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EPS deberán pagar más de $15.200 millones a EPS e IPS de Bolívar, Córdoba y Sucre

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La Superintendencia Nacional de Salud, realizó jornadas de conciliación extrajudicial con diferentes entidades promotoras de salud (EPS) y prestadores de servicios de salud (ESE e IPS) de Bolívar, Córdoba y Sucre, donde se lograron 55 acuerdos conciliatorios por más de $15.289 millones en cuentas por cobrar.

Ivhon Adriana Flórez, superintendente delegada para la Función de Conciliación de la Supersalud, afirmó que: “Estos acuerdos de pago contribuyen al saneamiento de la cartera y a la sostenibilidad financiera de los prestadores de servicios de salud de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre”.

PRINCIPALES ACUERDOS

  • Coomeva EPS pagará a la Maternidad Rafael Calvo $1.108 millones 952 mil 976.
  • Saludvida EPS deberá pagar a la IPS Clínica General del Caribe $1.050 millones 573 mil 939.
  • Comfamilia pagará a la Clínica Higea, $816.960.558.
  • Ambuq EPS deberá pagar a Clínica Madre Bernarda, al Fire, Medicina Integral del Caribe, Dumian Medical y Corporación de Servicios Asistenciales de Magangué, un total de 818.608.965 pesos.
  • Comfamiliar le debe al Fire y Fundación Unidad de Cuidados Intensivos Doña Pilar, $780.197.635.
  • Coomeva debe al Centro Neuroradioncológico de Cartagena, $58.703.928.
  • Comparta debe a la Unidad Oftalmológica de Cartagena $19.623.050.
  • Coosalud adeuda $2.527.200 al Centro Neuroradioncológico.
  • La Secretaría de Salud de Bolívar debe a la Clínica General del Norte $307.488.162; a la Casa del Niño $262.068.922; al Centro Neuroradioncológico 38 millones 500 mil pesos; al Fire $221.539.505; a Dumian Medical $41.412.767 y a la Clínica General del Caribe $145.039.162.
  • Sanitas adeuda a Cemic $64.477.482  y a UCI del Caribe $47.292.744.
  • Famisanar debe a Clínica General del Caribe $10.702.962; a Servicios Fonoaudiológicos del Caribe $23.525.509 y a la Unidad Oftalmológica $10.602.814.
  • Medimás debe a la UCI Neonatales de Magangué $15.567.345 y a la Unidad Oftalmológica de Cartagena, $67.466.461.
  • Nueva EPS a Servicios Fonoaudiológicos del Caribe $6.007.500 y a la Corporación de Servicios Asistenciales de Magangué $18.566.690.
  • Saludvida EPS debe pagar a la Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja – Casa del Niño, $215.007.790.

Lo que estas EPS deben cancelar a las IPS y ESE en Bolívar y Cartagena, corresponde a 6.397 millones 413 mil 820 pesos. Estos son acuerdos con mérito ejecutivo, es decir, que pueden demandar ante un juzgado el incumplimiento.

 

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Proyecto de ley 010: Más de 100 organizaciones piden archivarlo

Más de 100 organizaciones gremiales, sociales y sindicales radicaron ante el Congreso de la República una carta mediante la cual se pide que el proyecto de ley 010 de 2020 sea archivado.

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Proyecto de ley 010 Más de 100 organizaciones piden archivarlo

Más de 100 organizaciones gremiales, sociales y sindicales radicaron ante el Congreso de la República una carta mediante la cual se pide que el proyecto de ley 010 de 2020 sea archivado. La carta señala que el proyecto de ley es contrario al ejercicio del derecho fundamental a la salud.

