La violencia contra el personal de salud continúa representando un desafío para los sistemas sanitarios, tanto por sus efectos sobre los trabajadores como por sus repercusiones en la calidad y continuidad de la atención. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que alrededor del 62 % del personal sanitario a nivel mundial ha experimentado algún tipo de violencia laboral, mientras persisten barreras para registrar los incidentes y desarrollar respuestas institucionales efectivas.
La advertencia fue presentada durante un seminario regional que reunió a cerca de 400 participantes de 34 países, entre autoridades sanitarias, especialistas y representantes de asociaciones profesionales. Uno de los principales puntos planteados durante el encuentro fue que las agresiones continúan subregistradas y, en algunos entornos laborales, llegan a ser normalizadas como parte del ejercicio cotidiano de las profesiones sanitarias.
En ese contexto, la OPS presentó la hoja informativa Cómo prevenir la violencia contra el personal de salud en la Región de las Américas, dirigida a responsables de políticas públicas, gestores, profesionales sanitarios y otros actores involucrados en la organización y prestación de los servicios.
Violencia contra el personal de salud incluye agresiones verbales, amenazas y acoso
Los datos recogidos por la OPS muestran que la violencia en el ámbito sanitario no se limita a las agresiones físicas. Una revisión sistemática internacional incluida en la publicación encontró que aproximadamente el 62 % de los trabajadores de salud ha experimentado algún tipo de violencia laboral.
Las agresiones verbales fueron reportadas por el 58 % del personal, convirtiéndose en la modalidad de violencia no física más frecuente. Las amenazas alcanzaron el 33 %, mientras que el acoso sexual fue reportado por el 12 %.
Otro estudio realizado en 22 países (20 de ellos de América Latina) encontró que el 66,7 % de las personas encuestadas había sufrido alguna agresión durante el año anterior. Dentro de los episodios registrados, la violencia física estuvo presente en aproximadamente uno de cada diez casos.
Las manifestaciones descritas abarcan insultos, amenazas y agresiones por parte de pacientes o familiares, pero también situaciones producidas dentro de las propias instituciones, como acoso laboral, discriminación, violencia sexual y bullying entre trabajadores.
Sobrecarga, tiempos de espera y falta de recursos pueden aumentar el riesgo
La OPS identifica diferentes condiciones que pueden favorecer la aparición de episodios violentos en los servicios sanitarios. Entre ellas se encuentran la sobrecarga laboral, los tiempos prolongados de espera, la escasez de personal y recursos y las dificultades de comunicación con pacientes y familiares.
El estudio también identificó las demoras en la atención y la falta de recursos para resolver problemas médicos entre los desencadenantes frecuentes de las agresiones. A estos factores institucionales pueden sumarse condiciones externas relacionadas con inseguridad comunitaria, violencia armada, crimen organizado y escenarios de emergencia o conflicto.
Dentro de los establecimientos también existen factores organizacionales. Según la OPS, estructuras jerárquicas rígidas y culturas institucionales que normalizan determinadas conductas pueden favorecer situaciones de acoso, discriminación o violencia sexual.
Enfermería y trabajadores de primera línea presentan una exposición particular
El personal de enfermería y otros trabajadores con contacto directo y permanente con pacientes y comunidades figuran entre los grupos particularmente expuestos.
Durante el encuentro, especialistas del Caribe señalaron que la violencia verbal constituye la forma más frecuente de agresión contra profesionales de enfermería y llamaron la atención sobre el acoso sexual y la necesidad de disponer de mecanismos confidenciales y seguros para reportar los casos.
La dimensión de género también ocupa un lugar relevante. Las mujeres representan aproximadamente el 70 % de la fuerza laboral sanitaria y presentan una exposición particular a algunas manifestaciones de violencia, entre ellas el acoso sexual. Por este motivo, la OPS plantea incorporar una perspectiva de género en las estrategias de prevención y respuesta.
Las consecuencias tampoco terminan con el incidente. La violencia puede afectar el bienestar físico y mental de los trabajadores y contribuir al agotamiento profesional, el ausentismo y la rotación laboral, además de dificultar la permanencia de personal capacitado dentro de los sistemas sanitarios.
El subregistro limita la capacidad de respuesta de las instituciones
Uno de los principales obstáculos identificados es que una proporción importante de los episodios no llega a notificarse. Entre las razones señaladas aparecen el temor a represalias, la falta de confianza en los mecanismos institucionales y la percepción de que determinadas agresiones forman parte del trabajo cotidiano.
La consecuencia es una menor capacidad para dimensionar el problema, identificar tendencias y diseñar intervenciones basadas en información completa.
La experiencia presentada por Colombia durante el seminario destacó acciones relacionadas con capacitación, evaluación de riesgos, coordinación territorial y mecanismos específicos destinados a proteger al personal, los establecimientos y la prestación de los servicios.
Para la OPS, mejorar el registro requiere mecanismos de denuncia seguros, confidenciales y accesibles, acompañados de protocolos definidos para prevenir, responder e investigar los incidentes.
¿Qué medidas propone la OPS para prevenir la violencia?
La respuesta planteada va más allá de las medidas individuales que pueda adoptar un trabajador. La OPS sostiene que la responsabilidad principal de prevenir y responder a la violencia corresponde a los Estados, los empleadores y las instituciones sanitarias.
Entre las medidas propuestas se encuentran desarrollar marcos normativos y protocolos de prevención y respuesta, fortalecer la seguridad de los establecimientos, capacitar al personal en prevención, manejo de crisis y técnicas de desescalamiento y garantizar atención médica y apoyo psicosocial después de un incidente.
También se plantea recopilar datos sistemáticamente, realizar seguimiento de los episodios y mejorar las condiciones y la organización del trabajo.
En materia de política pública, la organización considera necesaria la articulación entre los sectores de salud, seguridad, justicia, educación y trabajo, acompañada de recursos suficientes y mecanismos para monitorear las tendencias de violencia.
¿Qué tan preparados están los países para proteger a sus trabajadores sanitarios?
La capacidad institucional todavía presenta brechas importantes. De acuerdo con la nueva hoja informativa citada por la OPS, solo 26 de los 195 Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud cuentan con políticas o programas nacionales de salud y seguridad ocupacional dirigidos específicamente al personal sanitario.
La cifra evidencia la distancia entre la magnitud documentada del problema y la existencia de instrumentos nacionales específicos para enfrentarlo.
Desde la perspectiva de los sistemas sanitarios, prevenir la violencia no se limita a proteger individualmente a médicos, enfermeras y demás profesionales. También se relaciona con la estabilidad de la fuerza laboral, la continuidad de los servicios y las condiciones necesarias para prestar atención segura.
La OPS sostiene que estos episodios pueden prevenirse mediante respuestas integrales y sostenidas. El desafío para las instituciones consiste en transformar un fenómeno frecuentemente subregistrado en un riesgo identificado, medido y gestionado dentro de las políticas de seguridad y salud en el trabajo.
