El fenómeno migratorio de venezolanos a colombia cada vez se hace más notorio, según la cifra entregada por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollos – AFIDRO-. La presencia de 1.408.055 venezolanos en el país a corte de Junio de 2019, de acuerdo con el informe de Migración Colombia, sin duda requiere de una mejor atención y esfuerzos conjuntos de los diferentes actores.

Por esta razón Profamilia y AFIDRO, firmaron una alianza en apoyo al Gobierno Nacional para brindarles a los venezolanos y colombianos que han estado en crisis migratoria la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva adecuados.

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los retos de la crisis migratoria

Por consiguiente, este fenómeno social, según Profamilia, aumenta la vulnerabilidad de muchos colombianos y venezolanos, que estarían más expuestos a la violencia sexual, al acceso limitado a métodos anticonceptivos, a un mayor número de embarazos no deseados, así como de crecientes cifras de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Por su parte, Marta Royo, Directora Ejecutiva de Profamilia, la mayor ONG proveedora de servicios de salud sexual y salud reproductiva (SSSR) indica “Nuestra meta ha sido y será siempre contribuir con la disminución de las barreras de acceso y las brechas de desigualdad que existen en el país, en materia de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

apoyo en la atención sexual y reproductiva

En este sentido, la funcionaria explicó “con el apoyo de AFIDRO, buscamos brindar 2.250 servicios a personas migrantes con esta iniciativa. Estaremos en Maicao, porque allí se ubica uno de los principales puntos de entrada del país; en Bogotá, lugar al cual llega la mayoría de migrantes con vocación de permanencia y, en Ipiales, por el continuo paso en el puente fronterizo para ir hacia Ecuador y, de allí, a Perú, Argentina, Chile y otros países de Suramérica”.

Yaneth Giha, Presidente Ejecutiva de AFIDRO resalta que: “ Uno de esos retos es, sin duda, la crisis migratoria venezolana. Hombres, mujeres y niños venezolanos requieren de atención en salud, de los cuidados básicos que necesita cualquier ser humano. Para nuestro sistema, acoger a todos es un reto de una magnitud enorme”.

CONSULTORSALUD conoció a través del documento 02658 que  la Procuraduría General de la Nación recomendó a la Dirección General de Sanidad Militar revocar el proceso de licitación para la adquisición, suministro y dispensación de medicamentos por un valor de $387.000 millones, por presunto incumplimiento de los principios de la función administrativa y de la contratación estatal, que estarían limitando la libre concurrencia de oferentes.

El órgano de control, como parte de una acción de vigilancia y seguimiento, advirtió a la Dirección de Sanidad que las autoridades administrativas están obligadas a cumplir con los procedimientos de selección objetiva y los principios de planeación y selección objetiva; y no pueden restringir la posibilidad de recibir varias ofertas con mejores precios, que cumplan con los fines del Estado.

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Evaluación de los pliegos de licitación

Por su parte, el Ministerio Público cuestionó el establecimiento de condiciones de habilitación y calificación que no fueron debidamente sustentadas en los estudios previos, así como el pago de facturas sin auditoría médica, para generar “liquidez” al contratista.  

Al evaluar los pliegos de la licitación evidenció que se abre la puerta al pago de medicamentos por encima de los precios máximos de venta regulados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos e Insumos Médicos, originando posiblemente sobrecostos que se financiarían  con recursos públicos de la seguridad social en salud.

La Procuraduría recordó que de acuerdo con la Circular 07 de 2018 de la Comisión Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, los regímenes especiales de salud también están sometidos al control de precios de medicamentos, por lo que los pliegos de la licitación no pueden desconocer el ordenamiento legal.

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A juicio de la entidad, las falencias del proceso de contratación podrían afectar la estabilidad financiera del contrato y poner en riesgo el suministro de medicamentos a la población beneficiaria de los servicios médicos de la sanidad militar.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó otorgarle la libertad a Carlos Palacino (expresidente de la liquidada EPS SaludCoop) días antes de que comience un nuevo juicio en su contra. Tras la decisión del tribunal, Palacino solamente tendrá dos restricciones mientras se lleva a cabo su juicio: no podrá relacionarse con las directivas de las empresas que anteriormente dirigía y tampoco podrá salir del país.

Recordemos que, el caso contra Palacino  se hizo efectivo hace más de un año, cuando la Fiscalía encontró méritos suficientes para ordenar la captura del hombre que fue el ‘zar’ de las EPS durante casi dos décadas.

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Hallazgos presentados por la Fiscalía en el caso “Palacino Saludcoop”

Según los hallazgos encontrados en su momento por el ente acusador, el desvío de recursos habría sido de 400.000 millones de pesos (770.000 millones al 31 de diciembre del 2017, con intereses), correspondientes al mal uso del dinero de la Unidades de Pago por Capitación (UPC), que es el valor que se le reconoce por cada afiliado y donde los investigadores encontraron anomalías en las bases de usuarios, como 240 afiliados mayores de edad registrados en el sistema con tarjeta de identidad o registro civil, además de rentas parafiscales  que fueron el detonante para enviarlo preso.

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Sin embargo, es importante resaltar también que entre los hallazgos de la fiscalía esta lo ocurrido entre 2000 y 2004 cuando se descubrió que la EPS Saludcoop, estaba  incrementado presuntamente su  patrimonio con el dinero que solo podía dirigirse a la salud.  Además, según la fiscalía esas irregularidades habrían orquestado incluso inversiones en el exterior, para aumentar la planta de la EPS y para hacer préstamos a socios y trabajadores.

De acuerdo con el ente acusador, la libertad de Palacino fue otorgada tras el  vencimiento de los términos en su caso, esto como consecuencia de la dilatación en la audiencia de la lectura de la acusación.