A pocos días de un nuevo ciclo electoral y ante la expectativa por el próximo cambio de gobierno, la salud vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública nacional. En este contexto, más de 30 organizaciones construyeron los Consensos para el futuro del Sector Salud, una hoja de ruta con 14 acuerdos y seis bloques estratégicos para orientar las decisiones sobre el sistema sanitario colombiano.
La iniciativa parte de una coyuntura marcada por tensiones financieras, operativas e institucionales que comprometen la continuidad del cuidado, el acceso a servicios y medicamentos, la sostenibilidad fiscal y la capacidad de gobernanza. Su propósito es ordenar prioridades comunes y aportar una base técnica para que la salud se consolide como política de Estado, con estabilidad normativa, sostenibilidad financiera y un modelo de atención centrado en las personas.
Una construcción multisectorial para ordenar la discusión sanitaria
La hoja de ruta fue elaborada mediante un proceso de diálogo estructurado en el que participaron pacientes, asociaciones de usuarios, talento humano en salud, prestadores, academia, tanques de pensamiento, industria farmacéutica, aseguradores y gremios productivos. Esta composición permite presentar los consensos como una base común entre actores que intervienen en la atención, la financiación, la gestión del riesgo, la innovación y la operación diaria del sistema.
Entre las organizaciones participantes figuran Pacientes Colombia, Mesa Nacional de Usuarios, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, colegios médicos, SCARE, FECOLMED, Federación Odontológica Colombiana, UNIPS Colombia, FENALSALUD, ASCUN, INNOS, Así Vamos en Salud, Fundación Salutia, AFIDRO, ASCIF, ACEMI, ASOCAJAS, ANDI, AmCham y el Consejo Privado de Competitividad, entre otros actores.
Los 14 consensos se agrupan en seis bloques estratégicos: gobernanza e institucionalidad, sostenibilidad financiera, aseguramiento y modelo de atención, talento humano en salud, acceso efectivo y tecnologías sanitarias, y salud como motor de desarrollo, ciencia, tecnología e innovación. Esta estructura busca evitar una lectura fragmentada de los problemas y ubica las decisiones urgentes dentro de una secuencia de estabilización, reordenamiento y transformación sostenible.
¿Qué prioridades plantean los consensos del sector salud para estabilizar el sistema?
La primera prioridad es recuperar conducción estratégica, gobernabilidad y confianza institucional. Para ello, la agenda propone adoptar desde el primer día de gobierno un Plan Nacional de Estabilización Financiera y Humanitaria, acompañado por una Mesa Técnica Nacional de Estabilización que articule al Gobierno Nacional, las entidades territoriales y los actores del sistema. Esta ruta incluye la protección de tratamientos críticos, la continuidad de servicios esenciales y el reconocimiento de daños prevenibles asociados a fallas operativas.
La sostenibilidad financiera aparece como un requisito para preservar la atención sin trasladar el costo de la crisis al paciente ni al talento humano. Los consensos plantean determinar y publicar la cifra real de los pasivos mediante una consolidación técnica independiente que diferencie deuda operativa, deuda estructural y obligaciones derivadas de intervenciones. También se propone implementar un mecanismo extraordinario de normalización del flujo de recursos para estabilizar la red prestadora pública y privada.
Las acciones iniciales se concentran en ordenar información, flujo financiero y responsabilidades institucionales.
- Adoptar un Plan Nacional de Estabilización Financiera y Humanitaria desde el inicio del gobierno.
- Instalar una Mesa Técnica Nacional de Estabilización con Gobierno, territorios y actores del sistema.
- Publicar una consolidación técnica independiente sobre los pasivos del sector.
- Normalizar el flujo de recursos para proteger servicios esenciales y tratamientos críticos.
- Fortalecer la trazabilidad financiera y operativa como herramienta de transparencia.
La agenda también incluye el ajuste técnico de la Unidad de Pago por Capitación con base en evidencia, el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional sobre UPC y presupuestos máximos, la reducción de ineficiencias administrativas y clínicas, y la simplificación de cargas que no generan valor asistencial. En el mediano plazo, plantea avanzar hacia esquemas de pago orientados a resultados, con incentivos regulatorios y contractuales que mejoren resolutividad, calidad y eficiencia clínica.
¿Cómo ordena la agenda la atención, el talento humano y las tecnologías?
La atención a pacientes y usuarios se ubica como criterio verificable de cualquier decisión pública. Los consensos señalan que la experiencia real de las personas debe orientar la gestión del sistema, con protección financiera efectiva, reducción progresiva del gasto de bolsillo, continuidad del cuidado y disminución de barreras para pacientes y familias. Esta perspectiva también incorpora mecanismos de aprendizaje y no repetición frente a fallas operativas que puedan generar daño evitable.
En aseguramiento y modelo de atención, la agenda plantea proteger prioritariamente a pacientes con enfermedades crónicas complejas, patologías de alto costo y enfermedades huérfanas. También propone un plan de transición y estabilización para EPS intervenidas o con debilidad financiera, con el fin de garantizar la continuidad del aseguramiento. La función de aseguramiento queda asociada a la gestión integral del riesgo financiero, técnico y operativo, con responsabilidad sobre continuidad del cuidado y articulación efectiva de redes.