“Se constituye en una profundización del negocio de la salud por medio de oligopolios y monopolios de intermediarios financieros; retoma normatividad vigente y fallida, que no ha resuelto los problemas visibilizados por la pandemia, con la profunda crisis de la salud que describe la exposición de motivos de la iniciativa; y otras normas que no han podido ser implementadas por la estructura del modelo de salud, que se fundamenta en la intermediación financiera de las EPS y en la afiliación individual a un pretendido e inexistente sistema de aseguramiento, que obstaculiza las posibilidades de desarrollar un sistema basado en la atención primaria en salud”, señala la misiva.

Adicionalmente, se argumenta que este proyecto de ley es una burla para el personal de salud, que debido a la pandemia está atravesando un momento de crisis, ya que no establece nada nuevo ni beneficioso para el talento humano en salud además, dejando de lado los problemas de precarización laboral que viven estos profesionales.

Así mismo, los gremios y organizaciones destacan que el proyecto de ley 010 insiste en modelos privatizadores de salud que no han dado resultado en el país. “la red de hospitales públicos es la columna vertebral de cualquier sistema de salud en el mundo, junto con la estrategia de atención primaria articulada en redes de prestación de servicio con niveles de atención de mayor complejidad” resalta la carta.

Otro llamado que hace el grupo de organizaciones es asumir el problema de las zonas dispersas ya que el modelo actual es un “fracaso”, dejando de lado a los cerca de 22 millones de colombianos que tienen problemas para acceder a instituciones prestadoras de servicios de salud.

“Pretender que la red de atención hospitalaria se mantenga por venta de servicios es realmente delirante y lo único que ha conllevado es a la desaparición de la red pública hospitalaria, dejando la población sin alternativas de atención en salud, lo cual ha sido evidenciado en esta pandemia”

Por otro lado, la carta sostiene que pese a la implementación del Acuerdo de Punto Final, a la fecha las EPS y entidades territoriales adeudan 9.6 billones de pesos a los hospitales públicos, según la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos -ACESI- lo que en su opinión debilita aún más la red de prestadores públicos.

¿Archivar el proyecto de ley 010 de 2020?

Por las razones anteriormente planteadas, entre otros argumentos los voceros gremiales sustentan que el proyecto de ley 010 de 202 no resuelve la crisis del sistema de salud, que según establecen es de carácter humanitario ético, financiero, de derechos humanos, de salud pública y de transparencia institucional.

Entre las organizaciones que piden el archivo de este proyecto de ley, se encuentra la facultad de medicina de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia , Fecode, ACESI, la Federación Médica Colombiana, el colectivo Dignidad Médica Colombia, ANEC, el Colegio Nacional de Bacteriología, la Asociación Colombiana de Fisioterapia, el Gremio Odontológico Colombiano, ASMEDAS, ACEM, ACOME, el Colegio Médico de Colombia, ANIR, entre otros.

La carta analiza detenidamente cada uno de los artículos del proyecto de ley que suponen un obstáculo en el ejercicio del derecho a la salud, y finaliza argumentado: “honorables Congresistas, es su deber constitucional servir al pueblo colombiano, que es su elector y detenta la soberanía que ustedes representan; también es su deber ajustar su accionar parlamentario a la Constitución Política, que es la carta rectora de las leyes que ustedes generan en esta corporación. Por esta razón, solicitamos muy respetuosamente se retire o archive este proyecto de ley, que es contrario a las aspiraciones de cambio, que develó la crisis sanitaria que enfrentamos, y es contraria al derecho fundamental a la vida y a la salud de los colombianos y colombianas

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Vía libre para que Colombia invierta en vacunas experimentales contra la covid-19

Recursos del FOME para la salud sí pueden financiar investigaciones para la vacuna contra la covid-19.

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Vía libre para que Colombia invierta en vacunas experimentales contra la covid-19

El Consejo de Estado, a través de la sala de consulta y servicio civil, dio vía libre para invertir dineros públicos en vacunas en experimentación contra la Covid-19, la decisión se dio luego que el Ministerio de Salud hiciera un llamado de urgencia a esta sala con el fin de solicitar el uso de los recursos públicos asignados a la salud.

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La solicitud hecha por el Ministerio tenía objeto la limitación establecida en el artículo 15 de la ley 1751 del 2015 (ley estatutaria) que restringe la posibilidad de que el Estado colombiano financie con los recursos públicos destinados a la salud investigaciones de moléculas en fase de experimentación. Asimismo, la normativa también impedía el anticipo solicitado por los laboratorios farmacéuticos para garantizar una distribución oportuna de la mencionada vacuna.

Vía a libre para invertir en vacunas experimentales

Ante esta solicitud por parte del Ministerio de Salud, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptuó que las investigaciones con miras a la vacuna de la COVID-19, así como el anticipo solicitado por las farmacéuticas para garantizar las eventuales dosis, sí pueden ser financiados con los recursos para la salud que provengan del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que fue creado para agilizar los procesos de financiación generados por las diversas calamidades propias de la pandemia.

Asimismo, el Consejo de Estado manifestó “es inaplicable la prohibición prevista en la ley que regula el derecho fundamental a la salud y que impide que recursos previstos para brindar esta garantía puedan ser utilizados en la financiación de servicios y tecnologías que se encuentren en fase de investigación”.

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Además, agregaron, “los recursos ordinarios para la salud sí pueden ser empleados en las investigaciones y para pagar el anticipo exigido por las farmacéuticas, siempre y cuando los recursos del Fome terminen siendo insuficientes para tales fines. Ello se explica porque la gravedad de la pandemia así lo exige, lo cual se acoge a los presupuestos de inaplicabilidad de la restricción de uso de recursos de la salud para iniciativas que están en fase de investigación, que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional (Sentencia C-313 del 2014)”.

Finalmente, el alto tribunal concluyo diciendo que, si el Gobierno decide realizar una inversión como la aquí descrita, debe recurrir inicialmente al Fome.

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Aislamiento selectivo individual se mantiene en octubre

Gobierno anunció que el aislamiento selectivo se mantiene con las mismas reglas que hasta ahora se han llevado en septiembre para el mes de octubre.

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El Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, amplió hasta el mes de octubre la vigencia del Decreto 1168 que regula la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable, cuya vigencia expiraba a las cero horas (00:00 a.m.) de este primero de octubre.

El anuncio lo hizo el Presidente Iván Duque en el especial de televisión ‘Prevención y Acción’, que se emite desde la Casa de Nariño.

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“Como estamos próximos a terminar el mes de septiembre quiero, también, dejar claro que el decreto que nosotros expedimos para el primer mes, desde que nosotros decretamos el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable, se va a extender durante todo el mes de octubre”, afirmó el Jefe de Estado.

De acuerdo con el primer Mandatario, se mantiene las mismas reglas que hasta ahora se han  llevado durante el mes de septiembre en el mes de Octubre, estas incluyen la prevención de aglomeraciones.

El Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable traza pautas para que los colombianos puedan ir retomando su vida productiva, pero con observancia de las normas de autocuidado y el cumplimiento de los protocolos.

Según el decreto 1168, el Teletrabajo  durante la etapa del aislamiento selectivo  seguirá bajo los siguientes señalamientos “las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares”.

Asimismo, los viajes por carretera continúan permitidos, siempre y cuando ninguno de los viajeros tenga covid-19 o presente síntomas. En cuanto al transporte intermunicipal, también seguirá habilitado. En los lugares de alta afectación puede hacerse gradualmente y con control de aforo.

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Para el caso de las terminales aéreas desde el mes de septiembre inició la reactivación en los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón, de Cali; El Dorado, de Bogotá; José María Córdova, de Rionegro (Antioquia) y el Rafael Nuñez, de Cartagena, quienes seguirán funcionando bajo la medidas estipuladas por el Gobierno Nacional.

Finalmente, los destinos internacionales que los colombianos podrán seguir  visitando incluyen a Estados Unidos, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala.

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