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Corte ordena garantizar higiene mestrual de habitantes de calle

La Corte Constitucional estudió el caso de una mujer en situación de habitanza de calle en Bogotá, quien para su higiene menstrual suele usar trapos, reutilizar toallas higiénicas que encontraba en la basura.

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Corte ordena garantizar higiene menstrual de habitantes de calle

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional estudió el caso de una mujer en situación de habitanza de calle en Bogotá, quien durante su menstruación suele usar trapos, reutilizar toallas higiénicas que encontraba en la basura o las que en algunas ocasiones puede adquirir, ya que carece de posibilidades de gestionar su higiene menstrual.

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Esto constituye, en concepto de la Corte, una flagrante violación de la dignidad humana y de los derechos fundamentales a la salud.

Por tal razón, impuso a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D. C., o a la autoridad competente, encargarse del suministro de dichos materiales de higiene menstrual adecuados a las mujeres en situación de habitanza de calle.

Dignidad humana

La Corte explicó que dentro de las facetas de la dignidad humana, se encuentra la de permitir la realización de un proyecto de vida propio y que esto se entrelaza con las graves limitaciones que se generan en relación con las mujeres habitantes de calle, quienes no solo carecen de recursos económicos, sino que, a su vez, se ven obligadas a sobrellevar su periodos menstruales sin condiciones mínimas de salubridad.

La Corte enfatizó que la menstruación es un proceso biológico, propio del ciclo de la vida de las mujeres, que ha sido utilizado para excluirlas, entre otros, de los espacios educativos, laborales y sociales –familiares, entre otros–, por considerarlo un tabú de lo femenino.

Esto se agudiza cuando la mujer está en situaciones de vulnerabilidad, como la habitanza de calle, que les impide el goce de sus derechos fundamentales. 

Tras analizar el contenido de la dignidad humana y del derecho a la salud en la dimensión sexual y reproductiva, la Sala Novena de Revisión concluyó mediante la sentencia T-398 de 2019 que el Estado se encuentra en la obligación de brindar instalaciones adecuadas, para que las mujeres puedan realizar las distintas actividades,entre ellas, la higiene.

Asimismo recalcó que el Estado debe tomar medidas necesarias, para que las situaciones de estigmatización y exclusión sean superadas.

Derechos sexuales y reproductivos

La Corte también señaló que los derechos sexuales y reproductivos tienen un carácter reforzado a partir de la dimensión funcional de la dignidad humana, y que allí se encuentra lo relacionado con el manejo de la higiene menstrual, que es el derecho de toda mujer a usar adecuadamente el material para absorber o recoger el líquido menstrual.

Este derecho, a su vez, se compone de cuatro condiciones esenciales, precisa la Corte:

  • El empleo de material idóneo para absorber el líquido
  • La capacidad para hacer el cambio de dicho material en privacidad y tan seguido como sea necesario
  • El acceso a instalaciones, agua y jabón para lavar el cuerpo, así como para desechar el material usado
  • La educación que permita comprender los aspectos básicos relacionados con el ciclo menstrual y cómo manejarlos de forma digna y sin incomodidad alguna.

Asimismo, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional indicó que, cuando las acciones estatales involucran a personas en situación de habitanza de calle, le corresponde al Estado garantizar las condiciones mínimas de vida digna.

Para ello, sostuvo la Corte, debe prestar asistencia y protección a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, bien de manera directa, a través de la inversión en el gasto social o bien mediante la adopción de medidas concretas en su favor.

Vulneración de los derechos

La Corte consideró, a partir de tal análisis, que las entidades accionadas y vinculadas al proceso vulneraron la dignidad humana y los derechos sexuales y reproductivos de la habitante de calle por los siguientes motivos:

  • No existe una política integral de manejo de higiene menstrual, con unos componentes mínimos
  • Falta colaboración adecuada entre la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá.
  • No hay un registro adecuado de los servicios prestados a la habitante de calle sobre la entrega de insumos para su higiene menstrual.

