La repatriación de inversiones de fondos de pensiones entró en la agenda pública por el proyecto de decreto presentado por el Ministerio de Hacienda, que propone reducir el límite global de inversiones en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias administrados por las AFP. El planteamiento oficial busca que, en un periodo de cinco años, el tope pase del 49% actual al 30%, con una transición que fija un máximo del 35% durante los primeros tres años. Ese ajuste regulatorio es el que abre el escenario de “repatriación” al bajar el margen de inversión externa, una parte de los recursos hoy colocados fuera del país tendría que retornarse y reubicarse en el mercado local.
El borrador de decreto fue publicado el 21 de enero de 2026 y, de acuerdo con la información divulgada por el Gobierno, estará disponible para comentarios hasta el 4 de febrero de 2026. La propuesta establece que los fondos privados de pensiones solo podrán invertir en el extranjero hasta el 30% de los recursos de sus afiliados y que el 70% restante deberá invertirse en el país, en sectores considerados estratégicos para la producción nacional.
Frente a ese escenario, la Contraloría General de la República realizó un análisis técnico sobre los efectos de la medida para los afiliados de fondos privados y para las finanzas públicas del país. El ente de control señaló que una menor rentabilidad de los fondos incrementaría la presión fiscal y “podría poner en riesgo la estabilidad del sistema pensional así como la rentabilidad del ahorro pensional”.
¿Qué implicaría la repatriación de inversiones de fondos de pensiones para el ahorro de los afiliados?
En el componente de ahorro individual, la Contraloría advirtió que limitar la diversificación internacional podría traducirse en una “menor rentabilidad ajustada por riesgo” para los fondos de pensiones, con impacto directo sobre el ahorro de millones de colombianos. Según el ente de control, una asignación de recursos guiada más por necesidades fiscales que por criterios técnicos y financieros “podría comprometer la estabilidad y el crecimiento de estos ahorros en el largo plazo”.
Respecto a la garantía del pago futuro de pensiones, se indicó que no existe certeza sobre los proyectos o alternativas locales capaces de absorber el aumento de inversión nacional en los portafolios de las AFP. En su análisis, la proporción de inversión nacional pasaría del 51% actual al 69%, es decir, un 18% adicional, en un contexto en el que “históricamente, las inversiones realizadas dentro del país han presentado rendimientos más bajos que aquellas realizadas en mercados internacionales”.
El informe también recordó el alcance de la garantía estatal en materia pensional. De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (Artículo 48), el Estado es garante de la simulación de pensión; por lo tanto, si los recursos pensionales rentan menos, “el faltante para lograr una pensión mínima tendría que asumirlo el Estado”, con el consecuente aumento del riesgo de déficit fiscal.
Proyecciones de repatriación y magnitudes asociadas al ajuste de límites
De acuerdo con el borrador de decreto y con la proyección de crecimiento estimada de los recursos de las AFP, la Contraloría presentó cifras de referencia sobre el volumen de inversión externa permitido y los montos que se repatriarían para inversión local. En ese marco, el análisis describió un ajuste progresivo del límite de inversión en el exterior del 49% actual a un 30% en cinco años, con un periodo de transición que fija un tope del 35% durante los primeros tres años.
Cifras señaladas por la Contraloría en su análisis:
- 2028: límite del 35%, equivalente a $274,2 billones.
- 2030: límite del 30%, equivalente a $306,3 billones.
- Repatriación estimada para inversión local: cerca de $100,3 billones en 2028 y $177,8 billones aproximadamente en 2030.
En paralelo, el ente de control reiteró que no se tiene certeza sobre proyectos de inversión o alternativas locales con capacidad para absorber el incremento de inversión nacional en los portafolios, en el marco del cambio del 51% al 69% de exposición doméstica reportado en el documento.
Rentabilidad histórica, simulaciones y cifras reportadas por Superfinanciera
La Contraloría a su vez sustentó parte de su comunicación en comparaciones de desempeño histórico y ejercicios de simulación. Señaló que, desde la implementación del esquema de multifondos, el fondo moderado, que combina activos locales y externos, ha obtenido una rentabilidad promedio anual del 8,5%, mientras que un portafolio invertido exclusivamente en Colombia habría registrado alrededor de 3,8% en el mismo periodo.
Esa diferencia se asocia con la “mayor profundidad, liquidez y diversificación” de los mercados internacionales, así como con beneficios vinculados a la valorización de activos y al tipo de cambio. En sus simulaciones, la Contraloría también dimensionó el efecto potencial en el saldo que, finalmente, soporta el cálculo de la mesada.
Datos y resultados incluidos por la Contraloría:
- Un millón de pesos invertidos en 2011 en activos internacionales habría alcanzado un valor aproximado de $3.228.356,48, equivalente a una rentabilidad promedio anual del 8,5%.
- La misma inversión realizada exclusivamente en el mercado interno habría llegado a $1.670.363,09, con una rentabilidad promedio del 6,8% consignada en el documento.
- La Contraloría señaló que esta brecha implicaría que, al momento de pensionarse, un trabajador podría contar con un saldo hasta 29,5% menor, con reducción equivalente en el valor de su mesada pensional.
Con base en la información disponible en la Superintendencia Financiera de Colombia, el informe indicó que los cuatro fondos del régimen de ahorro individual con solidaridad registraron un capital total de $529,1 billones a diciembre de 2025, con un rendimiento promedio del 6,43% en los últimos cuatro años. Adicionalmente, el documento indicó que, si se considera que el Gobierno Nacional busca repatriar cerca de $177,8 billones invertidos hoy en el exterior, en un periodo de cinco años, con la medida “se podría dejar de percibir en rentabilidad el 3,7% sobre dichos recursos”, equivalente a $3,2 billones menos en las cuentas individuales de los afiliados.
Reforma pensional y efectos fiscales en el periodo 2037–2052
La Contraloría vinculó su análisis con el marco de la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional), señalando que la norma se encuentra “actualmente en revisión por parte de la Corte Constitucional”. En este punto, indicó que el sistema enfrentaría un escenario en el que el número de afiliados activos comenzará a disminuir a partir de 2037, mientras que el número de pensionados seguirá aumentando.
En ese contexto, el ente de control expuso que, dado que Colpensiones opera bajo un esquema de reparto, una reducción en los recursos transferidos desde las AFP, producto de menores rendimientos, incrementaría el déficit actuarial y obligaría al Estado a destinar mayores recursos fiscales para garantizar el pago de las pensiones, especialmente entre 2037 y 2052.
El documento reiteró que la menor rentabilidad de los fondos no se limitaría al ahorro de los trabajadores, sino que se conectaría con obligaciones fiscales futuras, en la medida en que el Estado, por mandato constitucional, es garante de la pensión y asumiría faltantes asociados a la garantía de pensión mínima.
Entre tanto, la Contraloría General de la República hizo un llamado para que la discusión sobre la repatriación de inversiones priorice “la protección del ahorro pensional, la sostenibilidad del sistema y el interés de los afiliados”, señalados como pilares esenciales de la confianza en el sistema de pensiones.
Descargue aquí el proyecto de decreto:
