Corte Constitucional suspende por 30 días la mesa técnica de la UPC 2024: cuestiona participación y riesgos financieros

La Corte Constitucional de Colombia ordenó suspender por 30 días las sesiones de la mesa de trabajo técnica creada por el Ministerio de Salud y Protección Social para revisar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del año 2024. La decisión se formalizó a través del Auto 504 del 22 de marzo de 2025, como medida cautelar adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, debido a riesgos sustanciales sobre la participación efectiva de los actores del sistema y la sostenibilidad financiera del aseguramiento en salud.

La orden afecta directamente el desarrollo de las mesas organizadas bajo la Resolución 370 de 2025, cuyo objetivo era evaluar la suficiencia financiera de la UPC —el valor que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado para cubrir los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS)—. De acuerdo con la Sala, el Ministerio de Salud deberá reiniciar dichas mesas en caso de que, al momento de notificarse la decisión, estas ya hubieran concluido.

Fallas en participación y técnica normativa

El pronunciamiento judicial, suscrito por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas (ponente), Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade (este último con salvamento de voto), se basa en dos hallazgos clave:

1. Desconocimiento del rezago acumulado y revisión de insuficiencia: La Corte encontró que el diseño y desarrollo de la mesa no consideraba adecuadamente los rezagos de la UPC de años anteriores ni cumplía con el resolutivo 3.1 del Auto 007 de 2025, que ordenaba una evaluación integral de la suficiencia de los recursos.
2. Déficit de participación efectiva: La Sala también documentó falencias en la convocatoria, desarrollo y dinámica de participación, lo cual comprometería el derecho de los actores del sistema a incidir en decisiones que afectan directamente el aseguramiento y la calidad de la atención.

“El desarrollo de la mesa estaba desconociendo la revisión de la insuficiencia, los rezagos de los años anteriores y los parámetros del resolutivo 3.1. del Auto 007 de 2025”, indicó la Corte.

A juicio de la corporación, la Resolución 370 de 2025 no atendió los parámetros definidos en los autos judiciales previos y, por tanto, “pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema de salud y el principio de participación en salud, lo que deriva en la vulneración del derecho”.

Una pausa para garantizar una política pública legítima

Con esta decisión, el alto tribunal busca prevenir “decisiones regresivas” que comprometan el financiamiento del PBS o generen impactos negativos sobre el aseguramiento. Para ello, exige que las mesas técnicas se construyan con “principios técnicos, financieros y democráticos sólidos”.

La medida tiene como contexto los reiterados llamados de la Corte a garantizar una evaluación seria, participativa y transparente de la UPC, elemento estructural del modelo de salud colombiano, especialmente en un momento de alta presión financiera para EPS, IPS y entidades territoriales.

Además, la decisión deja en claro que el Ministerio de Salud deberá reiniciar el proceso de concertación técnica si al momento de recibir la notificación las sesiones ya habían concluido. “El Ministerio deberá reiniciarlas conforme a los parámetros que se plantean”, subraya el auto.

Implicaciones para el Ministerio y el sistema de salud

La decisión de la Corte se suma a un contexto de mayor escrutinio institucional sobre las decisiones financieras en salud. Con la suspensión de la mesa de revisión de la UPC 2024, el Ministerio de Salud deberá ajustar el diseño normativo y metodológico de su política, asegurar mecanismos reales de participación, y garantizar que las decisiones sobre tarifas no comprometan la estabilidad del aseguramiento ni vulneren derechos adquiridos.

En el plano político, la medida representa también una advertencia sobre el alcance de las funciones del Ministerio cuando estas deben alinearse con los fallos judiciales y los estándares mínimos de deliberación democrática. Es clave mencionar que la Corte Constitucional no solo suspendió temporalmente una mesa técnica, sino que envió un mensaje claro sobre la importancia de fortalecer la legitimidad, participación y rigor técnico en la definición de políticas que impactan la salud de millones de colombianos.