La Atención Primaria en Salud se presenta como eje organizador del sistema, siempre que cuente con capacidad resolutiva real, disponibilidad de medicamentos esenciales y articulación con redes integradas e integrales. La propuesta incorpora territorialización explícita, población asignada y responsabilidad sobre resultados en salud, además de modelos diferenciados para contextos urbanos, rurales y dispersos. En estos últimos, la telesalud y la salud digital se consideran herramientas operativas para ampliar la respuesta asistencial.
Las medidas relacionadas con atención, talento humano y tecnologías sanitarias se organizan alrededor de continuidad, capacidad resolutiva y acceso oportuno.
- Proteger la continuidad del cuidado en pacientes crónicos, de alto costo y con enfermedades huérfanas.
- Fortalecer la Atención Primaria en Salud con capacidad resolutiva y medicamentos esenciales.
- Organizar redes integradas con enfoque territorial, población asignada y responsabilidad sobre resultados.
- Exigir certificación anual de pago oportuno de salarios y órdenes de prestación de servicios.
- Modernizar el INVIMA y clarificar los roles entre regulación sanitaria, evaluación de valor y financiación.
El talento humano queda definido como pilar estructural
La agenda plantea que ninguna transformación será viable sin salarios dignos, pago oportuno, estabilidad laboral y planeación estratégica del recurso humano. Entre las medidas se incluyen la certificación anual obligatoria de pago oportuno como requisito de habilitación institucional, la formalización laboral progresiva en instituciones públicas y privadas, y los incentivos diferenciales para la permanencia en territorios rurales y dispersos.
El planteamiento también incorpora un Plan Nacional de Talento Humano en Salud con horizonte de 20 a 30 años, alineado con la transición demográfica, el modelo basado en Atención Primaria, redes integradas y nuevas competencias para el sistema del futuro. Además, se propone flexibilizar la formación de especialistas en coordinación con el sector educación, reformar el sistema de convalidación de títulos y especialidades, y crear una instancia técnica nacional de regulación y planeación del talento humano.
El acceso a tecnologías sanitarias se orienta por criterios de valor
El bloque de tecnologías sanitarias busca garantizar acceso oportuno, seguro y sostenible mediante reglas claras, evaluación técnica y decisiones basadas en valor. Para ello, la agenda propone un plan de choque regulatorio que priorice trámites de alto impacto sanitario y reduzca rezagos sin comprometer estándares de seguridad y eficacia. También plantea asegurar la modernización tecnológica del INVIMA y de la Comisión Revisora como proyecto estratégico de Estado.
La ruta diferencia regulación sanitaria, evaluación de valor y decisión de financiación, con el propósito de reducir incertidumbre regulatoria y organizar la incorporación de tecnologías de acuerdo con beneficios clínicos, sostenibilidad fiscal y generación de valor en salud. En este bloque también se incluye la implementación de la Ley 2406 sobre modernización del Programa Ampliado de Inmunizaciones, para permitir la actualización continua del PAI a lo largo del curso de vida, según el perfil epidemiológico y la mejor evidencia disponible.
La salud se proyecta como política de Estado y motor de desarrollo
La agenda plantea que la salud no debe entenderse únicamente como gasto social, sino como infraestructura estratégica para la productividad, la cohesión territorial y la competitividad del país. Por esta razón, propone articular la política sanitaria con ciencia, tecnología, innovación, industria, academia y territorio, mediante alianzas público privadas, investigación clínica, desarrollo tecnológico, innovación organizacional y formación especializada.
Entre las acciones se encuentran la creación de un Observatorio Nacional de Innovación en Salud, la definición de misiones estratégicas en cronicidad, salud digital, enfermedades de alto impacto y fortalecimiento hospitalario, así como la consolidación de un entorno regulatorio estable para atraer inversión, facilitar transferencia tecnológica y fortalecer la competitividad. Esta visión también busca integrar la salud a la planeación económica y fiscal de mediano y largo plazo.
Una hoja de ruta para el próximo gobierno
Los consensos no constituyen un programa de gobierno ni una reforma cerrada. Su alcance es servir como insumo técnico para candidaturas presidenciales, partidos políticos, Congreso de la República, autoridades nacionales, entidades territoriales y demás espacios de decisión. La ruta propone prioridades verificables y decisiones diferenciadas por horizonte temporal, con el objetivo de ordenar la deliberación pública y fortalecer la sostenibilidad del sistema.
La implementación exigirá liderazgo, rigor técnico y articulación intersectorial. El punto de partida queda definido por la estabilización financiera, la continuidad asistencial, el fortalecimiento del talento humano, la modernización institucional, el acceso oportuno a tecnologías sanitarias y la consolidación de la salud como política de Estado. En el próximo cambio de gobierno, esta agenda busca instalar una base común para que las decisiones sanitarias respondan a las necesidades de pacientes, territorios, clínicas, hospitales y demás actores del sistema.
Descargue aquí el Resumen Ejecutivo de los Consensos:
