordenadas mediante fallos judiciales en el aplicativo dispuesto para tal fin o en los casos de contingencia y, f. Reportar a este Ministerio la información relacionada con el suministro efectivo de las tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC del Régimen Subsidiado y servicios complementarios, en los términos establecidos en el capítulo III de la Resolución 3951 de 2016 o aquellas que la modifique o sustituyan, en el evento en que la entidad territorial haya adoptado el modelo de gestión de garantía de suministro a través de su red.

RESPONSABILIDAD DE LAS IPS CON LAS TECNOLOGIAS NO PBS (NO POS EN EL REGIMEN SUBSIDIADO

a. Suministrar las tecnologías en salud no financiadas con los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado prescritas por los profesionales de la salud, en el marco de las obligaciones contractuales con las EPS y las entidades territoriales. b. Brindar las condiciones técnicas y administrativas requeridas para que el reporte de prescripción funcione oportuna y eficientemente en el marco de sus obligaciones. c. Presentar ante la EPS o las entidades territoriales en los términos por estos determinados, según sea el caso, los soportes de cobro de las tecnologías en salud no financiadas con los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado, efectivamente suministradas.

RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES CON LAS TECNOLOGIAS NO PBS (NO POS EN EL REGIMEN SUBSIDIADO

Suministrar las tecnologías en salud no financiadas con los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado prescritas por los profesionales de la salud, en el marco de las obligaciones contractuales con las EPS y las entidades territoriales. b. Presentar ante la EPS o las entidades territoriales en los términos por estos determinados, según sea el caso, los soportes de cobro de las tecnologías en salud no financiadas con los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado, efectivamente suministradas.

ACTIVACION DEL APLICATIVO DE PRESCRIPCION DE TECNOLOGIAS NO PBS EN EL REGIMEN SUBSIDIADO

La activación por parte de las entidades territoriales del aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social estará sujeta a la revisión del modelo de gestión adoptado por la entidad territorial en virtud de lo establecido en la Resolución 1479 de 2015, para lo cual deberán remitir a este Ministerio los siguientes documentos. 

1. Documento que contenga el análisis de la situación de salud del territorio y de las capacidades técnicas, operativas y financieras que fundamentan la adopción del modelo de gestión establecido en el acto administrativo de que trata el artículo 11 de la Resolución 1479 de 2015.

2. Documento en el que se determine el proceso de auditoría que adelanta la entidad territorial, especificando como mínimo los siguientes aspectos:

i. Requisitos esenciales del cobro/recobro que deben presentar las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y proveedores ante la EPS con el objeto de realizar el reconocimiento.

ii. Definición de los periodos de radicación, documentos específicos por el tipo de cobro (profesional de la salud o tutela), medios de radicación y usos de mecanismos específicos como formatos.

iii. Definición del responsable del proceso de auditoría integral y los recursos con los cuales se ejecutan; para lo cual, la entidad territorial deberá identificar: si la efectúa directamente, la capacidad institucional con la cual la realiza y la garantiza durante toda la vigencia; o si esta es contratada, los criterios con los cuales se selecciona al contratista y se define el valor de la misma.

iv. Definición del procedimiento de auditoría integral que dé cuenta de los procesos y revisiones adelantados en cada una de las etapas del proceso iniciando en la radicación y terminando en el pago y comunicación al prestador del mismo (manual de auditoria y manual de glosas). Adicionalmente, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la presente resolución.

REGLAS PARA LA PRESCRIPCION DE PRODUCTOS DE SOPORTE NUTRICIONAL

Cuando se trate de la prescripción de productos de soporte nutricional no financiados con recursos de la UPC, dichas tecnologías en salud deberán ser prescritas únicamente mediante el aplicativo de que trata la presente resolución, atendiendo las reglas que se señalan a continuación:

1. Los médicos podrán prescribir productos de soporte nutricional mediante el aplicativo mencionado.

2. Las prescripciones de productos de soporte nutricional podrán ser ordenadas por el profesional de la salud en Nutrición y Dietética, siempre y cuando exista una prescripción médica que ordene la valoración por la mencionada profesión.

