Transparencia por Colombia y el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud mantienen una vigilancia activa sobre la reforma del sistema de salud propuesta por el Gobierno Nacional en febrero de 2023, por lo que presentaron un balance del proyecto de ley y algunas recomendaciones para incentivar la transparencia y prevenir la corrupción en la reforma a la salud. Cabe recordar que proyecto fue aprobado en segundo debate por la Cámara de Representantes en diciembre del mismo año.
Las entidades, en su análisis profundo a la transformación del sistema de salud por medio de la reforma propuesta por el Gobierno Nacional, destacan avances significativos en la lucha contra la corrupción, entre ellos, la eliminación o la definición clara de la mayoría de las facultades extraordinarias del presidente, así como la introducción de medidas de transparencia y rendición de cuentas por parte del Gobierno Corporativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). No obstante, siguen identificando riesgos y desafíos en la implementación de los cambios que se vinculan con los siguientes seis puntos esenciales de la reforma:
Las auditorías para el pago por prestación de servicios en salud
La reforma a la salud establece un esquema de pago para las cuentas de servicios de salud, donde la ADRES deberá abonar el 85% de lo facturado por los prestadores de servicios de salud en un plazo máximo de 30 días. El 15% restante se pagará una vez completada la auditoría correspondiente.
Frente a ello, las entidades habían advertido previamente sobre los riesgos asociados con el aumento del porcentaje mínimo de pago al presentar la factura, sin fortalecer los mecanismos de control. Este enfoque representa una amenaza para la estabilidad y el financiamiento del sistema, ya que implica comprometer recursos sin la debida verificación de la autenticidad de los gastos o posibles sobrecostos.
De esta manera, es fundamental ajustar el proceso para agilizar el pago de las facturas y garantizar un flujo oportuno de recursos sin comprometer la sostenibilidad del sistema, así como reforzar las actividades de auditoría previas a la presentación de las facturas ante la ADRES- Esto como tal implica establecer mecanismos de contratación entre las aseguradoras o las entidades que asuman sus funciones, CAPS e ISE, para ejercer un control más efectivo sobre la ejecución de los recursos públicos y garantizar la transparencia en el uso de los recursos.
Transparencia por Colombia y Así Vamos: Sistema público Unificado e Interoperable de Información en Salud (SPUIIS)
En cuanto las propuestas relacionadas con el Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud (SPUIIS), que busca mejorar la transparencia en la información de salud, es crucial que este sistema sea verdaderamente interoperable, integrando los sistemas existentes en entidades territoriales, aseguradores y prestadores de salud. Esto significa que se debe tener la capacidad de integrarse con los sistemas de información existentes en las entidades territoriales, aseguradores (futuras gestoras de salud y vida), prestadores de servicios de salud y operadores logísticos.
Igualmente, se debe garantizar la existencia de un módulo de consulta ciudadana que cumpla con los estándares establecidos en las leyes de acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014) y de protección de datos (Ley 1581 de 2012), que permitiría a los ciudadanos acceder a información de calidad y en un lenguaje sencillo para ejercer el control social. Es fundamental que el SPUIIS cuente con los más altos estándares de seguridad digital, dado que contendrá información sensible de todos los colombianos, garantizando así el resguardo de la información y la sostenibilidad de la red.
Designación de los directores de las Instituciones del Estado (ISE)
En el segundo debate de la reforma se eliminó el artículo 42 que buscaba fortalecer el proceso de designación de directores de instituciones públicas de salud en el orden territorial, con un enfoque basado en la meritocracia. Sin embargo, la designación seguirá bajo la responsabilidad del alcalde o gobernador, lo que mantiene el riesgo de clientelismo y politización en estas instituciones.
Ante este panorama, el Congreso deberá aprovechar esta oportunidad para mejorar la administración de hospitales y centros de salud, con la incorporación de criterios y objetivos claros para la selección de directores de las Instituciones de Salud del Estado, asegurando que sean elegidos por su capacidad de gestión y conocimiento técnico, en lugar de consideraciones políticas.
Traslado de funciones de aseguramiento y riesgo financiero a la ADRES y otras entidades estatales
Transparencia por Colombia y el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud destacan que dispersar un alto porcentaje de las funciones de aseguramiento en salud a varias entidades estatales sin el desarrollo previo de capacidades representa un riesgo significativo de colapso del sistema de salud. Esto no reconoce la capacidad técnica e institucional que las EPS han desarrollado a lo largo de los 30 años de existencia del sistema actual, especialmente en la gestión de riesgos financieros, operativos y de salud.
Como tal, esta situación podría llevar a las familias a enfrentar un mayor riesgo financiero y un aumento en el gasto de bolsillo debido a mayores barreras de acceso a los servicios de salud. Es esencial profundizar en el conocimiento de las dificultades del sistema actual y detallar los recursos necesarios a corto, mediano y largo plazo. Por ello, es recomendable aprovechar las capacidades instaladas de los actores del sistema para la gestión del riesgo operativo, financiero y de salud, así como realizar esfuerzos para garantizar el recurso humano, la infraestructura y los suministros necesarios para atender las demandas planteadas por la reforma, sin desmontar las capacidades existentes.
Fuentes, uso y gestión de los recursos financieros del sistema de salud
La reforma debe definir los servicios sociales complementarios financiados con recursos de la salud, estableciendo plazos específicos para su desarrollo, lo que mejoraría la salud financiera del sistema actual y futuro. Es esencial que se incorporen incentivos en las formas de pago y contratación, ya que son fundamentales para mejorar la eficiencia y controlar la ejecución de los recursos públicos, promoviendo resultados en salud y sostenibilidad financiera.
Estos incentivos deben orientarse hacia el bienestar de la población, la calidad de los servicios y los resultados, así como la disponibilidad de información. También debe profundizar en estrategias para aumentar los recursos financieros existentes, crear nuevas fuentes de financiamiento para la salud, asegurando la sostenibilidad fiscal y evaluar cuidadosamente las instancias territoriales propuestas, como las Unidades Zonales de Planeación y Evaluación en Salud, para evitar un posible aumento de ineficiencias, clientelismo y corrupción.
Por su parte, Augusto Galán, director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud indicó que “Se espera una evaluación más sosegada, profunda y objetiva en el Senado de la República sobre el texto del proyecto de ley, que se base en la evidencia y en la referenciación técnica, con una verdadera y efectiva participación ciudadana, que de verdad construya sobre lo construido en el sector, para así tomar las determinaciones de una reforma a la salud que en realidad nos convenga a todos los colombianos”
Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS)
Aunque hasta el momento la Reforma a la Salud no ha sido aprobada, el gobierno está avanzando en una propuesta para reconstruir 1.500 centros de salud inactivos en zonas remotas del país; una iniciativa que implicaría la colaboración entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el SENA, las Juntas de Acción Comunal y las Alcaldías, para integrar estos centros en los futuros CAPS previstos en la reforma. Pero frente a ello, existe preocupación sobre la carga que esta responsabilidad podría representar para las Juntas de Acción Comunal.
Se están negociando convenios que deben garantizar claridad en la financiación y criterios de selección de municipios, así como medidas para proteger a las Juntas de posibles incumplimientos y errores derivados de esta sobrecarga de responsabilidades.
Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, señala “Consideramos que tomar en cuenta estas nuevas alertas en la reforma podría evitar casos graves de corrupción en el sistema de salud. La propuesta, que se presentará en tercer debate, continúa siendo compleja y requiere un fortalecimiento por parte de las instituciones para garantizar una operación más transparente”.