¿Qué ordena la sentencia?

La sentencia ordena a la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá suministrarle a la habitante de calle los insumos adecuados para su higiene menstrual.

Por otra parte, dispuso que la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá., en colaboración armónica con las demás secretarías distritales y en un plazo prudencial, diseñen y lideren, la política pública territorial en materia de manejo de higiene menstrual.

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Mientras dicha política pública es adelantada, se ordenó a la Secretaría Distrital de Integración Social implementar un plan de contingencia, que comprenda acciones concretas para el suministro del material absorbente idóneo a favor de esta población.

Este plan debe incluir un sistema de registro adecuado sobre la elección del material y el número de entregas.

Además, exhorta a los entes territoriales a revisar sus políticas públicas de salud y de habitanza de calle.

La revisión debe incluir el componente de gestión de higiene menstrual.

Si los entes territoriales no contasen con una política pública, la sentencia exhorta a diseñarla conforme a los lineamientos establecidos en la decisión.

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Ultima Tutela sobre caso SaludVida EPS

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fallo de tutela saludvida EPS

El juzgado primero civil del circuito en Oralidad de valledupar el pasado catorce de noviembre desestimó la mayoría de las pretensiones de la accionante Digna Victoria Afanador contra el accionado, la Superintendencia Nacional de Salud.

También puede descargar al final de este artículo el comunicado de respuesta de la Supersalud sobre el tema.

pretensiones

Atendiendo a los supuestos fácticos el accionante solicita tutelar el derecho fundamental a la salud, igualdad y a la vida de los accionantes, ademas pretendiendo lo siguiente:

    null
  • Dejar sin efectos la resolución 008896 del 01 de octubre del 2019, mediante el cual la Superintendencia de Salud ordena la toma de posesión de los bienes, haberes, y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar SALUDVIDA S.A E.P.S.
  • Se suspendan los efectos de la Resoluci6n N° 008896 del 01 de octubre  del  2019 se mantenga  intervenida  la E.P.S y se realice el analisis tecnico,  imparcial y serio a los argumentos y pruebas aportadas en el recurso de reposici6n de tal manera que se establezca si es viable o no la empresa SALUDVIDA E.P.S.
  • Se ordene a la SNDS, que de cumplimiento de la resoluci6n 006326 del 28 de junio del 2019, por medio del cual se prorroga la medida de vigilancia hasta el 28 de diciembre del 2019.
  • Que se ordene a la SNDS, que revoque el acto administrativo por medio del cual se ordenó la liquidación de la E.P.S, ya su vez expida un acto en la que se defina claramente el plan de acción frente al impacto negativo que tiene el cierre con respecto a la continuidad del tratamiento de los afiliados y no se les afecten sus derechos fundamentales.

reten de PROTECCIÓN constitucional

Habida cuenta de esta situación, utilizando los poderes que otorga la Constitución a sus guardianes que por excelencia son los jueces de la República y apelando a los axiomas del derecho natural, en conjunto con el bloque de constitucionalidad, se ordenara la creación de un reten de protección constitucional, especial para las personas que han demostrado estar en situación excepcional y a quienes se les ha impuesto el mismo trato que a la generalidad de los usuarios.

debido proceso administrativo

En lo que concierne a la vulneración del Debido Proceso Administrativo deprecado por los accionantes, nos acogemos a la jurisprudencia de la Corte Constitucional antes citada, en virtud a que si bien es cierto, existen algunas irregularidades en el acto administrativo demandado, esta situación escapa al juez de tutela, toda vez que cuentan con un mecanismo judicial idóneo para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la Resolución numero 008896 del 1 de octubre de 2019.

Recordemos que la tutela tiene un tramite de carácter residual, esta no esta diseñada para dirimir controversias de la validez, ni legalidad de los actos administrativos. En consecuencia, se denegara la protección del derecho fundamental del Debido Proceso.

