La discusión del Proyecto de Ley 410 de 2024, retomada en la Comisión Séptima del Senado, ocurre en un contexto crítico para el sistema de salud colombiano. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) advierte que el país enfrenta un deterioro documentado en servicios, recursos, talento humano y acceso a medicamentos, mientras aumentan las preocupaciones por la falta de sustento financiero y de garantías jurídicas en la reforma impulsada por el Gobierno Nacional.
Un llamado urgente ante el Proyecto de Ley 410 de 2024
La ACSC hizo un pronunciamiento extraordinario al señalar que la discusión del Proyecto de Ley 410 de 2024 exige “cordura y responsabilidad”. La asociación recuerda que, durante tres años, el Gobierno Nacional “con dos ministros de salud” insistió en presentar una reforma estructural como la solución definitiva a los problemas del sistema. Sin embargo, según las sociedades científicas, “el tiempo ha demostrado que muchos de esos cambios no solo eran innecesarios, sino que desviaron la atención del gobierno del deber más básico: administrar y cuidar el sistema que hoy atiende a millones de colombianos”.
El pronunciamiento señala que, mientras el debate público se centró en la reforma, el sistema de salud se fue deteriorando progresivamente. Actores técnicos, sociedades científicas, prestadores y pacientes advirtieron esta situación, pero según el comunicado “no encontramos diálogo, sino descalificación”. La ACSC destaca que varias voces fueron calificadas como oposición, incluso cuando provenían de profesionales con décadas de experiencia clínica y académica.
A siete meses del cierre del actual gobierno, la organización describe un panorama “devastador”: un sistema “colapsado, sin rumbo, sin recursos y con barreras de atención que afectan a los pacientes más vulnerables”. Los efectos, según las sociedades científicas, ya están documentados: cierre de servicios, dificultades para la continuidad de tratamientos, escasez de medicamentos y un talento humano precarizado.
Cifras que evidencian el deterioro del sistema
La ACSC sustenta su llamado con datos recientes provenientes de organizaciones sectoriales:
- FECOER reportó 2.033 fallecimientos entre enero y noviembre de 2025 en pacientes con enfermedades raras y patologías de alto riesgo, señalando que “muchas de ellas relacionadas directamente con la crisis del sistema”.
- La Unión de IPS informó el cierre de 10.049 servicios de salud en 2024, sin claridad sobre el futuro laboral de los profesionales afectados ni sobre la continuidad de la atención a los pacientes atendidos en esos servicios.
Estos datos, los presentan la ACSC como evidencia de un retroceso que afecta de manera directa la disponibilidad de servicios, la oportunidad diagnóstica y el tratamiento en poblaciones vulnerables.
La voz del talento humano en salud
El pronunciamiento recoge también un caso que generó amplio impacto nacional: el testimonio de la doctora Zaira Reyes durante la visita presidencial al Huila. Su relato, descrito como representativo de miles de profesionales, enumeró fallas estructurales que afectan la labor médica y la atención al usuario:
- “Equipos básicos contratados por prestación de servicios, pese a que se promete laboralización”.
- “Politización creciente en la contratación de personal en las ESE”.
- “Recortes injustificados de talento humano”.
- “Falta de medicamentos que termina en maltrato involuntario al paciente”.
- “Barreras de atención diarias que vulneran la autonomía médica reconocida por la Ley 1751”.
La ACSC subraya que este testimonio no es un evento aislado, sino “la evidencia viva del deterioro del sistema bajo las decisiones del Gobierno”.
Incertidumbres financieras y jurídicas del Proyecto de Ley 410 de 2024
Pese al deterioro identificado, la ACSC advierte que el Gobierno mantiene su tesis de que la reforma es la salida. No obstante, los datos citados por la asociación reflejan importantes vacíos:
- La reforma requiere al menos tres años de transición, un período en el que, según el pronunciamiento, las deficiencias actuales podrían profundizarse.
- No tiene respaldo financiero garantizado, lo que coincide con la advertencia del Ministerio de Hacienda: la viabilidad del proyecto depende de una Ley de Financiamiento que podría ser archivada.
La ACSC señala que, sin recursos asegurados, sin claridad jurídica y con una “concentración excesiva de funciones en la ADRES”, el proyecto podría contravenir principios establecidos en la Ley Estatutaria de Salud, especialmente el principio de progresividad, que prohíbe retrocesos injustificados en la protección del derecho fundamental.
Llamado final a la Comisión Séptima del Senado
La ACSC dirige su mensaje de forma directa a los senadores responsables de estudiar el articulado. El pronunciamiento insiste en que la discusión del proyecto no debe entenderse como un respaldo o una oposición política, sino como una decisión que impactará la salud de 52 millones de colombianos.
El mensaje concluye:
“Ustedes han recibido información suficiente, por múltiples vías, para evaluar con rigor lo que está en juego. La salud de todo un país depende de decisiones que requieren serenidad, valentía y un profundo sentido de responsabilidad”.
La asociación expresa su disposición a apoyar un proceso de reforma “serio, responsable y financieramente sostenible”, en caso de que el proyecto sea archivado. Pero si la discusión continúa, advierte que es indispensable corregir los vacíos identificados antes de aprobarlo, para evitar que “haya más vidas afectadas, más servicios cerrados y más pacientes desprotegidos”.
“La salud no admite improvisaciones. La vida de millones de colombianos está en sus manos”.