3. En caso de que el profesional de la salud en Nutrición y Dietética ordene productos de soporte nutricional, o el médico los prescriba directamente, en el ámbito ambulatorio, serán analizados por la Junta de Profesionales de la Salud de que trata la presente resolución.

4. En caso de que el profesional de la salud en Nutrición y Dietética ordene tecnologías en salud como productos de soporte nutricional, o el médico los prescriba directamente, en el ámbito hospitalario, serán suministrados, sin necesidad de aprobación por la Junta de Profesionales de la Salud.

LOS DOCE (12) CRITERIOS PARA LA PRESCRIPCION

1. Justificar técnicamente las decisiones adoptadas teniendo en cuenta la pertinencia con relación al o los diagnósticos del paciente, para lo cual dejará constancia en su historia clínica y en el aplicativo, así como el registro de la información sobre los resultados de las ayudas diagnósticas y de ser necesario la evidencia científica que sustente su decisión.

2. Comunicar al paciente con claridad el motivo por el cual no se utiliza la tecnología en salud financiada con recursos de la UPC, así como, los resultados esperados, posibles efectos adversos y complicaciones de las tecnologías prescritas. El profesional de la salud, deberá manifestar esta situación en la historia clínica, soportada con la evidencia científica.

3. Tratándose de medicamentos se deberán cumplir cualquiera de las siguientes condiciones: i) Estar registrados con sus indicaciones ante el INVIMA o quien haga sus veces o, ii) encontrarse en el listado temporal de usos no incluidos en el registro sanitario, iii) corresponder a medicamentos vitales no disponibles, cuando la vida o seguridad del paciente se encuentren en riesgo inminente a criterio del médico tratante. El profesional de la salud lo prescribirá de acuerdo con lo previsto en los artículos 2.5.3.10.15 y 2.5.3.10.16 del Decreto Único 780 de 2016 o la norma que los modifique o sustituya.

4. Los procedimientos en salud incluyen los dispositivos médicos, esto es, insumos, materiales, elementos o suministros, entre otros, necesarios e insustituibles para su realización o utilización, por lo que no se requerirá la prescripción separada de los mismos, excepto en los casos definidos en el Plan de Beneficios en Salud financiado con recursos de la UPC o en los cuales la normativa indique de forma explícita que no hacen parte de la financiación del mismo o correspondan a una financiación condicionada.

5. En caso de que la tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC corresponda a dispositivos médicos, esto es, insumos, materiales o elementos entre otros, se deberá indicar el procedimiento al que corresponde, cuando haya lugar a ello.

6. Cuando la tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC se trate de procedimientos, deberá utilizar sin excepción la Clasificación Única de Procedimientos en Salud – CUPS, definida en la Resolución 5171 de 2017 o la norma que la modifique o sustituya.

7. Diligenciar de forma completa los datos solicitados en el aplicativo

8. Para los medicamentos no financiados con recursos de la UPC se consideran armonizadas las indicaciones aprobadas por el INVIMA, en cuanto a que, si en un solo registro sanitario se define una indicación, la misma se considerará para todos los medicamentos con diferente registro sanitario y que presenten igual principio activo, concentración y forma farmacéutica, por lo tanto, no será objeto para la nominación como medicamento con UNIRS.

9. La prescripción de medicamentos de control especial que no se encuentren financiados con recursos de la UPC, debe realizarse de conformidad con la Resolución 1478 de 2006 y demás normas que la modifiquen o sustituyan. Para efectos del reporte en el aplicativo, si se requiere un medicamento de control especial por tiempo sucesivo se realizará el reporte por el tiempo que el o los profesionales de la salud tratantes indiquen, sin que se requiera transcripción mensual en la mencionada herramienta.

