En medio de la revisión de las asignaciones presupuestales destinadas a hospitales públicos, el Ministerio de Salud y Protección Social puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación posibles irregularidades en cinco resoluciones expedidas entre el 24 de julio y el 5 de agosto de 2026. Según informó la ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria, las decisiones administrativas excedían en $32.505 millones el respaldo presupuestal disponible, situación que motivó la remisión de documentos para esclarecer las circunstancias en las que fueron aprobadas.
La revisión identificó inconsistencias entre las asignaciones pendientes de registro presupuestal y los recursos disponibles para respaldarlas. Ante estos hallazgos, la cartera de Salud trasladó los soportes documentales a la Fiscalía para que se examinen los procedimientos seguidos durante la aprobación de las resoluciones.
Cinco resoluciones de asignación de recursos para hospitales públicos bajo revisión
Las asignaciones examinadas superaban el saldo registrado en el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente. La ministra presentó los valores identificados durante la revisión de las decisiones administrativas relacionadas con la financiación de hospitales públicos.
| Concepto | Valor informado |
|---|---|
| Asignaciones pendientes de registro presupuestal | $33.635 millones |
| Saldo disponible en el certificado presupuestal | $1.129 millones |
| Exceso presupuestal reportado por Minsalud | $32.505 millones |
Fuente — declaraciones de la ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria.
El hallazgo se relaciona con el respaldo presupuestal de las asignaciones y las verificaciones efectuadas antes de aprobarlas, aspectos que forman parte de los hechos puestos en conocimiento de la autoridad investigadora.
Informe técnico del 25 de septiembre documenta las inconsistencias
Entre los soportes se encuentra un informe técnico fechado el 25 de septiembre de 2026, en el que se detalla la inconsistencia presupuestal identificada. La documentación incluye las cinco resoluciones de asignación y el certificado de disponibilidad presupuestal utilizado para contrastar los valores de las decisiones administrativas con los recursos disponibles.
Sobre los hechos que deben esclarecerse, la ministra señaló que es necesario examinar cómo se aprobaron estas decisiones y cuáles fueron los controles realizados antes de su expedición.
“Lo que debe esclarecerse es cómo se aprobaron esas decisiones y qué verificaciones se hicieron antes de expedirlas”.
¿Qué corresponde investigar a la Fiscalía General de la Nación?
La Fiscalía General de la Nación tendrá a su cargo la valoración de las pruebas, la investigación de los hechos y la determinación de eventuales responsabilidades. Las posibles irregularidades señaladas por Minsalud deberán ser examinadas por la autoridad competente, sin que su identificación constituya una determinación de responsabilidad penal.
El Ministerio de Salud manifestó su disposición de suministrar la información que sea requerida durante las actuaciones correspondientes. La ministra también señaló que el manejo de los recursos públicos destinados al sector salud exige decisiones debidamente sustentadas y explicaciones a la ciudadanía.
El caso pone en el centro de la discusión los procedimientos de aprobación de recursos destinados a la red hospitalaria pública y los controles aplicados durante su asignación. El esclarecimiento de las circunstancias en las que se adoptaron estas decisiones permitirá conocer los antecedentes administrativos de las resoluciones cuestionadas y las condiciones bajo las cuales se autorizó su expedición.
