El 83% de las tutelas en Medellín en 2024 fueron por salud: Personería alerta crisis estructural

La Personería Distrital de Medellín presentó su informe de gestión correspondiente a 2024 donde dio a conocer que las acciones de tutela interpuestas aumentaron en un 25 %, pasando de 13.130 en 2023 a 16.497 durante el último año. Este incremento evidencia una creciente judicialización de los derechos fundamentales, particularmente del acceso a los servicios de salud, que se consolida como la principal demanda ciudadana atendida por la entidad.

De acuerdo con el informe presentado por el personero distrital, Mefi Boset Rabe Gómez, el 83 % de las tutelas estuvieron enfocadas en garantizar el derecho a la salud, lo que equivale a más de 13.700 casos. El documento califica esta situación como una “problemática estructural” que afecta gravemente la garantía efectiva de derechos y que “requiere especial atención por parte del Estado y de las instituciones públicas”.

La entidad también informó que 25.980 personas acudieron a la Personería para consultas y asesorías relacionadas con servicios de salud, lo que convierte este derecho en el más consultado, el más vulnerado y el más tramitado en el sistema distrital de defensa de derechos humanos.

Adultos mayores y mujeres: los más afectados por fallas del sistema

El perfil de los usuarios atendidos por la Personería permite identificar con precisión a los sectores más golpeados por la crisis. El 61,6 % de los usuarios son mujeres, muchas de ellas madres cabeza de familia, y una alta proporción pertenece al grupo etario entre 48 y 67 años, es decir, adultos mayores que enfrentan mayores dificultades para navegar el sistema asistencial.

Asimismo, el 13 % de los usuarios corresponde a población clasificada como vulnerable, incluyendo migrantes, personas LGBTIQ+, indígenas y afrodescendientes. En total, más del 60 % de quienes acuden a la Personería por asuntos de salud se encuentran en situación de riesgo social o económico, lo cual agrava la inequidad en el acceso a servicios esenciales.

Este patrón sociodemográfico refuerza la tesis de que la salud en Medellín no solo se enfrenta a problemas de cobertura o eficiencia, sino a una crisis de equidad que excluye sistemáticamente a quienes tienen menor capacidad de agencia o menor acceso a rutas formales de atención.

Colapso documentado en urgencias, medicamentos y cirugías

Una de las advertencias más graves contenidas en el informe se refiere al estado crítico de los servicios de urgencias y al desabastecimiento de medicamentos esenciales. La Personería, a través de su Unidad Permanente de Derechos Humanos (UPDH), ha documentado decenas de casos de reprogramación injustificada de cirugías, demoras prolongadas en autorizaciones y la no entrega de fármacos vitales.

El informe utiliza términos contundentes para describir el escenario: “La ciudad vive un momento complicado, un momento de crisis en salud, con riesgo inminente”. Entre los medicamentos con mayores fallas se mencionan los utilizados en quimioterapias, tratamientos para trasplantados, insulina para diabetes y medicamentos para enfermedades crónicas.

Además, se reporta que las urgencias de las instituciones públicas y privadas están colapsadas, afectando tanto a los pacientes como al personal médico. Esta crisis ha llevado a la UPDH a intensificar sus jornadas de verificación territorial, con un aumento del 53 % en los recorridos de inspección respecto al año anterior.

Modelo desconcentrado: más cobertura, pero también más demanda

Frente a esta coyuntura, la Personería Distrital ha implementado una estrategia de expansión territorial y de horarios, con el fin de acercar la oferta institucional a las comunidades más afectadas. En total, durante 2024, 88.329 personas fueron atendidas por la entidad, un aumento del 30 % frente al año anterior.

El modelo de desconcentración incluyó la atención en tres nodos principales:

• Sede central: 62.000 atenciones.
• UPDH: 22.500 atenciones.
• Casas de Gobierno: 3.551 atenciones.

Una innovación clave fue la ampliación de los horarios de atención entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m., lo que permitió aumentar la capacidad de atención en franjas no laborales. En uno de los días con mayor demanda, la Personería logró atender a 450 personas, superando con creces el promedio mensual.

No obstante, este crecimiento en la cobertura también revela una sobrecarga institucional, impulsada por el hecho de que los canales formales del sistema de salud están fallando en la atención inicial. La Personería se ha convertido así en el punto de acceso final para muchos ciudadanos desesperados.

Acciones judiciales y crisis de confianza, ¿puede el Estado responder?

El recurso de la acción de tutela, si bien es una herramienta valiosa para la defensa de derechos, no debería ser el medio ordinario para acceder a servicios básicos de salud. El informe de gestión señala con preocupación que la judicialización masiva del derecho a la salud está colapsando también el sistema judicial, con sobrecarga en los despachos y demora en las decisiones.

La institucionalidad local parece estar enfrentando un doble colapso, el del sistema de salud y el del sistema de justicia, que se convierte en red de contención ante la ineficiencia administrativa. La tutela, en este contexto, deja de ser una herramienta excepcional y se transforma en el “pasaporte obligatorio” para acceder a un medicamento, una cirugía o una cita con especialista.

El informe de la Personería no solo denuncia, sino que formula un llamado explícito al Estado colombiano, al gobierno local y a las autoridades del sector salud para que respondan con prontitud y eficacia. Se demanda la implementación de medidas estructurales que fortalezcan la red de atención, aseguren el abastecimiento de medicamentos y reduzcan la necesidad de acudir a la vía judicial.

“El fenómeno de las tutelas no puede ser naturalizado como parte del sistema”, destaca la Personería, insistiendo en que una sociedad justa y funcional garantiza los derechos desde la oferta institucional, no desde el litigio individualizado.