10. Cuando se requieran para la realización de tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC, medicamentos con fines de analgesia, anestesia y sedación, incluyendo los anestésicos, analgésicos, sedantes, relajantes musculares de acción periférica y reversores de anestesia que se consideren necesarios e insustituibles para tal fin, los mismos se entenderán incluidos en dicha atención, por lo cual no será necesario diligenciar la herramienta tecnológica descrita en la presente resolución.

11. Los radiofármacos necesarios e insustituibles para la realización de los procedimientos de medicina nuclear no financiados con recursos de la UPC no requieren estar descritos explícitamente en el listado de medicamentos de MIPRES ya que se entienden como incluidos en el procedimiento de medicina nuclear y deberán ser parte de su costo global y no prescribirse de forma separada.

12. Cuando se trate de un producto de soporte nutricional este deberá cumplir las siguientes condiciones: i) Estar registrado ante el INVIMA con su respectiva clasificación como alimento para propósitos médicos especiales dentro de la categoría 14.3 “Alimentos para uso especial” establecida en la Resolución 719 de 2015 o aquella norma que la modifique o sustituya, y ii) corresponder a productos de soporte nutricional diseñados y elaborados para ser administrados por vía oral o por sonda, en el ámbito hospitalario, ambulatorio o domiciliario, con el fin de brindar soporte nutricional total o parcial a personas que presentan enfermedades o condiciones médicas con requerimientos nutricionales especiales, y capacidad limitada, deficiente o alterada para ingerir, digerir, absorber, metabolizar o excretar alimentos normales o determinados nutrientes o metabolitos de los mismos, o que por sus condiciones médicas necesiten otros nutrientes específicos; y cuyo manejo nutricional no puede atenderse únicamente modificando la alimentación convencional.

Descargue y lea completa la resolución para el manejo de los servicios NO PBS (NO POS) en el regimen subsidiado de salud.

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Médicos defienden su autonomía – Piden retirar dos proyectos de ley

Gran polémica ha causado en los diferentes gremios médicos los proyectos de Ley 104, que modifica la Ley 23 de 1981 de Ética Médica; y el 056, por el cual se reglamentan las especialidades médicas y quirúrgicas, los cuales se radicaron en el Congreso de la República hace algunas semanas.

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Gran polémica ha causado en los diferentes gremios médicos los proyectos de Ley 104, que modifica la Ley 23 de 1981 de Ética Médica; y el 056, por el cual se reglamentan las especialidades médicas y quirúrgicas, los cuales se radicaron en el Congreso de la República hace algunas semanas.

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Al momento de su radicación, los Congresistas y médicos de profesión, José Luis Correa, del Partido Liberal y Jairo Giovany Cristancho, del Partido Centro Democrático, anunciaron con bombos y platillos la llegada de un proyecto de ley que finalmente actualizaría, tras 38 años, el código de ética en el país.

Sin embargo la noticia de estos proyectos, no cayó bien en el grueso de agremiaciones médicas, quienes solicitaron a los representantes retirar ambos proyectos.

A través de una misiva firmada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Federación Médica Colombiana, la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir), la Asociación Colombiana Médica Estudiantil (Acome) y la Asociación Médica Sindical Colombiana (Asmedas), extendieron su solicitud a los congresistas, argumentando varios aspectos.

¿Qué le preocupa a los gremios?

En primer lugar, las agremiaciones médicas expresan su “profundo malestar” por la radicación de los proyectos de Ley 104 y el 056.

“Queremos manifestarles nuestro profundo malestar frente al alcance de los dos Proyectos que entrañan una amenaza para el ejercicio de la medicina y las especialidades médicas”, dice la carta que podrá encontrar adjunta al final de este artículo.

