El Ministerio de Salud y Protección Social público la resolución 15 de 2020, la cual tiene la finalidad de desagregar y asignar el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de ese ministerio, para la vigencia fiscal 2020.

Dichas desagregaciones y asignaciones deberán quedar registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera —SIIF Nación, sin embargo, para su validez no requerirán aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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Distribución del Sistema de Participaciones 2019

El documento menciona que mediante la Distribución del Sistema de Participaciones -SGP 39 de 2019 del 24 de Diciembre de ese mismo año, se aplicaron ajustes distribuyendo por consiguiente un valor total de $684.627.006.851, de los cuales $547.701.605.479 corresponden a Régimen Subsidiado, $68.462.700.686 a Salud Pública, y  $64.902.640.251 a Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda y financiación del subsidio a la oferta y   al Fondo de Salvamento y Garantías para el sector Salud – FONSAET SGP según la Ley 1438 de 2011.

DESAGREGACIÓN

Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud 2020

Por su parte, dicha Asignación del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social para la vigencia fiscal de 2020, con base en la desagregación anteriormente prevista será así:

ASIGNACIÓN

salud pública

Prestación de servicios de salud

documento adjunto

En el caso de la atención inicial de urgencias un paciente debe ser atendido en la IPS sin importar si esta pertenece o no a la red de la EPS, según lo establecido en la Ley 100 de 1993: “La atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, a todas las personas, independientemente de la capacidad de pago. Su prestación no requiere contrato ni orden previa”

¿Quién asume los costos?

Cuando se trata de atención inicial de urgencias debe garantizarse el acceso a los servicios de salud a todas las personas por parte de los prestadores de servicios, y en aquellos casos en los que el prestador no hace parte de la red contratada por la EPS, esta debe asumir los costos que se generen por la atención.

En el artículo 8 de la resolución 4331 de 2012 se determina que las entidades responsables del pago de servicios de salud y los prestadores de dichos servicios, podrán acordar los servicios respecto de los cuales no se requiere autorización.

Adicionalmente, debe aclararse que también existe la posibilidad que el paciente, al requerir servicios adicionales, los adquiera del prestador de su elección, aunque no haga parte de la red de prestadores de la EPS en la que se encuentre afiliado. En este caso el paciente debe asumir los costos que se generen por la atención particular, sin que ello implique la pérdida de la afiliación a la EPS.

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Después de la atención inicial de urgencias

Los servicios que requiera el paciente ya sean de carácter electivo, ambulatorio o hospitalario deben ser autorizados por las entidades responsables del pago de servicios de salud, en conformidad con los artículos 14, 15, 16, del Decreto 4747 de 2007.

La autorización de la prestación de los servicios debe hacerse de forma previa a la prestación de los servicios, en el caso de la no autorización por parte de la EPS, la entidad debe autorizar el servicio en una IPS de su red para que el servicio sea prestado al paciente.

En caso de que la IPS que prestó la atención inicial de urgencias, haga parte de la red de la EPS (tenga contrato) y tenga habilitado el servicio requerido, será obligatorio que la EPS emita la autorización a dicha IPS.

Tras conocerse una ponencia realizada por el magistrado Alejandro Linares  que despenalizaría el aborto en Colombia, surge una nueva demanda que por estos días puso a estudiar a la corte la suspensión de la práctica de abortos legales en el país.

La demandante y abogada, Natalia Bernal Cano, le exige al tribunal  una  nueva evaluación sobre este tema. Insiste en que las secuelas de esas prácticas, sean legales o ilegales, son mucho peores que cualquier otra circunstancia que esté viviendo una mujer.

Así mismo, en el documento, Bernal le pide al Ministerio de Salud que tome las medidas necesarias para garantizar que no haya más interrupciones voluntarias del embarazo hasta que se conozca la sentencia definitiva de la Corte Constitucional, que podría darse el 14 de febrero de 2020.

En la solicitud de medidas cautelares, Bernal le pidió al magistrado Linares y al resto de integrantes de la Corte que revisen los 15 estudios científicos y más de 25 testimonios de profesionales en medicina que acompañan su tesis.

Además, aportó declaraciones y videos de personas que sobrevivieron a la práctica del aborto, pero además de mujeres que tienen daños psicológicos por los procedimientos, incluso debido a aquellos que se practicaron de forma legal.

En la solicitud, Bernal insiste en que hay evidencia estadística de que los abortos legales pudieron haber disparado las cifras de nacimientos prematuros, de enfermedades congénitas e incluso los índices de violaciones a menores de edad porque, según ella, los criminales encontraron la manera de deshacerse del problema del embarazo, a través de los abortos legales.

Sin embargo, aunque la demandante pide estudiar a profundidad este tema que ha causado diferentes opiniones, la ponencia que está elaborando el magistrado Alejandro Linares, quien acogió la petición, iría en sentido opuesto.

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