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Corte Constitucional: “no se pueden negar servicios de salud a menores extranjeros”

La Corte Constitucional advirtió que Estado está en la obligación de prestar los servicios de salud a los menores de edad que tengan enfermedades sin importar su nacionalidad.

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Corte Constitucional advirtió que no se pueden negar servicios de salud a menores extranjeros

A través de la Sentencia T- 090/21 la Corte Constitucional protegió el derecho fundamental a la salud de un menor de edad de nacionalidad venezolana, a quien se le negó una autorización para ser atendido por una enfermedad cardíaca que padece.

Según los antecedentes, la madre del niño presentó una tutela en contra del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, entidad que negó la autorización de las citas de control de cardiología pediátrica, a pesar de que al menor de seis años se le practicó un procedimiento quirúrgico de tipo cardiovascular para conexión del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, cierre de comunicación interventricular, ligadura de colateral y cierre de comunicación intraauricular, en una IPS de Cúcuta, en mayo del año pasado.

La institución que negó los servicios argumenta que el niño no está en un estado de salud de emergencia o en el que corra peligro su vida. Adicionalmente, señalaron que el menor de edad se encuentra en el país en situación irregular, siendo obligación de los extranjeros venezolanos (en este caso la madre del menor) legalizar su permanencia en el territorio nacional.

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Ante la situación, la  Sala Séptima de revisión, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, indicó que la atención de urgencias debe verse con enfoque de derechos humanos y de manera integral, es decir, para este caso el procedimiento requiere un seguimiento mínimo por parte del profesional adecuado.

“No es admisible el argumento invocado por el ente accionado que, habiendo autorizado la cirugía de corazón que necesitaba con urgencia el niño, niegue los servicios ordenados por el médico tratante, por el mero hecho de que el menor no cuente con un documento de identificación válido que sirva para afiliarse al SGSSS”, aseveró la Corte.

Decisión de la corte constitucional

Adicionalmente, la sentencia especifica que el Estado está en la obligación de prestar los servicios de salud a los menores de edad que tengan patologías físicas o mentales y asegurarles un tratamiento integral adecuado y especializado conforme a la enfermedad que padezcan. De esta obligación no se exceptúan los niños, niñas y adolescentes migrantes, así su situación de permanencia no esté regularizada.

La Sala Séptima recalcó que “no es deber de los menores asumir una carga pública que, por razones de su edad y su condición de vulnerabilidad derivada de su afección, le es atribuible a sus representantes legales, sin que la falta de diligencia de estos últimos, en lo que se refiere a la legalización de su estado migratorio, pueda proyectarse negativamente en el goce efectivo de los derechos fundamentales de sus hijos”

No obstante, la Corte menciona que ha sido reiterativa en la advertencia de situaciones excepcionales que permitan avanzar en una línea de protección que admita una cobertura médica más allá de la atención inicial de urgencias, para el caso de extranjeros en situación de irregularidad que padecen enfermedades graves.

Finalmente, la sentencia dio un plazo de 48 horas al prestador para que autorice las citas que el menor requiere de cardiología pediátrica y los exámenes que le fueron ordenados, los cuales deberán realizarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la autorización. Del mismo modo, advierte a la entidad obtenerse de negar los servicios de salud que el menor requiera.

Para terminar el fallo hace un amado a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia para que, en un plazo de un mes, se pronuncie de fondo respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado que presentó la madre del menor el pasado mes de febrero.

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Vacunación a comunidades indígenas comienza en Bogotá

La Secretaría Distrital de Salud informó que, según lo dispuesto por el Gobierno Nacional, ha comenzado la inmunización para el coronavirus en las comunidades indígenas que habitan en la capital del país

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La Secretaría Distrital de Salud presentó nuevos avances del Plan de Vacunación contra covid-19. En la ciudad actualmente se adelantan la etapa 1 y 2, siendo el objetivo principal los adultos mayores. De igual manera, se está implementando la etapa 3 con los requerimientos que ello implica. Sin embargo, también merece un reconocimiento la labor que las autoridades de salud realizan con las comunidades indígenas, para brindar mayor información sobre la vacunación y su importancia.

Hasta el momento se ha realizado trabajo pedagógico con las comunidades Muisca (de Bosa y Suba), Pastos, Kichwa, Monifue Uruk-Uitoto, Inga y Camëntsá Biya. Pero, se están realizando acciones pedagógicas para lograr estos acercamientos con otros grupos indígenas que no fueron mencionados pero que también habitan en la capital del país. En lo referente a la vacunación, la entidad informó que las jornadas comenzaron el 5 de mayo con la inmunización del pueblo Muisca, residente en Suba, que fue vacunada dentro de su propio cabildo.

En esa oportunidad, 68 adultos mayores fueron inmunizados. Se espera llevar a cabo una segunda jornada este 14 de mayo, con el fin de inocular el fármaco con la población restante. “Firmamos un acuerdo entre nuestra medicina ancestral y la occidental para combatir a este coronavirus. Todos son bienvenidos, invitamos a que se apliquen las vacunas, para lo cual pueden comunicarse con sus comuneros o líderes para ser incluidos en las bases de datos”, indicaron las autoridades del Cabildo Muisca de Suba en el que invitaron a su comunidad a integrarse al Plan Nacional de Vacunación.

La segunda comunidad indígena con la que se ha tenido mayor cercanía en este proceso es Los Pastos. Para ellos se programó su vacunación en las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional, en el que se vacunaron 13 personas el pasado 9 de mayo. También se espera programar una segunda jornada para que los adultos mayores de esta comunidad sean inmunizados.

Para el próximo 15 de mayo se ha programado la vacunación a la población Muisca residente en Bosa. En esta jornada, las autoridades de salud esperan inmunizar a 150 adultos mayores que hacen parte de este grupo indígena. Adicionalmente a ello, se espera concertar las jornadas correspondientes para los pueblos indígenas que todavía no comienzan este proceso.

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¿Cuáles son los puntos más importantes en los diálogos con las comunidades indígenas?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, desde la Subdirección de Gestión y Evaluación en Políticas Públicas en Salud Pública se ha realizado una indagación sobre la opinión de las comunidades indígenas frente a la vacunación. También se ha trabajado en la revisión de las personas pertenecientes a estos grupos, para identificar aquellas que están priorizadas para las etapas actualmente en desarrollo.

“Uno de los aspectos más importantes para la sensibilización de las comunidades indígenas sobre la importancia de la vacunación contra el COVID-19 es la comunicación, por lo cual con el apoyo del equipo de la Secretaría de Salud, las Subredes Integradas de Servicios de Salud y los líderes, se han realizado diferentes encuentros, se ha entregado material pedagógico  sobre la vacunación de estas comunidades y se está realizando la traducción de contenidos sobre este tema a sus lenguas”, indica la entidad.

A pesar de esta importante tarea, el tercer pico de covid-19 no da tregua en Bogotá. De acuerdo con el Observatorio de Salud – SALUDATA, el porcentaje de ocupación UCI para pacientes con coronavirus está en el 94%. En cuanto a la ocupación UCI a nivel general, el porcentaje está en el 92.5% con fecha de corte al 13 de mayo. Durante la mañana de hoy, la alcaldesa mayor, Claudia López informó a la opinión pública que es positiva a covid-19.

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Impuesto a licores, cigarrillos y juegos de azar le aportaron $1,4 billones al sistema de salud

La ADRES informó que durante el 2020 se recaudaron $1.4 billones que financiaron la prestación de servicios de salud a los afiliados del régimen subsidiado.

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Impuesto a licores, cigarrillos y juegos de azar le aportaron $1,4 billones al sistema de salud

En el año 2020 la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- coordinó la recaudación de $1.4 billones resultantes de la aplicación de los impuestos al consumo de cigarrillos, licores, cervezas y juegos de azar, entre otros.

El dinero que se recaudó producto de estos impuestos se destinó específicamente al financiamiento del aseguramiento en salud de las poblaciones más vulnerables que se encuentran afiliadas al régimen subsidiado de salud, que con corte a diciembre de 2020 registra más de 24 millones de afiliados.

La ADRES detalló la cifra recaudada de cada uno de estos elementos, así:

1-Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillo: $718.649 millones (50,02%),

2-Impuesto a los licores, vinos, aperitivos: $240.645 millones (16.75%),

3-Impuesto al monopolio de juegos de suerte y azar: $217.767 millones (15,16%),

4-Impuesto al consumo de cerveza: $168.859 millones (11,75%).

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Financiación del Régimen subsidiado del sistema en salud

En este sentido, la ADRES dio a conocer el top 5 de las entidades territoriales que mayor participación tuvieron en la financiación del Régimen Subsidiado a través de los impuestos territoriales durante la vigencia 2020:

1. Bogotá con 15.18% ($259.968 millones)

2. Antioquia con 15,07% ($228.113 millones)

3. Valle del Cauca con 12,24% ($185.179 millones),

4. Cundinamarca con 8,73% ($132.058 millones)

5. Santander con 4,33% ($65.589 millones)

Sin embargo, la administradora resalta que el recaudo de las rentas de impuestos territoriales del 2020 presentó una reducción de más del 17.6% respecto al 2019, dada la pandemia y la situación de emergencia sanitaria que vive el país a raíz del Covid-19 y las medidas de aislamiento, que definitivamente impactaron el consumo de estos productos.

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Auditoría a la gestión fiscal y financiera de la ADRES

Por otro lado, la ADRES informó cuales fueron los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a su gestión financiera y Fiscal durante el 2020. La CGR no identificó hallazgos administrativos, fiscales o penales en la gestión de la entidad.

Las conclusiones de la realización de la auditoría fueron:

  1. Fenecimiento de la Cuenta Fiscal de la ADRES vigencia fiscal 2020, luego de la evaluación presupuestal y de los estados financieros.
  2. Control Interno Financiero aplicado por la ADRES fue catalogado como “eficiente” con calificación de 0,95, por el diseño y efectividad de los controles implementados.
  3. La CGR no constituyó hallazgos de incidencia administrativa, fiscal, disciplinaria o penal.
  4. El ente de control evidenció un avance “efectivo” en el Plan de Mejoramiento 2020 y no requirió uno nuevo para el 2021.

Finalmente, la ADRES señala que los positivos resultados permiten posicionar a la administradora como un ente comprometido con la trasparencia y eficiencia de la gestión de los recursos del SGSSS.

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37 IPS de Santander recibirán $5.510 millones por acuerdos de pago con EPS

Gracias a las mesas de conciliación que ha adelantado la Supersalud, las IPS de Santander lograron acordar pagos por $5.510 millones de pesos con las EPS y ET.

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37 IPS de Santander recibirán $5.510 millones por acuerdos de pago con EPS

37 IPS de Santander, 16 de ellas públicas y 21 privadas lograron asegurar recursos por $5.510 millones de pesos durante la jornada de conciliación extrajudicial en derecho establecida por la Superintendencia Nacional de Salud y que se llevó a cabo la semana pasada.

De estos $5.510 millones, $3.387 millones corresponden a las audiencias de conciliación que se realizaron en Bucaramanga de modo semipresencial, y los restantes $2.122 millones se acordaron bajo la figura de desistimiento.

Es preciso decir, que este tipo de jornadas de conciliación se han venido adelantado en los diferentes departamentos del país. Esta vez, el turno fue para Santander donde se logró que las 37 IPS suscribieran acuerdos de pago con las entidades deudoras (EPS y entes territoriales).

“​​Con los compromisos logrados entre las partes buscamos dar mayor sostenibilidad financiera a las instituciones de salud de las regiones, para que puedan prestar un mejor servicio a los usuarios” afirmó Ivhon Adriana Flórez, Superintendente Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, de la Supersalud.

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El dinero obtenido permite a los prestadores fortalecer sus finanzas para ampliar así su portafolio de servicio, y pagar las obligaciones salariales del Talento Humano en Salud, así mismo los recursos ayudan a financiar la expansión de la capacidad instalada de estos centros asistenciales.

Un beneficio adicional de estos escenarios de conciliación es que las partes logran aclarar cuentas, identificar la realidad de las deudas y llegar a acuerdos de depuración de cartera superando barreras en la radicación de la facturación y optimizando procesos de auditoría. Bajo este concepto se generaron acuerdos de saneamiento por $8.055 millones de pesos entre IPS y EPS.

Finalmente, la Supersalud recuerda que la conciliación extrajudicial en derecho es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que permite la normalización y debida aplicación de los recursos del sistema de salud.

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