1. Violaciones a la ley estatutaria de salud

En primer lugar, las agremiaciones consideran que en ambos proyectos se vulneran elementos esenciales de la Ley Estatutaria como la calidad e idoneidad profesional y pilares como la Autonomía bajo el marco de la Autorregulación.

Asimismo, indican que se vulneran preceptos constitucionales como la libre asociación y la autodeterminación de las reglas que guían el desempeño de las agremiaciones en un Estado Social de Derecho.

2. No hubo participación

Por otra parte, en la carta, los gremios, expresan que no fueron tenidos en cuenta en la construcción de estos proyectos, a diferencia de como se han elaborado estos documentos en el país, donde históricamente las agremiaciones médicas han tenido un rol activo y participativo.

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“Las organizaciones firmantes que representamos a todos los médicos del país, en ningún momento fuimos consultados ni sobre las motivaciones, redacción ni contenido de los proyectos en mención, que se desmarcan del objeto definido, con claridad, en la Ley Estatutaria de la Salud”, dice el texto.

La petición de los gremios

Teniendo en cuenta lo anterior, los gremios médicos solicitaron a los representantes retirar los proyectos y entablar un diálogo para exponer las necesidades del sector.

“Solicitamos respetuosamente el retiro de ambos proyectos de ley por las razones expuestas, pero con la invitación simultánea a dialogar para exponerles nuestras propuestas que aspiramos, en una perspectiva amplia, resuelvan los aspectos pendientes bajo el marco de la Ley Estatutaria de la Salud y se consolide el goce efectivo de un derecho fundamental para todos los ciudadanos”, concluye la carta.

¿Qué dice la Federación Médica colombiana?

En diálogo con CONSULTORSALUD, el presidente de la Federación Médica Colombiana, doctor Sergio Isaza, explicó el porqué de la molestia de los gremios y la razón por la que enviaron la carta a los representantes Correa y Cristancho.

Inicialmente, Isaza señaló que las agremiaciones médicas hicieron la petición a los representantes porque no se les tuvo en cuenta en la construcción de los proyectos, tal y como s eha hecho históricamente.

En ese sentido, el presidente de la Federación Médica precisó que los gremios médicos del país elaboraron 16 postulados que propiciaron el acuerdo nacional que antecedió a la redacción y sanción de la Ley Estatutaria de la Salud 1751 del 15 de febrero del 2015

“Lo que pedimos es que antes de que se diera iniciativa a estos proyectos se nos tuviera en cuenta, por ejemplo la ley 1164 sobre el Talento Humano en Salud la construimos entre la Federación Médica y el Colegio Médico Colombiano”, señaló Isaza.

El dirigente gremial recordó que hay una historia de proactividad por parte de los profesionales médicos en la construcción y participación en las propuestas de leyes, que hoy son leyes que funcionan y rigen.

Isaza indicó que si bien en la construcción de los proyectos pudo haber participación de algunos médicos, no se tuvo en cuenta a los gremios que representan al grueso de profesionales.

“Lo que pedimos es que cuando se vaya a tocar cualquier tema que tenga que ver con práctica profesional y la autonomía profesional, se nos consulte”, argumentó Isaza, quien aseguró que los gremios están dispuestos a trabajar en la construcción de los proyectos junto con los parlamentarios.

¿Qué dicen los proyectos de ley?

Proyecto de ley 104 – Ética Médica

El proyecto busca modificar y adicionar algunos artículos de la Ley 23 de 1981 “por lo cual se dictan Normas en Materia de Ética Médica”. 

Según los ponentes, el proyecto consiste en actualizar las normas generales y procedimentales del Código de Ética Médica, teniendo en cuenta que la relación médico-paciente es primordial durante el ejercicio profesional.

En general, el proyecto de ley actualiza o agrega apartados a diferentes artículos de la Ley 23 de 1981.

De acuerdo con Correa con la actualización se establecen los principios de la ética médica, incluyendo temas actuales como la eutanasia y el aborto.

