El aumento de la población mayor en las Américas está elevando la necesidad de servicios de asistencia continua, mientras persisten dificultades para garantizar su financiación y coordinación. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reveló que, pese a que el 88 % de los países encuestados ha incorporado los cuidados a largo plazo en sus leyes, políticas o planes nacionales, solamente 15 de sus 35 Estados miembros reportan sistemas formales financiados con fondos públicos. El panorama plantea desafíos para los servicios sanitarios y de protección social, especialmente ante las proyecciones de envejecimiento para las próximas décadas.
Los resultados fueron presentados por la OPS el 28 de octubre de 2026, con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, y están respaldados por un análisis técnico elaborado junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La evaluación identifica la fragmentación institucional, el financiamiento insuficiente y la dependencia del cuidado familiar como factores que limitan el desarrollo de sistemas capaces de responder a necesidades prolongadas de asistencia.
Más de 306 millones de personas tendrán 60 años o más en las Américas para 2050
El envejecimiento demográfico está modificando las necesidades de atención sanitaria y apoyo social en el continente. Las proyecciones de la OPS indican que, para 2050, aproximadamente 306 millones de habitantes de las Américas tendrán 60 años o más, lo que representará el 26,6 % de la población regional.
Este escenario incrementa la importancia de contar con servicios que contribuyan a preservar la autonomía, mantener la capacidad funcional y ofrecer asistencia a las personas que presentan dificultades para desarrollar actividades cotidianas. Los cuidados a largo plazo comprenden apoyos destinados a personas que necesitan ayuda continua por limitaciones funcionales asociadas con enfermedades, discapacidad u otras condiciones. Pueden incluir asistencia para la movilidad, alimentación, higiene personal, administración de medicamentos y otras tareas esenciales.
No obstante, el envejecimiento no implica necesariamente dependencia. La población mayor de 60 años y las personas que requieren cuidados prolongados constituyen grupos diferentes, por lo que las estimaciones demográficas no deben interpretarse como una medición directa de la demanda asistencial.
En su evaluación regional de octubre de 2026, la OPS señaló que una persona que alcanza los 60 años en las Américas puede esperar vivir aproximadamente 23 años adicionales, aunque solo 16 de ellos transcurrirían con plena salud. Esta diferencia refuerza la importancia de organizar apoyos que respondan a las necesidades funcionales durante el envejecimiento.
El reconocimiento normativo avanza más rápido que la financiación de los servicios
Uno de los principales hallazgos de la OPS es la distancia entre la incorporación de los cuidados a largo plazo en las políticas nacionales y la existencia de mecanismos formales para prestarlos. De acuerdo con la evaluación de mitad de período de 2025 de la Década de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable, el 88 % de los países participantes informó que estos cuidados estaban incluidos en su legislación, políticas o planes nacionales. Entre los países que respondieron en 2020, la proporción había sido del 61 %.
Sin embargo, únicamente 15 de los 35 Estados miembros de la OPS reportaron disponer de sistemas formales de cuidados a largo plazo financiados públicamente.
La organización también identificó limitaciones en el reconocimiento de quienes proporcionan asistencia sin remuneración. Apenas siete de los 27 países que respondieron la pregunta correspondiente informaron contar con reconocimiento legal de las personas cuidadoras informales y de su derecho a recibir apoyo. Los resultados muestran que la incorporación de compromisos en los instrumentos de política pública no equivale necesariamente a garantizar una oferta de servicios suficiente y financiada.
La fragmentación entre salud y protección social dificulta la continuidad asistencial
La sinopsis técnica sobre gobernanza y financiamiento de los cuidados a largo plazo, publicada por la OPS en colaboración con el BID en marzo de 2026, describe obstáculos relacionados con la organización institucional y los mecanismos de financiación. Uno de los problemas identificados es el funcionamiento independiente de los servicios sanitarios y sociales, que puede dificultar la coordinación de las evaluaciones y los planes individuales de atención.
En estos escenarios, las personas que necesitan asistencia prolongada pueden recibir servicios de diferentes proveedores sin disponer de mecanismos suficientes para asegurar su continuidad.
