Sostenibilidad financiera, aseguramiento y acceso marcan el segundo día del XXI Congreso Nacional de Salud
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Siga el segundo día del XXI Congreso Nacional de Salud 2026: Nueva EPS, financiación, UPC, acceso, gasto de bolsillo y brechas territoriales.
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El XXI Congreso Nacional de Salud 2026 continuó este viernes 11 de septiembre en Bogotá con una segunda jornada orientada a profundizar en algunos de los problemas que condicionan el funcionamiento inmediato y futuro del sistema de salud colombiano.
La agenda académica inició con el Dr. Roberto Solano, agente interventor de Nueva EPS, en un bloque dedicado a la situación de la entidad. Posteriormente, la discusión pasó de la situación particular del aseguramiento a una mirada sobre el contexto económico en el que deberá desenvolverse el sistema. Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, presentó “Una visión sobre la economía colombiana”, conectando crecimiento, mercado laboral, desigualdad y restricciones fiscales con los desafíos financieros y territoriales de la salud.
Fedesarrollo pone el foco en la suficiencia financiera del sistema
Meléndez planteó que el bajo crecimiento no constituye únicamente un problema macroeconómico, sino que termina condicionando la capacidad del país para reducir pobreza, ampliar coberturas y financiar mejores servicios públicos. Según explicó, los periodos de mayor crecimiento han coincidido con mayores posibilidades de transferir recursos a los hogares, invertir y extender los sistemas de educación y salud.
“Lo que hemos logrado hacer de bueno pasa cuando la economía crece”.
La directora ejecutiva de Fedesarrollo sostuvo que Colombia ha logrado reducir la pobreza en periodos de expansión económica y señaló una relación similar frente a la desigualdad. Su exposición planteó así que la discusión sobre el sistema de salud ocurre dentro de una economía que enfrenta dificultades para crecer a tasas suficientemente altas y sostenidas.
Al entrar específicamente en las alternativas para el sector salud, Meléndez sostuvo que reconocer las deficiencias actuales no implica necesariamente reemplazar por completo la arquitectura existente. Fedesarrollo, explicó, plantea una estrategia diferenciada para atender los problemas de las zonas rurales y las poblaciones periféricas, cuyas necesidades no necesariamente coinciden con aquellas que enfrenta el aseguramiento en los centros urbanos.
“Aquí no se trata de refundar el sistema, pero tampoco hay que defender totalmente el status quo”.
En materia de aseguramiento, Meléndez agregó que la discusión debe trascender los casos de corrupción, cuya existencia reconoció durante su intervención, para incorporar el problema de los recursos con los que opera el sistema.
“Tenemos que pasar a hablar de los problemas de suficiencia de financiación del sistema”.
“Esto último no lo vamos a saber, digamos, en realidad hasta que el ADRES empiece a tratar de cruzar esas cuentas”.
Más allá de la cifra definitiva, su diagnóstico fue que el problema exige decisiones en el corto plazo. “Tenemos un sistema que está agobiado por las finanzas”, sostuvo durante la conferencia. La propuesta presentada por Fedesarrollo plantea que corregir la UPC con criterio técnico, sanear las deudas acumuladas y ordenar el aseguramiento requeriría recursos equivalentes a alrededor de 0,2 % a 0,3 % del PIB al año durante cinco años. Meléndez agregó que no actuar frente a estos problemas podría representar un costo igual o superior.
Alta cobertura, pero persisten diferencias en las condiciones de acceso
El diagnóstico de Fedesarrollo partió también del reconocimiento de los avances alcanzados por el sistema. Meléndez destacó la elevada proporción de población cubierta, el aumento de la expectativa de vida —que situó alrededor de los 78 años— y la reducción de la mortalidad infantil.
Sin embargo, introdujo una diferencia entre cobertura formal y acceso efectivo. “Tenemos una proporción muy alta de la población cubierta”, señaló, aunque inmediatamente advirtió que “hay una parte de esta cobertura que está solo en el papel”.
Esa distinción dio paso a uno de los principales problemas identificados en la exposición: la disponibilidad de servicios y talento humano no se distribuye de manera homogénea entre los territorios del país. Fedesarrollo sostuvo que los problemas del sistema urbano no son los mismos que los de las regiones rurales y periféricas, por lo que planteó la necesidad de una estrategia diferenciada.
Las cifras de disponibilidad de médicos generales mostradas durante la presentación permiten dimensionar esa brecha. En 2023, Bogotá registró 58 médicos generales por cada 10.000 habitantes, frente a 40 en Atlántico, 38 en Santander y un total nacional de 31.