Y como SI lo anterior no fuera bastante, quienes solicitan la protección del derecho fundamental del Debido Proceso son los afiliados a SALUDVIDA E.P.S, y en nuestro sentir, no se encuentran legitimados para hacer esta petición, toda vez que si bien a ellos les afecta el plurimencionado acto administrativo, también es verdad que los llamados a reclamar derecho conculcados en un eventual caso, seria SALUD VIDA EPS en liquidación, razón por la cual no se tutela por improcedente la posible vulneración del debido proceso.

ratificacion

En ese sentido, y teniendo en cuenta que la medida provisional decretada en providencia de fecha 22 de octubre del 2019, ha sido incumplida se ratificará y se emitirá una orden protectora que se conjugue con el propósito de la Medida decretada, por cuanto lo que debe privilegiarse es la materialidad de los derechos esenciales de los menesterosos ciudadanos, consagrados en la carta política, cuyo valor fundante es la dignidad humana; de ahí que los principios y valores que irradian la constitución, de cara a la realidad que afrontan los afiliados de SALUDVIDA EPS son el principal soporte de la presente decisión.

decisiones

TUTELAR los derechos fundamentales de la salud, vida digna y seguridad social a los menores.

ORDENAR al SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD que de manera coordinada con el Agente Liquidador de SALUDVIDA S.A E.P.S, o quienes hagan sus veces, que dentro del termino de 48 horas siguientes, contados a partir de la notificación de esta providencia, adopte las medidas pertinentes, con el fin de garantizar a los actores de la presente tutela, la prestación continua y eficaz de los servicios de salud que requieren por las patologías que los agobian, tal servicio estará a cargo de SALUDVIDA S.A E.P.S, hasta tanto se determine la EPS que asumirá los servicios de salud de cada uno, conforme lo motivado

Ratificar la medida provisional datada octubre 22 del presente año, dada las motivaciones anteriores.

descargue

Fallo de tutela caso Saludvida EPS contra Superintendencia Nacional de Salud y Comunicado de la Supersalud sobre el fallo de tutela

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Caso colombiano abre luz de esperanza a enfermos de alzhéimer

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El Alzheimer no es solo una enfermedad de la vejez. El Alzheimer de inicio temprano (también conocido como de inicio precoz) afecta a personas de menos de 65 años. Alrededor de un 5 por ciento de los más de 5 millones de estadounidenses con Alzheimer tienen inicio temprano.

Durante varios años los científicos han investigado la enfermedad y sus comportamientos tratando de encontrar una cura que ayude a tratarla, por esto, la aparición de una mujer que parece inmune a esta enfermedad se convirtió en una luz de esperanza para pacientes en todo el mundo.

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Una publicación realizada por la revista Nature Medicine reveló el caso de una paciente antioqueña y ofrece información sobre por qué algunas personas pueden ser más resistentes que otras al alzhéimer y puede llevar a crear estrategias que “retrasen o prevengan” su aparición.

El documento menciona que algunas personas son portadoras de mutaciones en genes que se sabe que propician la aparición temprana del alzhéimer, sin embargo, no muestran síntomas hasta edades muy avanzadas, por lo que estudiarlas puede revelar información de las variantes genéticas que reducen el riesgo de desarrollar esta y otras formas de demencia.

La investigación

Luego que expertos del Hospital General de Massachusetts (EE. UU), en colaboración en el Instituto Schepens de Investigación Ocular (EE. UU) y la Universidad de Antioquía (Colombia) conocieran este caso particular, centraron su investigación en esta mujer quien contaba con una familia conocida de más de 6.000 miembros vivos en Colombia y que hasta los 70 años no mostró un ligero deterioro cognitivo, casi tres décadas después de la edad típica de inicio en los casos de alzheimer temprano.

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¿Qué identificaron los expertos en este particular caso?

