La ADRES ha entregado un informe con el contraste de información que las EPS entregaron para el cálculo de la UPC. De acuerdo con la administradora, la evaluación estuvo a cargo del grupo de Innovación y Analítica por solicitud del Ministerio de Salud, detectando serias inconsistencias. Una de las más graves es que “se registraron actividades en la base de suficiencia para 23.401 personas del régimen contributivo con una fecha posterior a su reporte como fallecidos en la BDUA con un costo total asociado de $ 79.838.684.240”.
El director de la entidad, Félix León Martínez, expresa en la carta remisoria que “el documento que se remite en esta oportunidad, en el cual se compararon las bases de datos de bases de datos de Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) y las bases de datos consideradas para la elaboración del Estudio de Suficiencia de la UPC, da cuenta de un conjunto de graves desviaciones, atipicidades y anomalías en la frecuencia de uso de los servicios y tecnologías en salud reportadas entre 2022 y 2023, verificados a través del uso de herramientas estadísticas implementadas en un enfoque longitudinal que a partir de robustas series históricas de datos permitieron analizar tendencias esperadas”.
Con relación a los reportes de suficiencia, la ADRES encontró que en todas las EPS analizadas, hay diferencias con los registros asistenciales. “Se identificó un incremento desmesurado de frecuencias en la base de suficiencia, que no guarda proporcionalidad con el incremento registrado oficialmente en RIPS, en el análisis por grupos de servicios. Es importante anotar que esta información corresponde al periodo previo a las intervenciones de las grandes EPS adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud”.
Sobrecostos en medicamentos y comercialización de productos sin aprobación, revela ADRES
Al cotejar la información correspondiente a medicamentos, la ADRES evidenció que “el 23% de los medicamentos reportados durante el periodo de estudio no contaban con información de ventas en SISMED, es decir, más de 985 mil millones, correspondientes al 11% del valor total reportado en la vigencia por las EPS en estudio”. Y, un 3% de los CUMS reportados por las EPS no eran válidos para la comercialización, pues su estado de registro sanitario era distinto a “vigente o en trámite de renovación”. El
valor total reportado sin autorización de comercialización válida, supera los 119 mil millones de pesos.
Adicionalmente, “se presentó incumplimiento a la regulación de precios de medicamentos en más de 2,5 millones de registros, lo que se traduce en 138 mil millones de pesos en exceso pagados sobre el valor regulado”.
Si bien la ADRES no tiene en sus funciones el cálculo de la UPC, su análisis es un insumo fundamental para la toma de decisiones de la cartera sanitaria. Ante la gravedad de las inconsistencias, “presentó propuestas para el diseño y aplicación de reglas de depuración de la información basada en el comportamiento de los grupos de datos y su correspondencia con los parámetros esperados, evitando la eliminación de todas la EPS y depurando únicamente los registros anómalos”. La situación fue puesta en conocimiento de la Contraloría y la Supersalud.
