La Contraloría General de la República ha lanzado una seria advertencia sobre la ineficacia y el mal manejo de recursos en la implementación del Sistema de Salud Indígena “SISPI”. A lo largo de tres Planes Nacionales de Desarrollo, se asignaron significativos recursos gubernamentales, alcanzando los $20.193 millones durante el periodo 2010-2022; no obstante, solo se ejecutó el 47% de estos fondos.
Este análisis exhaustivo revela la falta de cumplimiento de metas propuestas y deficiencias en la articulación del SISPI con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, generando interrogantes sobre el futuro del sistema y la atención de las necesidades de salud de las comunidades indígenas en Colombia. La Contraloría hace un llamado urgente a revisar y mejorar el proceso de regulación y puesta en marcha del SISPI para garantizar un impacto positivo en el bienestar de estas poblaciones.
La Contraloría General de la República ha emitido un informe detallado que destaca la ineficacia y deficiencias en la implementación del Sistema de Salud Indígena “SISPI” en Colombia. A lo largo de tres Planes Nacionales de Desarrollo (2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022), se propusieron metas para estructurar y operar el SISPI, pero los resultados han sido insatisfactorios.
Durante el periodo 2010-2022, el Gobierno Nacional asignó recursos por $20.193 millones para este propósito. Sin embargo, la ejecución de estos fondos fue apenas del 47%, equivalentes a $9.467 millones, señalando una utilización ineficiente de los recursos destinados a la implementación del sistema. Paralelamente, entre 2012 y 2022, se giraron $50.043 millones a entidades territoriales y organizaciones indígenas para el desarrollo de 77 modelos de salud, sin criterios técnicos claros y sin un seguimiento adecuado de sus avances.
Los recursos asignados no se distribuyeron de manera coherente con las mayores brechas en salud de la población indígena, lo que podría resultar en una distribución inadecuada e inequitativa de los recursos públicos. De estos fondos, el 48% se entregó al modelo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), seguido por el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) con un 10%. Estos cinco modelos concentraron el 28% restante de los recursos.
La Contraloría identificó falencias significativas en la articulación del SISPI y los modelos de salud con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Además, se evidenció que el Ministerio de Salud y Protección Social no lleva un registro claro de los modelos financiados, la población beneficiada, los recursos asignados por modelo y la continuidad de resultados.
La evaluación reveló que el SISPI, creado en 2014 mediante el Decreto Ley 1953, carece de regulación para su operación hasta la fecha. La Contraloría advierte sobre la ausencia de un sistema de indicadores sobre las condiciones de salud de los pueblos indígenas, limitando la capacidad de medir objetivamente el impacto del SISPI en la mejora de la salud de esta población.
Asimismo, se señaló la falta de criterios y mecanismos para la verificación de resultados, la carencia de estudios exhaustivos de costos y sostenibilidad financiera, y la desarticulación con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) diferencial indígena, que debería cubrir el gasto en atenciones diferenciales para los pueblos indígenas.
Los problemas recurrentes identificados en cinco modelos de salud específicos incluyen debilidades en la articulación y coordinación de servicios de salud, carencia de políticas y programas de formación en enfoque diferencial para el personal de salud, desconocimiento de los lineamientos del SISPI, y barreras normativas que no se adaptan a las características y cosmovisión de los pueblos indígenas.
