En el Consejo de Ministros del 28 de abril de 2026, el Ministro de Salud y Protección Social de Colombia presentó un balance detallado del estado financiero del sistema de salud, revelando una crisis estructural en las EPS con deudas superiores a los 32 billones de pesos, señalamientos de fraude contable, autopréstamos con recursos públicos y el colapso patrimonial de las principales aseguradoras del país. La exposición, respaldada en informes de la Contraloría General y auditorías forenses, abrió un debate sobre responsabilidades institucionales, judiciales y políticas que trasciende la actual administración.
La mayor inversión en salud y el aumento histórico de la UPC
En contraste con el diagnóstico sobre las EPS, el Ministerio defendió el desempeño fiscal del gobierno actual en materia de salud. Con cifras a precios constantes, se presentó un crecimiento sostenido de la inversión sectorial frente a administraciones anteriores. En cuanto a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el gobierno registró los incrementos más altos de la serie histórica reciente: un aumento del 17 al 25 por ciento por encima de la inflación en el régimen contributivo, frente al 9,84 por ciento registrado durante la administración Duque.
Los datos oficiales muestran que el presupuesto del sector creció de 41,4 billones de pesos en 2019 a 73,51 billones proyectados en 2026, lo que representa un incremento real del 50,8% al descontar el efecto de la inflación. Este crecimiento sostenido, según el Ministerio, se ha materializado en transferencias anticipadas a las EPS, garantizando liquidez operativa. Sin embargo, el propio Ministro reconoció que esa mayor disponibilidad de recursos no ha sido suficiente para revertir el deterioro estructural de las entidades aseguradoras.
El salto más significativo, según la exposición, correspondió al régimen subsidiado, históricamente rezagado frente al régimen contributivo. El Ministro subrayó que este ajuste buscó corregir una inequidad estructural que afectaba de manera desproporcionada a la población más vulnerable.
Crisis de las EPS en Colombia: una deuda que viene desde 2013
El ministro Jaramillo recordó que el deterioro financiero de las EPS no es un fenómeno reciente. Citó una intervención del entonces ministro Alejandro Gaviria ante el Congreso en 2013, en la que ya advertía que un tercio de las EPS estaban intervenidas, todas sin patrimonio, sin capital y sin reservas. Desde ese momento, el sistema operó bajo mecanismos de aplazamiento que permitieron a entidades insolventes continuar administrando recursos públicos sin sanear su situación.
Los datos presentados en el Consejo de Ministros mostraron que entre 2020 y 2025 la mayoría de las EPS acumularon déficits de capital mínimo, con algunas entidades registrando valores negativos en 2025. Coosalud, Famisanar y Sanitas, entre otras, fueron ubicadas en incumplimiento de los indicadores de solvencia exigidos por la normativa. Solo Aliansalud y Saludmia (con aproximadamente 300.000 afiliados en conjunto) cumplían la totalidad de los indicadores.
Coosalud: auditoría forense revela fraude contable y conflictos de interés
Una auditoría forense presentada por el Ministerio documentó un entramado corporativo entre la EPS, la cooperativa Coosalud y la empresa Inversa, todas con el mismo representante legal, Según el informe, la misma persona actuaba simultáneamente como representante legal de las tres entidades, lo que derivó en contratos entre partes vinculadas, conflictos de interés y auditorías internas ejecutadas por las mismas empresas auditadas.
La auditoría forense identificó un crédito otorgado por Inversa a la EPS por un valor superior a los 419.000 millones de pesos (inicialmente reportado en 203.000 millones), cuya garantía habría sido respaldada con recursos del Estado. El informe señaló que los fondos del crédito no aparecen depositados en ninguna cuenta de Inversa, lo que apunta a una apropiación o uso indebido de fondos públicos. El Ministerio calificó esta operación como constitutiva de peculado.
Adicionalmente, la deuda de Coosalud creció de 702.000 millones de pesos en 2023 a 2,59 billones en 2024, después de que la empresa fuera devuelta a sus administradores por decisión del Tribunal de Bolívar. El Ministerio cuestionó la racionalidad jurídica de restituir la gerencia de una empresa con patrimonio negativo a sus supuestos dueños o accionistas, quienes, en la práctica, no tienen capital propio.
Facturación fraudulenta: 308.138 muertos cobrados y sobrecostos por 2 billones de pesos
El mecanismo de contraste implementado por el Ministerio arrojó hallazgos de facturación irregular a gran escala. Se detectaron 308.138 registros de atención cobrados por usuarios ya fallecidos, y se identificaron sobrecostos en medicamentos superiores a los 2 billones de pesos, pagados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). El sistema prevé hasta dos días posteriores al fallecimiento para facturar servicios efectivamente prestados antes del deceso, pero los registros detectados superaron este margen con justificaciones inconsistentes.
En materia de prestaciones irregulares, el Ministro mencionó casos documentados de pacientes a quienes se les facturaron cinco apendicectomías. El Ministerio remitió estos hallazgos a la Corte Constitucional dentro del marco del Auto 013 de 2025, solicitando a la Fiscalía General de la Nación que investigara las causas penales derivadas. Hasta la fecha del Consejo de Ministros, no se habían reportado avances en esas investigaciones.
La exoneración patronal: 52 billones que no ingresaron al sistema
Uno de los argumentos centrales del Ministerio para contextualizar la crisis financiera del sector fue la exoneración de aportes patronales al sistema de salud, vigente desde 2012 para determinados empleadores. Según las cifras presentadas, entre 2018 y 2025 los empresarios dejaron de aportar 52 billones de pesos al sistema, siendo 19,7 billones solo en 2024. El Ministerio sostuvo que este monto duplicaría las deudas actuales de todas las EPS si hubiera ingresado al sistema, y que su ausencia ha trasladado la carga financiera de la salud exclusivamente a los trabajadores y al presupuesto general de la nación.
Avances en salud rural: buques hospital y cobertura en zonas apartadas
En el plano de la atención primaria, el Ministerio presentó los resultados del programa de buques hospital construidos por la Armada Nacional. El primero de ellos, operativo en el Pacífico colombiano, registró 1.875 atenciones en su primera jornada, con servicios de pediatría, ginecología, medicina interna, cirugía, laboratorio, rayos X y quirófano. Una lancha marítima asociada al buque realizó el primer traslado de emergencia desde Providencia hasta San Andrés (una paciente con choque diabético) logrando su traslado en dos días.
El segundo buque, destinado al río Amazonas, cubrirá la ruta entre Leticia y Puerto Nariño, con extensión hacia Brasil y la zona de Tarapacá. El Ministerio proyecta alcanzar 2.840 atenciones en la segunda jornada del buque del Pacífico, y señaló que 1.022 de los 1.122 municipios del país contarán este año con especialistas en ginecología, pediatría y medicina interna, en el marco del programa de atención primaria que opera con más de 100.000 profesionales de salud en todo el territorio.
Un sistema en la encrucijada: entre la intervención judicial y la urgencia regulatoria
La intervención del Ministro dibuja un sistema de salud que acumula décadas de decisiones aplazadas, controles insuficientes y estructuras corporativas que mezclaron intereses privados con la administración de recursos públicos. La judicialización de varias EPS intervenidas, la resistencia de algunos tribunales a su liquidación y la lentitud en las investigaciones penales configuran un escenario en el que la sostenibilidad del sistema depende tanto de la capacidad regulatoria del Estado como de la velocidad con que la justicia actúe sobre los señalamientos documentados.
Para los profesionales del sector, administradores hospitalarios y formuladores de política pública, el debate planteado en este Consejo de Ministros anticipa semanas de alta tensión institucional: las auditorías forenses pendientes, los fallos judiciales sobre entidades intervenidas y la respuesta de la Fiscalía a las denuncias penales radicadas marcarán el ritmo de una crisis que, según el propio Ministerio, lleva más de doce años sin resolverse.
