La situación de Nueva EPS volvió a escalar en el debate sectorial a partir de las declaraciones de Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI, quien alertó sobre la falta de una decisión oficial frente a la medida de intervención que pesa sobre la entidad. De acuerdo con la directiva, la Superintendencia Nacional de Salud debió haber adoptado la semana anterior una de tres determinaciones posibles: prorrogar la intervención, ordenar la liquidación o levantar la medida si ya se hubieran corregido las causales que dieron origen a la actuación administrativa.
Para Vesga, la ausencia de una definición mantiene a la EPS en una situación de indefinición jurídica, pero también administrativa, pues señaló que la entidad no solo carece hoy de una decisión expresa sobre su intervención, sino que además está sin interventor. En su lectura, este vacío institucional resulta especialmente delicado por el tamaño y la relevancia de Nueva EPS dentro del aseguramiento en Colombia.
Falta de decisión sobre Nueva EPS profundiza la incertidumbre del sistema
En sus declaraciones, la presidenta ejecutiva de ACEMI subrayó que Nueva EPS cuenta con 11,8 millones de afiliados y concentra más del 20 % de las atenciones en salud que se generan en el país. A su juicio, esa magnitud convierte cualquier retraso en la toma de decisiones en un asunto de alto impacto sectorial, pues no se trata de una EPS marginal sino del principal asegurador del sistema.
La dirigente gremial sostuvo que esta incertidumbre dificulta aún más las condiciones que ya enfrentan millones de usuarios. Según expresó, los problemas se están reflejando en negaciones en la entrega de medicamentos, fallas en la asignación de citas y obstáculos en las autorizaciones médicas, lo que agrava el deterioro en la experiencia de atención de la población afiliada.
Su planteamiento apunta a que la falta de claridad regulatoria no solo posterga una definición administrativa, sino que tiene efectos concretos sobre la prestación de servicios. En esa línea, las declaraciones de Vesga ubican el caso de Nueva EPS como una situación que desborda el plano institucional y se proyecta directamente sobre el acceso efectivo a la atención en salud.
Nueva EPS opera sin información financiera reciente
Otro de los puntos destacados por Ana María Vesga fue la opacidad en la información financiera y de gestión de la EPS. Según afirmó, Nueva EPS no presenta estados financieros desde hace tres años, lo que limita la posibilidad de conocer con precisión su situación real.
También expresó preocupación porque, según sus declaraciones, tampoco se conoce que la entidad esté reportando información al Ministerio de Salud sobre el gasto y el comportamiento de consumo de su población afiliada. Para Vesga, esta falta de datos agrava el nivel de incertidumbre y dificulta una comprensión completa del estado de la EPS.
Desde esa perspectiva, el problema no se restringe a la ausencia de una decisión sobre la intervención. También involucra la imposibilidad de contar con insumos básicos para evaluar la sostenibilidad, el comportamiento asistencial y la exposición financiera de una entidad que tiene un peso determinante dentro del sistema de salud colombiano.
¿Qué riesgo representa Nueva EPS para el resto del sistema?
El riesgo asociado a Nueva EPS tiene efectos que trascienden a la propia entidad. Advirtió que el impacto se extiende sobre la prestación de servicios, sobre los proveedores y también sobre las demás EPS, que ya estarían observando movimientos acelerados de afiliados.
Según explicó, ante el temor de una eventual liquidación, parte de la población afiliada a Nueva EPS estaría saliendo a vincularse a otras entidades promotoras de salud. A juicio de la dirigente gremial, ese traslado acelerado puede convertirse en un factor adicional de presión para otras EPS, que deben absorber nueva población en un sistema ya sometido a tensiones operativas y financieras.
En esa lectura, la situación de Nueva EPS no es solo una crisis de una aseguradora específica. Para ACEMI, se trata de un caso con capacidad de irradiar efectos al resto del sistema, tanto por su tamaño como por su papel dentro de la red de atención y del flujo de usuarios entre aseguradores.
Alertas de Procuraduría, Corte Constitucional y Defensoría del Pueblo
Ana María Vesga también vinculó su llamado a las advertencias emitidas por distintos órganos e instituciones del Estado. En sus declaraciones recordó que la Procuraduría hizo un llamado reciente sobre la situación de la entidad y señaló que la Corte Constitucional había advertido días antes sobre el crecimiento material de las tutelas relacionadas con Nueva EPS.
De igual manera, hizo referencia a la Defensoría del Pueblo, entidad que, según indicó, reveló cómo han crecido de forma dramática las quejas y los reclamos asociados a esta EPS. La presidenta ejecutiva de ACEMI presentó estas alertas como señales convergentes de que la situación ya tiene manifestaciones visibles tanto en el plano judicial como en el comportamiento de los usuarios.
Con base en ello, sostuvo que el caso exige una respuesta urgente por parte del Gobierno Nacional. En su planteamiento, el Ejecutivo debe informar con claridad cuál es la situación real de la entidad y cuál es el plan previsto para una EPS que sigue siendo, en sus palabras, el principal asegurador y responsable de la salud de más de 11 millones de personas.
El llamado de ACEMI apunta a una definición inmediata sobre el futuro de Nueva EPS
El pronunciamiento de Ana María Vesga deja ver una preocupación central: que la ausencia de una definición oficial ya se convirtió, por sí misma, en un factor de riesgo. En sus declaraciones, la dirigente gremial insistió en que mantener a Nueva EPS sin una decisión sobre su medida de intervención y sin interventor profundiza la fragilidad institucional de una entidad clave para el sistema.
La relevancia del planteamiento radica en que proviene de la presidenta ejecutiva del gremio que agrupa a EPS del régimen contributivo, en un contexto donde cualquier decisión sobre Nueva EPS puede alterar el equilibrio del aseguramiento, la movilidad de afiliados y la presión sobre la red prestadora. Sus declaraciones, por tanto, no solo expresan una preocupación gremial, sino una advertencia sobre los efectos sistémicos de la indefinición.
En ese escenario, el mensaje de ACEMI apunta a la necesidad de una decisión técnica, jurídica y oportuna. Para Vesga, el problema ya no se limita al futuro administrativo de una EPS intervenida. Se trata de una definición que puede incidir directamente sobre la confianza en el sistema, la continuidad del aseguramiento y el acceso a servicios para millones de colombianos.
