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Supersalud solicita a las EPS entregar listado de IPS que embargan recursos de la salud
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Cuando se ponen en riesgo los recursos de la salud, el impacto no se limita a las finanzas del sistema: también afecta de manera directa la atención de millones de colombianos. Estos dineros son el oxígeno que mantiene en funcionamiento a hospitales y clínicas, y cualquier intento de desviarlos golpea a toda la red de prestadores. Con ese trasfondo, las denuncias recientes sobre embargos judiciales encendieron la alerta de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), que recordó que estos fondos son inembargables y están protegidos por la Constitución.
El superintendente Giovanny Rubiano García advirtió que no es un tema menor, sino una amenaza real para la sostenibilidad del sistema. Según explicó, permitir el embargo de recursos públicos destinados a la salud afectaría el flujo financiero hacia clínicas y hospitales, comprometiendo directamente el acceso de los colombianos a servicios médicos, tratamientos y medicamentos.
Denuncias que ponen en jaque el sistema de salud
Las denuncias que dieron origen a la advertencia fueron reveladas por un medio de comunicación nacional. Según los reportes, se estarían utilizando mandamientos judiciales para ordenar pagos a cargo de una EPS bajo medida de intervención, una situación que prendió las alarmas en el sector salud.
El mecanismo denunciado representa un riesgo doble. Por un lado, presiona a las EPS con deudas acumuladas de años anteriores, y por otro, inmoviliza recursos que deberían destinarse a cubrir la operación presente del sistema. El resultado puede ser la interrupción de servicios en clínicas y hospitales, que dependen de estos giros para sostener su funcionamiento.
El superintendente Rubiano García fue enfático en señalar que este tipo de embargos afectan el conjunto de la red de prestadores, no solo a la EPS señalada. “No se trata de un simple embargo, sino de la afectación del flujo de recursos a toda la red prestadora”, aseguró.
El blindaje jurídico que protege los recursos de la salud
La figura de la inembargabilidad de los recursos de la salud tiene un sustento jurídico sólido que abarca varias décadas. El artículo 182 de la Ley 100 de 1993, el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y el artículo 2.6.4.1.4 del Decreto 780 de 2016 establecen de manera clara que los recursos del sistema son intocables y deben destinarse exclusivamente a la prestación de servicios de salud.
La Corte Constitucional, a través de sentencias como la T-760 de 2008, ha reiterado que esta protección busca garantizar el flujo oportuno de dineros hacia los prestadores, proteger la sostenibilidad del sistema y asegurar que el interés general prevalezca sobre los intereses particulares.
Rubiano García recordó que las decisiones judiciales que ordenen embargos sobre estos fondos van en contravía de este marco legal y jurisprudencial. “Las medidas judiciales no pueden paralizar el funcionamiento del sistema ni impedir el acceso efectivo a los servicios de salud”, enfatizó el funcionario.
Supersalud pide claridad a las EPS sobre embargos
En respuesta a las denuncias, la Supersalud solicitó a todas las EPS que entreguen un listado detallado de las IPS y prestadores que han recurrido a embargos de los recursos de la salud. El objetivo es establecer quiénes estarían impulsando estas medidas y dimensionar su impacto en el sistema.
El organismo de control advirtió que estas prácticas no solo comprometen la liquidez de la EPS afectada, sino que también ponen en riesgo los pagos a clínicas y hospitales de todo el país. Al inmovilizar los recursos públicos, se corta el flujo financiero que sostiene la atención en salud.
Según explicó el superintendente, el reto es encontrar un equilibrio: garantizar que los prestadores reciban lo que se les adeuda, pero sin vulnerar la regla de inembargabilidad que mantiene operativo al sistema. Por eso, insistió en buscar salidas concertadas y mecanismos de conciliación que permitan cumplir con los pagos sin afectar la destinación de los recursos.
Organismos de control respaldan la inembargabilidad
El pronunciamiento de la Supersalud no está aislado, dado que la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Salud han emitido circulares en las que recuerdan la inembargabilidad de los recursos públicos de la salud y exhortan a todas las entidades a respetar esta disposición.
La acción conjunta de estas instituciones busca blindar el financiamiento del sistema y evitar que los recursos terminen en procesos judiciales que favorezcan intereses particulares. El consenso es que la salud de los colombianos no puede ponerse en riesgo por litigios financieros.
Consecuencias para la red de prestadores y pacientes
Más allá del debate jurídico, la discusión sobre embargos tiene efectos concretos en la red de prestadores. Cuando los recursos se inmovilizan, hospitales y clínicas ven frenada su operación, se acumulan retrasos en el pago a trabajadores de la salud y proveedores, y se compromete la calidad y continuidad del servicio.
En un contexto de alta presión financiera para el sistema, cualquier obstáculo al flujo oportuno de los recursos genera una reacción en cadena. Los médicos y personal de salud enfrentan retrasos en sus honorarios, los prestadores pierden liquidez y, al final, los pacientes son los más afectados al ver limitadas las posibilidades de atención.
La Supersalud recordó que los prestadores cuentan con mecanismos alternativos de reclamación, como las conciliaciones, que permiten resolver conflictos sin afectar el funcionamiento general del sistema. La invitación, según la entidad, es a privilegiar estos caminos en lugar de recurrir a embargos que comprometen el interés general.
La salud como prioridad colectiva
El mensaje de la Supersalud es categórico; los recursos de la salud inembargables son un principio esencial del sistema, y su respeto es condición para la sostenibilidad y la garantía del derecho fundamental a la salud.
El llamado de la entidad no solo busca frenar prácticas que ponen en riesgo el financiamiento del sector, sino también reforzar la confianza de los ciudadanos en que cada peso público destinado a la salud llegará efectivamente a la atención de los pacientes.