En el extremo inferior se ubicaron Chocó con 6, Guainía y Vichada con 3 cada uno y Vaupés con apenas 1 médico general por cada 10.000 habitantes. Meléndez agregó que, de acuerdo con las cifras expuestas durante su conferencia, cerca del 60 % de los médicos se concentra en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, dato que utilizó para reforzar su planteamiento sobre la necesidad de abordar de manera distinta las condiciones de acceso de las poblaciones rurales y periféricas.
El contraste pone sobre la mesa una discusión que también estuvo presente durante la primera jornada del Congreso: los buenos resultados agregados de cobertura no necesariamente representan las mismas condiciones de acceso, disponibilidad de talento humano o capacidad de respuesta en todo el territorio.
El gasto de los hogares en salud vuelve a aumentar
Otra señal presentada por Fedesarrollo fue el cambio reciente en la trayectoria del gasto de bolsillo. Después de una tendencia descendente durante varios años, el gasto en salud de los hogares pasó de representar 2,97 % del ingreso en 2023 a 4,09 % en 2024.
La diferencia es considerable cuando el análisis se realiza por nivel de ingreso. Entre los hogares del primer quintil, el gasto destinado a salud pasó de 7,36 % del ingreso en 2023 a 12,16 % en 2024. En el quintil de mayores ingresos, por el contrario, representó 1,7 % en 2023 y 1,6 % en 2024.
Meléndez llamó especialmente la atención sobre el comportamiento de los hogares de menores ingresos. Aunque los porcentajes pueden parecer reducidos cuando se observan aisladamente, señaló que el incremento registrado entre 2023 y 2024 fue considerable y tuvo un comportamiento muy diferente al observado entre los hogares de mayores ingresos.
“Aquí tenemos un reto donde hay detrás unos problemas de diseño del sistema y donde el sistema no le está ayudando a la gente más pobre”.
La lectura presentada vinculó así el aumento del gasto asumido directamente por las familias con una discusión más amplia sobre acceso efectivo y protección financiera de los hogares de menores ingresos.
De acuerdo con la explicación de Fedesarrollo, la mayor proporción de gasto observada entre los hogares del primer quintil está relacionada con mayores barreras de acceso asociadas, entre otros factores, con la distancia o la calidad del servicio. En esas circunstancias, estos hogares pueden terminar destinando recursos particulares a servicios paramédicos, ayudas diagnósticas y exámenes de laboratorio.
Procuraduría advierte rezagos financieros y un “pasivo asistencial vigente” en Nueva EPS
Después del análisis económico y financiero presentado por Fedesarrollo, la discusión regresó a la situación operativa de Nueva EPS. Mónica Andrea Ulloa Ruiz, procuradora delegada para asuntos civiles, del trabajo y seguridad social, expuso los hallazgos derivados del seguimiento que realiza el organismo de control y advirtió sobre rezagos en cuentas médicas, anticipos pendientes de legalización y solicitudes de atención que continúan sin resolverse.
Uno de los principales focos estuvo en el flujo de recursos hacia los prestadores. Ulloa reconoció el aumento del giro directo, pero sostuvo que todavía debe establecerse si esta medida está generando liquidez suficiente en la red. Según explicó, la Procuraduría continúa recibiendo quejas relacionadas con cierres de servicios y advertencias sobre dificultades financieras de instituciones prestadoras.
“Si no actuamos de inmediato, pues el problema se va a seguir agrandando”.
Durante la exposición, Ulloa señaló que existen $23 billones pendientes de aplicar, asociados a anticipos sin legalizar, además de un volumen considerable de facturas todavía sin procesar. Para la procuradora, esta acumulación termina dificultando conocer con precisión la situación financiera de la entidad y obliga a fortalecer los procesos de auditoría y depuración de las cuentas.
La funcionaria sostuvo además que el crecimiento de los costos registrado en Nueva EPS no necesariamente se ha traducido en una mayor prestación de servicios. Atribuyó parte del problema a deficiencias en la gestión del riesgo en salud y en la administración financiera, incluyendo pérdida de capacidad para contratar eficientemente y negociar tarifas.
Otro de los frentes expuestos fue la actuación de la Procuraduría en procesos judiciales relacionados con embargos de recursos. Ulloa explicó que el organismo ha designado procuradores judiciales para intervenir en estos procedimientos, con el propósito de garantizar simultáneamente el derecho de los acreedores y la protección del patrimonio público.
“La Procuraduría respalda la acción judicial que tiene un acreedor, pero también tiene que velar por la seguridad de los recursos públicos”.
Según señaló, esta actuación permitió que en al menos un proceso adelantado en Bogotá fueran desembargados recursos que habían sido objeto de una medida judicial.