Según detalles expuestos en el documento, la  paciente es portadora de la mutación E280A en un gen llamado Presenilin 1 (PSEN1), que causa alzhéimer temprano, pero lo particular del este caso es que al contrario de sus familiares que sí empezaron a sufrir pronto la enfermedad ella tardó décadas en empezar a manifestarla.

Lo que diferenciaba a esta mujer de sus otros familiares es que además tenía dos copias de una variación genética conocida como ChristChurch, por el nombre de la ciudad de Nueva Zelanda donde se localizó por primera vez y que afecta al gen APOE3.

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Las pruebas informan los expertos que la paciente sufría una pequeña neurodegeneración y que mostraba niveles “inusualmente altos” de depósitos de beta amilioideos en el cerebro, lo cual es un signo del alzhéimer, sin embargo, la formación de ovillos de proteína tau, que es otra característica, era muy limitada.

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Los investigadores “sospechan que portar dos copias de la APOE3ch pude retrasar el inicio clínico del alzhéimer”, según indica el análisis del documento.

Finalmente, este caso único “abre una nueva puerta para tratamientos frente a la enfermedad de alzhéimer, basados más en la resistencia ante la patología que en la causa de la enfermedad”, según Tajeek Quiroz, uno de los miembros del equipo y que trabaja en la Hospital General de Massachusetts.

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Hospital San Rafael de Itagüí entraría en paro por incumplimiento en pagos

Estas fueron las declaraciones de Ricardo Sanmartín, enfermero profesional y líder de los trabajadores, quien denunció irregularidades en el pago de los salarios por parte del hospital.

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Profesionales médicos del hospital San Rafael de Itagüí, entrarían en paro por 24 horas, tras verse afectados repetidamente en el pago de sus salarios. Son por lo menos alrededor de 300 trabajadores de diferentes áreas del hospital quienes en protesta por el incumpliendo cesarán sus actividades.

Los profesionales en salud manifestaron que algunos incluso cumplirían  seis meses de retraso en los pagos denomina.

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Ricardo Sanmartín, enfermero profesional y líder de los  trabajadores, indicó que tras estos incumplimientos se vieron obligados a realizar un plantón a las afueras de la institución, suspendiendo así los servicios en consulta general y especialidades. El hospital solo contará con la prestación de urgencias vitales.

Sanmartín explicó que la situación es crítica, debido a que en su caso hace cuatro meses que no recibe salario y en casos como los de algunos especialistas ya llevan ocho meses esperando que el hospital se ponga al día con sus pagos.

la Justificación del hospital

“La justificación es que las EPS no pagan, pero los bancos no nos dan espera, los arriendos no esperan y menos las EPS con que cuidamos a nuestros hijos”, manifestó Sanmartín.

Por otra parte, los profesionales han  manifestado que avanzan en la creación de un comité, con el que esperan llegar a acuerdos con las directivas del hospital, iniciando los encuentros en la tarde de este miércoles. El objetivo es, además de empezar a recibir sus salarios atrasados, retomar la prestación de todos los servicios en el hospital, para que los pacientes no se vean afectados en la prestación del servicio.

¿Qué sucede con las deudas que tiene el Hospital con Fedsalud que  ascienden a más de 4.000 millones de pesos?

En medio de la crisis que debe resolver con los trabajadores, el hospital también deberá afrontar varios procesos en los juzgados, entre ellos la demanda interpuesta por Fedsalud, la federación de trabajadores de la salud que les dejó de prestar sus servicios hace aproximadamente seis meses, debido a las deudas.

Según declaraciones expuesta en un medio nacional, Esteban Bustamante, director ejecutivo de Fedsalud, explicó que el hospital les adeuda hace más de un año 2.000 millones en pagos a personal de enfermería y más de 2.050 millones de pesos de pago de especialistas, por lo que interpusieron una demanda en el Juzgado Segundo de Itagüí.

Ratificó que es alarmante la situación que atraviesa el hospital e insistió en un necesario pronunciamiento por parte de los entes de control para que verifiquen que esta sucediendo en este caso específico.

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