Proyecto de ley 056 – Especialidades médicas

Este proyecto de ley tiene por objeto reglamentar las especialidades médicas y quirúrgicas, dictar disposiciones sobre su ejercicio, funciones, derechos, deberes y establecer reglas para el ejercicio profesional.

Según Correa con el proyecto se busca estipular qué hace una especialidad, los requisitos para ejercerla y algunas precisiones en materia de formación.

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Colombia busca adoptar Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos Sexuales y los Derechos Reproductivos, (DSDR), la infertilidad cobra gran importancia en Colombia y con ella, el debate sobre la adopción de una Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad en el país.

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El Gobierno Nacional a través de  la  aprobación de la Ley 1953 de 2019, insta al Ministerio de Salud y Protección Social a formular una política pública que establezca los lineamientos para orientar la prevención y el tratamiento de la infertilidad dentro de los parámetros de la salud reproductiva.   El desarrollo de esta política, se promueve, mediante el “sistema de seguridad social en salud” atendiendo a las disposiciones de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015).

En este contexto, desde la perspectiva de los Derechos Humanos Sexuales y los Derechos Reproductivos, (DSDR), la infertilidad cobra gran importancia en Colombia y con ella, el debate sobre la adopción de una Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad en el país.

Infertilidad en Colombia

Aunque el proyecto normativo se encuentra en borrador, permite vislumbrar en el horizonte una solución a la problemática que se enfrenta. Según estudios recientes reportan que la prevalencia mundial de infertilidad varía entre el 3% y el 16.5% en países desarrollados y entre el 3.9% y 9.3% en países no desarrollados, además de ser catalogada por la Organización Mundial de la Salud –OMS-, como un problema de salud público.                                                                           

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Causas de la infertilidad

Por consiguiente, las causas de infertilidad pueden ser atribuidas a las condiciones de salud reproductivas de las mujeres, los hombres o de ambos. Al respecto, un estudio realizado por la OMS, en países desarrollados, reportó que el factor femenino estuvo asociado en el 37% de los casos, el factor masculino en el 8%, ambos factores asociados en el 35% mientras que el 20% restante fueron diagnosticados con infertilidad inexplicada. Así mismo, estima que actualmente en  Colombia hay más de dos millones de personas con problemas de infertilidad, y el costo de los tratamientos oscila entre 17 y 25 millones de pesos.

Cifras

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía en Salud (ENDS) en 2015, el 12,1% de las mujeres de 15 a 49 años que desean uno o más hijas o hijos han tenido problemas de fertilidad. La situación de la infertilidad se concentra en el grupo de mujeres de 40 a 44 años con el 25.4%.

El 13.6% de las mujeres con problemas de infertilidad, han alcanzado un nivel educativo superior, seguido de las de nivel educativo básico primaria (11.5%), sin educación formal (10%) y secundaria (8%). Las mujeres con nivel de educación superior son el grupo que reporta el más alto porcentaje de consulta con un especialista (45.1%), al igual que las de los quintiles de riqueza alto y más alto (41.8% para los dos grupos), las del grupo en el quintil más bajo de riqueza reportan el menor porcentaje de consulta con especialista (31.7%) al igual que las mujeres que no están buscando más hijos (18%)

Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad

La Política según el Ministerio de Salud busca entre otras cosas asegurar el pleno ejercicio de las garantías sexuales y reproductivas y su protección a través del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Además, reglamentará el acceso a los tratamientos de infertilidad mediante técnicas de reproducción humana asistidas o Terapias de Reproducción Asistida (TRA) conforme a los lineamientos técnicos para garantizar el derecho con recursos públicos, bajo el enfoque de derechos sexuales y derechos reproductivos contenidos en el modelo del Plan Decenal de Salud Pública.

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Gestión y fortalecimiento institucional 

Así mismo, el proyecto que cursa en el ministerio de salud obliga a las Instituciones prestadoras de servicios salud que realicen  prevención, diagnóstico o tratamiento de la infertilidad cumplan con los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores y habilitación de servicios de salud determinados en el Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud.

