La salud del magisterio volvió a quedar en el centro de la discusión institucional luego del nuevo requerimiento formulado por la Procuraduría General de la Nación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, por los incumplimientos que siguen afectando la atención de los maestros oficiales. El pronunciamiento se produjo en medio de un escenario de crecientes quejas, protestas y cuestionamientos por la calidad del servicio, en un modelo que empezó a regir en mayo de 2024 y que, casi dos años después, continúa mostrando fallas estructurales en su operación.
El llamado del ente de control se sustenta en las acciones preventivas adelantadas tras varias mesas técnicas de seguimiento a la implementación del nuevo esquema de atención. La Procuraduría advirtió que persisten problemas en la contratación de la red de prestadores, una situación que ha mantenido la incertidumbre sobre la continuidad y oportunidad de los servicios. A ello se suma un aumento de las peticiones, quejas y reclamos relacionadas con la entrega de medicamentos, la asignación de citas médicas, el transporte de pacientes y la prestación efectiva de servicios de salud.
Más allá del impacto inmediato sobre los usuarios, el caso expone una dificultad de gobernanza dentro del sistema. La advertencia del Ministerio Público no se limita a la calidad asistencial. También pone el foco en la forma como se ha sostenido la operación del modelo, con mecanismos que, según el ente de control, pueden comprometer la estabilidad jurídica, administrativa y patrimonial del sistema de salud para los docentes.
¿Qué halló la Procuraduría en el funcionamiento del sistema?
El ente de control señaló que la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública y la Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social encontraron irregularidades en la contratación de la red de prestadores. El sistema viene operando sin la actualización de contratos formales, una situación que ha sido suplida con actas de continuidad o instrumentos precontractuales.
Ese punto concentra la mayor preocupación institucional, porque la Procuraduría advierte que este esquema podría derivar en riesgos jurídicos, administrativos y patrimoniales para el sistema. La observación no aparece presentada como un asunto accesorio, sino como una alerta sobre la forma en que se ha venido sosteniendo la operación del modelo de salud del magisterio.
El requerimiento también recoge las principales afectaciones reportadas por los usuarios
- Demoras en la entrega de medicamentos
- Dificultades para trámites de citas médicas
- Problemas en el transporte de pacientes
- Fallas en la prestación oportuna de servicios de salud
FOMAG y Fiduprevisora deberán entregar información financiera y contractual
Ante este panorama, la Procuraduría reiteró nuevos requerimientos no solo a las directivas del FOMAG, sino también a la Fiduprevisora, y además precisó que ambas entidades deberán entregar soportes financieros y un informe detallado sobre la contratación de la red de prestadores de servicios de salud para las vigencias 2024, 2025 y 2026.
La solicitud marca un nuevo paso en el seguimiento preventivo del Ministerio Público, al exigir documentación concreta sobre dos frentes sensibles para la operación del modelo. Por un lado, la estructura contractual de la red de atención. Por otro, los soportes financieros que respaldan el funcionamiento del sistema en el periodo revisado.
El seguimiento al nuevo modelo entra en una fase de mayor exigencia
La intervención de la Procuraduría deja claro que las alertas sobre la implementación del modelo de salud del magisterio siguen abiertas. A casi dos años de su entrada en vigencia, el organismo de control mantiene bajo observación la respuesta institucional frente a los incumplimientos y a las dificultades denunciadas por los maestros oficiales.
Por ahora, el ente de control fija la atención en la necesidad de que el FOMAG y la Fiduprevisora respondan con información verificable sobre la operación del sistema. En medio de las protestas y del aumento de las reclamaciones, el requerimiento refuerza la presión sobre las entidades responsables de la prestación del servicio para el magisterio.
