La auditoría al FOMAG realizada por la Superintendencia Nacional de Salud identificó 38 hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal, asociados con deficiencias en la contratación, la gestión financiera, los sistemas de información y el acceso efectivo a los servicios. El organismo anunció que remitirá los resultados a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría para que adelanten las actuaciones de su competencia.
La revisión comprendió las vigencias 2024, 2025 y parte de 2026 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, administrado por Fiduprevisora y responsable de garantizar la atención en salud de cerca de 820.000 docentes, pensionados y beneficiarios.
Bajo la expresión “el FOMAG le falló al Magisterio”, la Supersalud presentó un panorama marcado por inconsistencias contables, debilidades en la supervisión de pagos, barreras de acceso y falencias en la formalización de la red de prestadores. Los hallazgos corresponden a conclusiones de la autoridad de inspección, vigilancia y control y deberán ser evaluados por los organismos competentes antes de establecer eventuales responsabilidades individuales.
Auditoría al FOMAG evidenció diferencias en las cuentas y debilidades en los pagos
Uno de los principales problemas identificados fue la falta de consistencia entre las bases financieras y contables suministradas por el Fondo. La Supersalud encontró una diferencia de $210.399 millones entre los propios reportes de deuda del FOMAG, situación que, según el informe, impide determinar con certeza el valor de las obligaciones pendientes.
A esta inconsistencia se sumaron pagos por $606.056 millones por encima de los valores facturados entre mayo de 2024 y marzo de 2026. El organismo señaló que estas operaciones ocurrieron en un contexto de deficiencias en la supervisión, el seguimiento, la auditoría médica y el control de la facturación radicada.
La auditoría también cuestionó la realización de pagos mediante modalidades de cápita y pago global prospectivo sin instrumentos suficientes para verificar que los servicios hubieran sido efectivamente prestados. Para la Superintendencia, esta debilidad genera riesgos de dobles pagos y limita la trazabilidad de los recursos públicos destinados a la atención del Magisterio.
El componente financiero mostró, además, un patrimonio negativo creciente y cuentas por pagar cercanas a $2,3 billones. El informe advierte que esta situación representa un riesgo para la continuidad de la prestación, especialmente en un modelo que ya enfrenta tensiones contractuales y reclamaciones de la población afiliada.
Barreras de acceso impulsaron reclamos y acciones de tutela
Las dificultades administrativas también tuvieron una expresión directa en la atención de los usuarios. La Supersalud documentó demoras de hasta 160 días para la autorización y prestación de servicios especializados, pese a que los tiempos regulatorios son inferiores.
Entre mayo de 2024 y abril de 2026, el organismo recibió 93.572 reclamaciones relacionadas con la atención del Magisterio. Solo entre enero y abril de 2026 se radicaron 17.455, periodo que registró el promedio mensual más alto informado durante el intervalo evaluado.
El 96 % de las quejas estuvo asociado con barreras de acceso, principalmente negaciones de servicios, retrasos en las autorizaciones y demoras en la prestación. Estos datos sugieren que las fallas no estuvieron limitadas a procesos internos de administración, sino que afectaron la oportunidad con la que los afiliados lograron ingresar y permanecer dentro de las rutas asistenciales.
El aumento de las acciones judiciales refuerza esta lectura. Durante 2024 se presentaron 4.945 tutelas relacionadas con la atención en salud del Magisterio; en 2025 la cifra aumentó a 7.253 y entre enero y marzo de 2026 ya se habían registrado 3.064.
Aunque el número de tutelas no permite por sí solo establecer la calidad integral del modelo, sí funciona como un indicador de controversias reiteradas frente al acceso efectivo a prestaciones requeridas por docentes, pensionados y sus familias.
¿Qué encontró la Supersalud en medicamentos y contratación?
En el componente farmacéutico, la auditoría examinó una base de 59.843 registros correspondientes a medicamentos sometidos a regulación de precios. El análisis identificó valores unitarios facturados por encima de los precios máximos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
En contratación, la Superintendencia señaló que desde julio de 2025 el FOMAG continúa operando sin contratos formalizados con una parte importante de su red de prestadores. En su lugar, se utilizaron cartas de manifestación de interés como mecanismo de vinculación.
Esta práctica genera interrogantes sobre la definición de obligaciones, tarifas, responsabilidades, mecanismos de auditoría y condiciones para resolver controversias. La formalización contractual es especialmente relevante en un modelo de atención de alcance nacional, donde la continuidad de los servicios depende de una red amplia y territorialmente diversa.
Sistema HORUS operó con cerca del 60 % de sus funcionalidades
La auditoría examinó también la implementación del sistema de información HORUS. El contrato y su adición superaron los $45.154 millones, pero, según la Supersalud, solo entró en operación cerca del 60 % de las funcionalidades contratadas.
Módulos considerados estratégicos, entre ellos los relacionados con tutelas, agendamiento y farmacias, no habían iniciado su funcionamiento. La falta de estas herramientas limita la integración de información necesaria para gestionar solicitudes, monitorear decisiones judiciales, controlar la dispensación de medicamentos y coordinar la atención.
En un modelo con cientos de miles de afiliados, la capacidad tecnológica resulta determinante para consolidar información clínica, administrativa y financiera. Su implementación parcial puede afectar la trazabilidad de los servicios y reducir la capacidad institucional para detectar irregularidades de manera oportuna.
¿Qué otros movimientos de recursos quedaron bajo observación?
El informe identificó $19.890 millones entregados como anticipos a 144 prestadores sin soportes suficientes. También reportó giros por $475 millones bajo el concepto de gastos de viaje, aunque en las bases examinadas no figuraban destinados a funcionarios ni a afiliados activos o inactivos del Fondo.
Estas operaciones deberán ser esclarecidas en las actuaciones posteriores. La remisión a los organismos de control no implica por sí misma una decisión definitiva sobre responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal, pero abre la puerta a investigaciones especializadas sobre el origen, autorización y destino de los recursos.
La Supersalud recordó, además, que antes de esta auditoría había impartido 13 órdenes al FOMAG mediante medidas cautelares. Al momento del informe, cuatro habían sido cumplidas y nueve permanecían pendientes.
El balance presentado evidencia que la transformación del modelo de salud del Magisterio continúa enfrentando problemas de gobernanza, contratación, control financiero y respuesta asistencial. La prioridad inmediata será determinar responsabilidades, corregir los vacíos documentales y evitar que las debilidades administrativas sigan trasladándose a los usuarios mediante demoras, negaciones o interrupciones de la atención.