Procuraduría pide depurar tutelas y priorizar los casos urgentes
La exposición trasladó después el análisis financiero hacia las obligaciones pendientes con los afiliados. Ulloa planteó que la respuesta no puede limitarse a contabilizar o contestar tutelas y desacatos, sino que Nueva EPS debe establecer cuáles órdenes continúan vigentes, qué servicios siguen siendo requeridos y cuáles prescripciones necesitan atención inmediata.
La prioridad, indicó, debe estar en identificar a los pacientes que realmente continúan esperando una respuesta, especialmente aquellos con enfermedades de alto costo o tratamientos que no pueden seguir aplazándose.
“Lo hemos llamado un pasivo asistencial vigente”.
El concepto fue utilizado por la Procuraduría para referirse a las necesidades asistenciales que permanecen pendientes detrás de tutelas, desacatos y órdenes de servicio no resueltas. Ulloa insistió en que cada uno de esos expedientes representa a un ciudadano que continúa acudiendo a las instituciones para solicitar la protección de su derecho a la salud.
Frente a ese escenario, la procuradora planteó una hoja de ruta basada en claridad sobre las cuentas, conciliación efectiva de glosas y devoluciones, formalización contractual, fortalecimiento de la gestión financiera y control del costo médico.
“Tenemos que tener claridad en las cuentas. Tenemos que tener una conciliación efectiva de esas glosas y devoluciones”.
Ulloa precisó que la Procuraduría no coadministra las EPS ni sustituye las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud o del Ministerio de Salud, pero aseguró que continuará realizando seguimiento permanente a la gestión y a la garantía de los derechos de los afiliados.
Compra directa de medicamentos: ahorros potenciales, pero nuevos desafíos para EPS y gestores
Después del análisis de la Procuraduría sobre la situación financiera y asistencial del aseguramiento, la agenda avanzó hacia uno de sus componentes operativos más sensibles: el acceso a medicamentos. La Dra. Juvenny Organista Cardona, médica y experta en medicamentos, analizó los modelos de compra directa desde las EPS y los desafíos que supone modificar la relación tradicional entre aseguradores, gestores farmacéuticos e industria.
Organista diferenció inicialmente la compra centralizada, la negociación conjunta y la compra directa. En este último modelo, explicó, la EPS negocia y compra directamente al laboratorio farmacéutico, reduciendo la intermediación comercial, mientras otras funciones —como almacenamiento, distribución y dispensación al usuario— continúan requiriendo capacidades logísticas específicas.
La especialista señaló que la compra directa no constituye una práctica completamente nueva en Colombia y recordó que existen experiencias desarrolladas desde hace aproximadamente una década, inicialmente concentradas en medicamentos de alto costo y enfermedades huérfanas.
Entre sus principales ventajas identificó la posibilidad de mejorar el poder de negociación, obtener mejores tarifas y reducir márgenes asociados a la intermediación. Sin embargo, advirtió que eliminar un eslabón comercial no significa que desaparezcan las funciones que ese actor realizaba.
Precisamente allí ubicó uno de los principales desafíos del modelo. Los gestores farmacéuticos no solamente compran medicamentos: administran proveedores e inventarios, almacenan productos, realizan distribución y se encargan de la dispensación de última milla al paciente. La industria farmacéutica, por su parte, está estructurada principalmente para fabricar o importar y vender grandes volúmenes, no necesariamente para entregar unidades directamente a cada usuario.
“Los laboratorios no son gestores farmacéuticos para que entreguen directamente al usuario”.
La afirmación sintetizó uno de los riesgos señalados por Organista: trasladar la compra hacia el laboratorio obliga a definir con precisión quién asumirá la distribución, el manejo de inventarios y la entrega efectiva al paciente. En las experiencias de negociación conjunta, explicó, las dificultades de coordinación, los tiempos y el diseño de la última milla ya han mostrado límites operativos.
La conferencia puso así el énfasis en que el resultado de la compra directa no depende exclusivamente del precio negociado. La operación requiere articular adecuadamente al asegurador, la industria y los gestores farmacéuticos para evitar que los ahorros obtenidos en la adquisición se traduzcan posteriormente en problemas de abastecimiento, inventarios o dispensación.
Organista también planteó que la planeación de la demanda, la trazabilidad de los medicamentos y los sistemas de información adquieren mayor relevancia bajo este tipo de esquemas. La EPS mantiene sus responsabilidades de aseguramiento, contratación, pago y reporte, mientras el gestor continúa desempeñando funciones esenciales relacionadas con el medicamento hasta su entrega efectiva al usuario.
En desarrollo…
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Juan Manuel Correa
Comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana, con más de 7 años de experiencia en radio y medios digitales. Apasionado por el periodismo de datos y la narrativa de historias (storytelling), con un enfoque riguroso para explorar todos los ángulos posibles de la noticia y conectar a profundidad con las audiencias.