La OPS señala que fortalecer los sistemas requiere definir responsabilidades institucionales, desarrollar criterios de acceso, establecer estándares de calidad y coordinar las intervenciones de salud con los servicios sociales y comunitarios. El financiamiento público también ocupa un lugar central en estas recomendaciones, debido a su importancia para reducir las dificultades económicas de las personas y sus familias.
Las familias continúan asumiendo una parte importante del cuidado
Las deficiencias de los sistemas formales tienen consecuencias para los hogares, que frecuentemente deben proporcionar atención no remunerada o asumir pagos directos para cubrir las necesidades de asistencia. La sinopsis de la OPS y el BID estima que el valor económico de los cuidados informales a largo plazo puede representar entre el 0,8 % y el 4,9 % del producto interno bruto (PIB) anual, según las estimaciones examinadas.
Este indicador corresponde al valor económico del trabajo informal de cuidado y no al gasto público destinado a financiar los servicios. La situación evidencia la importancia de reconocer el trabajo de las personas cuidadoras y establecer mecanismos de apoyo que contribuyan a distribuir las responsabilidades entre familias, servicios sanitarios e instituciones de protección social.
Como experiencia regional, la OPS destaca el Sistema Nacional Integrado de Cuidados de Uruguay, establecido en 2015. Este modelo articula ministerios, gobiernos locales y organizaciones sociales mediante mecanismos compartidos de coordinación y financiamiento. También contempla evaluaciones estandarizadas de necesidades, criterios de acceso, estándares de calidad y formación del personal cuidador.
Colombia enfrenta el mismo desafío demográfico y avanza en una política nacional de cuidado
El panorama regional adquiere relevancia para Colombia, donde el envejecimiento también está transformando la composición de la población. La Defensoría del Pueblo informó en 2026 que las personas de 60 años o más representan aproximadamente el 15 % de la población colombiana y que su participación podría superar el 25 % para 2050.
En materia de organización del cuidado, el país adoptó el Documento CONPES 4143 de 2025, correspondiente a la Política Nacional de Cuidado, que establece una hoja de ruta hasta 2034 para reconocer los derechos de quienes cuidan y de las personas que requieren apoyo. Colombia también dispone de la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031, adoptada mediante el Decreto 681 de 2022, orientada a promover el envejecimiento saludable, la autonomía y la protección de los derechos de las personas mayores.
Un elemento adicional aparece en los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del DANE. Para el período septiembre de 2024 a agosto de 2025, el 89,8 % de las mujeres de 10 años o más participó en actividades de trabajo no remunerado, frente al 65,2 % de los hombres. Aunque estas cifras incluyen diversas actividades domésticas y de cuidado, y no se refieren exclusivamente a personas mayores dependientes, permiten dimensionar la distribución desigual de las responsabilidades que recaen sobre los hogares colombianos.
En este contexto, los hallazgos de la OPS ofrecen un referente para examinar la articulación entre atención sanitaria, servicios sociales, apoyo domiciliario y protección de las personas cuidadoras en Colombia. No obstante, los indicadores regionales sobre financiación y disponibilidad de sistemas formales no permiten establecer, por sí mismos, el nivel específico de cobertura nacional.
¿Qué propone la OPS para garantizar cuidados a largo plazo sostenibles?
La Política Regional sobre Cuidados a Largo Plazo 2025-2034 establece orientaciones para mejorar la coordinación, el financiamiento y la calidad de los servicios, mediante esquemas de atención centrados en las personas. Entre sus prioridades se encuentra la integración de los cuidados con la atención primaria de salud y los servicios comunitarios, además del fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, la formación del personal y el respaldo a las personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas.
La OPS también destaca la necesidad de disponer de información transparente sobre el gasto en cuidados a largo plazo, sus fuentes de financiamiento y las modalidades de prestación. Estos elementos permiten orientar las decisiones de política pública y evaluar la sostenibilidad de los servicios.
Para los sistemas de salud de las Américas, las proyecciones de envejecimiento y las limitaciones identificadas ponen de relieve la necesidad de desarrollar respuestas que articulen la atención clínica con los apoyos sociales y comunitarios. El seguimiento a estas políticas permitirá establecer en qué medida los avances normativos se traducen en servicios accesibles, coordinados y financiados para las personas que requieren asistencia prolongada.
