Durante la presentación de la reforma a la salud en Cali, el titular de la Supersalud, Ulahí Beltrán expresó que la reforma debe darle a esta entidad herramientas para actuar de manera efectiva en el control de los agentes sectoriales que vulneran el derecho a la salud en el país.
“Necesitamos una Superintendencia capaz de ejercer un control sancionatorio y correctivo que le garantice al ciudadano afectado una protección de manera rápida y que genere una actuación sancionatoria ejemplar para el que tiene la obligación de garantizar la protección”, añadió Beltrán en su intervención ante la Cumbre del Valle del Cauca para hablar sobre la reforma a la salud. En ese sentido, las funciones de la Supersalud no se limitarían a la vigilancia e inspección sino al control directo de los actores.
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La transformación de la Supersalud con la reforma
Desde las competencias de la Supersalud, ésta debe garantizarle al usuario una cercanía que responda rápidamente a sus necesidades. “Nunca antes estuvimos tan cerca de hacer legítimo el deseo de todo un país por tener una Superintendencia amiga, solidaria, que respalde a los ciudadanos y no que se muestre solidaria con los que tradicionalmente han venido infringiendo la normatividad”.
Con ello, el ente de vigilancia y control desarrollaría actuaciones que generen respuestas rápidas, efectivas y que dignifiquen la vida y la salud de los ciudadanos, puesto que, en la actualidad se evidencian situaciones adversas para la población respecto al acceso a los servicios de salud que debían recibir.
- A través de todos los canales de comunicación, la Superintendencia recibió 1.2 millones de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), que corresponden a manifestaciones de inconformidad o de insatisfacción de las personas.
- De éstas, 1.247.137 (PQRD) radicadas en el año pasado, 422.759 quejas, equivalentes al 34% fueron clasificadas bajo la figura de ‘riesgo de vida’, debido a que necesitaban una solución inmediata de la Supersalud por el crítico estado de salud en que se encontraban los pacientes.
“El denominador común que evidenciamos es el de personas afiliadas a una agencia de aseguramiento (EPS) pero que no se encuentran aseguradas ni protegidas, sino que son expuestas a circunstancias donde su vida se encuentra en peligro y debemos actuar rápidamente para poder honrarles su derecho a la salud”, dijo el superintendente.
Según los datos presentados, los principales motivos de petición y denuncia fueron la demora en la asignación de citas de consulta médica especializada, los retrasos en la entrega de medicamentos, la tardanza en la programación de exámenes de laboratorio y diagnósticos, así como la inoportunidad en la programación de cirugías.
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