En medio del seguimiento institucional a la situación de Nueva EPS, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Superintendencia Nacional de Salud un pronunciamiento sobre el estado actual de la entidad y el cumplimiento de las órdenes impartidas durante la intervención forzosa administrativa.
La solicitud fue dirigida a la superintendente Nacional de Salud Ad Hoc para Nueva EPS, Luz Marina Múnera, y se conoció este 8 de abril de 2026 en Bogotá. El requerimiento se produce después del vencimiento del acto administrativo que prorrogó por un año la medida de intervención, adoptada en abril de 2025.
La Procuraduría señaló que busca establecer si la EPS ha dado cumplimiento a las órdenes previstas para atender las causales que motivaron la intervención y si esas condiciones se mantienen a la fecha. También pidió claridad sobre la forma en que queda la administración de la entidad.
La actuación fue adelantada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, despacho que solicitó a la funcionaria remitir el concepto rendido por la Superintendencia para Entidades de Aseguramiento en Salud frente al estado actual de Nueva EPS.
¿Qué información pidió la Procuraduría sobre la intervención de Nueva EPS?
El Ministerio Público requirió que se precise si la EPS mantiene las causales de intervención al momento del vencimiento del acto administrativo que prorrogó la medida. De igual forma, pidió que se informe cómo queda entonces la administración de la entidad.
La solicitud también incluye los informes mensuales elaborados por la contralora designada para la administración de Nueva EPS. En esos documentos deberán detallarse los periodos evaluados, las fechas de entrega, los avances reportados, la evolución observada y las valoraciones sobre la situación técnico-científica, financiera, jurídica y administrativa de la EPS.
Además, la Procuraduría pidió que se remita la gestión adelantada frente a distintos incumplimientos asociados al funcionamiento de la entidad. Entre los aspectos mencionados se encuentran las cuentas médicas, la modernización tecnológica, la contratación, los estados financieros y el control y manejo de los recursos.
El requerimiento fija un plazo de tres días hábiles
La Procuraduría Delegada reiteró que el informe deberá ser entregado dentro de los próximos tres días hábiles contados a partir del recibido de la solicitud. Con ese requerimiento, el órgano de control busca contar con información actualizada sobre el estado de cumplimiento de las órdenes impartidas en el marco de la intervención.
El oficio también pone el foco en la documentación producida durante el proceso de vigilancia y administración de la EPS, especialmente en los reportes de seguimiento y en los conceptos emitidos por las áreas encargadas del aseguramiento en salud.
Con esta solicitud, la Procuraduría pidió a la Supersalud Ad Hoc un pronunciamiento formal sobre la situación actual de Nueva EPS, en un momento marcado por el vencimiento de la prórroga de la intervención y por la necesidad de definir si persisten las causales que dieron origen a esa medida.
