El aumento de las acciones de tutela en Colombia volvió a poner en evidencia la creciente demanda de los ciudadanos por la protección judicial de sus derechos fundamentales. De acuerdo con cifras de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, entre 2020 y 2025 las tutelas radicadas en el país pasaron de 459.680 a 1.202.436, lo que representa un incremento del 162 %. En 2025, además, los despachos judiciales profirieron 1.108.067 fallos, sin contar impugnaciones ni decisiones de las altas cortes.
Dentro de ese comportamiento, el derecho fundamental a la salud fue uno de los más invocados por los ciudadanos, junto con el derecho de petición. La cifra confirma que la tutela sigue siendo una de las principales vías para exigir garantías básicas cuando los usuarios consideran vulnerados sus derechos.
La salud concentró un alto volumen de decisiones favorables
Durante 2025 se tramitaron 378.895 acciones de tutela por presuntas vulneraciones al derecho fundamental a la salud. De ese total, 297.150 fueron concedidas, 45.306 correspondieron a hechos superados, 23.864 fueron negadas y 12.575 se declararon improcedentes.
La mayor carga de estos procesos estuvo en la Jurisdicción Ordinaria, donde se tramitaron 360.261 acciones relacionadas con salud. Antioquia encabezó el número de decisiones favorables con 59.719 tutelas concedidas, seguida de Bogotá con 28.410 y Valle del Cauca con 26.659.
También se ubicaron entre los territorios con más tutelas concedidas Norte de Santander con 21.287 casos, Caldas con 16.844 y Santander con 15.487. Las cifras muestran una alta concentración en departamentos con amplia demanda de servicios y fuerte actividad judicial.
¿Qué pasó con las demás tutelas tramitadas en el país?
El derecho de petición fue el otro gran motivo de tutela durante 2025. En total se tramitaron 432.658 acciones por presuntas vulneraciones a este derecho. De ellas, 177.531 fueron concedidas, 138.738 se resolvieron como hecho superado, 77.333 fueron negadas y 39.055 se declararon improcedentes.
En esta materia, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tramitó 29.465 acciones. Por su parte, la Jurisdicción Ordinaria profirió 403.193 decisiones relacionadas con derecho de petición. Bogotá registró 29.514 tutelas concedidas, Valle del Cauca 23.255 y Antioquia 22.598.
En contraste, los menores registros de tutelas concedidas por derecho de petición se presentaron en Quindío con 1.555 casos, Caquetá con 1.388 y Chocó con 844. El comportamiento territorial mantuvo la tendencia de concentración en las regiones con mayor población y mayor número de despachos judiciales.
La carga de la justicia se reflejó en varias jurisdicciones
La presión sobre los despachos no se limitó a la Jurisdicción Ordinaria. En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo también se tramitó un número importante de tutelas en salud. Allí ingresaron 18.634 acciones y 15.515 fueron concedidas.
Los departamentos con más decisiones favorables en esta jurisdicción fueron Antioquia con 2.994, Norte de Santander con 2.650, Caldas con 1.307 y Valle del Cauca con 1.197. Estos datos muestran que la demanda de protección judicial en salud tuvo un alcance amplio dentro del aparato judicial.
Las principales cifras reportadas por el Consejo Superior de la Judicatura dejan este balance
- 1.202.436 tutelas radicadas en 2025
- 1.108.067 fallos proferidos en despachos judiciales
- 378.895 tutelas por vulneración del derecho a la salud
- 297.150 tutelas en salud concedidas
- 432.658 tutelas por derecho de petición
El comportamiento registrado entre 2020 y 2025 confirma un crecimiento sostenido en el uso de la tutela en Colombia como mecanismo para reclamar la protección de derechos fundamentales. En ese contexto, la salud se mantuvo entre los principales motivos de reclamación ante la justicia, lo que evidencia la persistencia de barreras en la atención y en el acceso efectivo a los servicios. De esta manera, las tutelas en esta materia siguen ocupando un lugar relevante dentro de la agenda judicial y reflejan la importancia que conserva la garantía del derecho a la salud en la respuesta institucional del país.