En consecuencia, el proyecto también incluye que de acuerdo a lo establecido será el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) quien tenga la competencia para la inspección, vigilancia y control de los requisitos que deben cumplir los Bancos de Gametos y Embriones y lleve el registro de estos bancos.

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Minsalud fija lineamientos para operación del Sistema General de Riesgos Laborales en el SAT

Minsalud fijó los lineamientos generales para la operación del Sistema General de Riesgos Laborales-SGRL en el SAT.

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El Ministerio de salud y Protección social publicó la resolución 2389 de 2019 mediante el cual  fijó los lineamientos generales para la operación del Sistema General de Riesgos Laborales-SGRL en el Sistema de Afiliación Transaccional -SAT- y adoptó el formulario de afiliación y traslado del empleador al Sistema General de Riesgos Laborales.

En el documento define las reglas que deben cumplir quienes intervengan en la afiliación, el reporte de novedades y la disposición de la información relevante en relación con este, y adoptar el formulario de afiliación y traslado del empleador en el Sistema General de Riesgos Laborales – SGRL.

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¿A quiénes aplica?

Por consiguiente, las disposiciones contenidas en el texto administrativo aplicarán a las entidades Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, a los empleadores, a las entidades o universidades públicas de los Regímenes Especial y de Excepción, a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, a las misiones diplomáticas, consulares o de organismos multilaterales no sometidos a la legislación colombiana; a los pagadores de aportes de contrato sindical, respecto de afiliado participe-dependiente; a las entidades territoriales certificadas en educación, a las instituciones de educación y a las escuelas normales superiores y, a las entidades, empresas o instituciones públicas o privadas donde se realicen prácticas formativas de estudiantes.

Operación del sistema general de riesgos laborales en el sistema de afiliación transaccional

En consecuencia, el Ministerio de Salud y Protección Social incorporará, en el portal web miseguridadsocial.gov.co, las funcionalidades para que los usuarios puedan realizar las transacciones de afiliación, reporte de novedades y consultas al Sistema General de Riesgos Laborales.  

Los empleadores podrán además realizar en el SAT las transacciones de reporte de las novedades que se derivan de su condición de empleador, así como aquellas que corresponden a sus trabajadores. Los trabajadores independientes y los afiliados voluntarios a riesgos laborales podrán registrar las novedades que les apliquen.

Reporte de la afiliación

La afiliación y reporte de novedades al SGRL a través del SAT, relacionadas con los empleadores, los trabajadores y los estudiantes en práctica formativa, no los exime del cumplimiento de las obligaciones definidas por el ministerio de salud. De igual manera, la operación del SAT no releva a las ARL del cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la afiliación y derivadas de esta, así como la verificación de novedades.

Por lo anterior, una vez entre en operación la afiliación y novedades del SGRL a través del SAT, las transacciones efectuadas en éste primarán sobre la afiliación y reporte de novedades realizadas directamente a la ARL o de las novedades reportadas a través de la Planilla Integrada de Aportes – PILA.

Reporte de información del empleador

Por consiguiente, las personas jurídicas que tienen la calidad de empleador, al momento de la activación del “Rol Empleador”, deberán adjuntar el RUT, cuando el SAT no tenga esta información de referencia. 

Funcionalidades del Sistema General de Riesgos Laborales en el SAT.

De este modo, la entrada en operación de las funcionalidades del SGRL en el SAT se realizará de manera gradual, a partir del 5 de febrero año 2020, y se dispondrán las siguientes novedades:

Reporte de información de las ARL

Por último, las ARL deberán reportar al SAT, a través de las especificaciones definidas en el Anexo 2, a partir del 6 de noviembre de 2019.  A continuación, usted podrá descargar la resolución 2389 de 2019 que fija estos lineamientos.

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