Retoman intervención al Hospital Emiro Quintero Cañizares por orden de tribunal

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander tumbó el fallo de tutela que impedía que la Supersalud retomara la intervención al Hospital Emiro Quintero Cañizares.
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El Tribunal Administrativo de Norte de Santander tumbó el fallo de tutela presentado por el gerente saliente del hospital Emiro Quintero Cañizares,  Jairo Pinzón López que ordenaba la suspensión de la intervención a esta ESE, dándole vía libre a la Superintendencia Nacional de Salud para retomar el proceso.

Es decir, que la decisión del juez segundo del circuito judicial de Cúcuta, Germán Alberto Rodríguez fue revocada por el tribunal, que además aseguró que no comparte la decisión que tomó Rodríguez considerando que en las actuaciones administrativas de la Supersalud no existió vulneración del derecho al debido proceso y defensa del exgerente de la ESE , tal como aseguró el juez del circuito.

Así mismo, el tribunal señalo que el exgerente del hospital pudo optar por otro mecanismo de defensa para asegurar la protección de sus derechos laborales sin recurrir a la tutela. También, enfatizó que la toma de posesión de la entidad no obedece a un proceso sancionatorio o disciplinario en el que sea imprescindible la presencia de Pinzón López ya que el proceso busca investigar la situación de la ESE y no la conducta del funcionario.

Adicionalmente, señala que el funcionario tuvo la oportunidad de presentar planes de mejoramiento en las acciones de inspección y vigilancia previas a la toma de decisión y no los realizó. En este sentido, Pinzón López renunció a su cargo el pasado lunes luego de estar al frente del hospital durante menos de un mes.

Con base en la decisión tomada por el tribunal, la Superintendencia de Salud dio vía libre al agente interventor designado, Yamil Blel Cervantes para reasumir sus funciones a partir de la fecha y continuar con la adopción del plan de acción diseñado para mejorar los hallazgos y fortalecer la atención de los pacientes hasta entregar nuevamente la institución.

Recordemos, que la intervención forzosa administrativa fue ordenada el pasado 11 de noviembre de 2020 al evidenciar 87 hallazgos administrativos, financieros, jurídicos y asistenciales que obstaculizaban la atención en salud de los pacientes y el uso de de los recursos del hospital. A estos problemas evidenciados se sumaron otros encontrados por Blel Cervantes, que fueron remitidos a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría en donde ya cursan las investigaciones pertinentes.

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Hallazgos en la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares

Se evidenció concentración de contratos en pocos proveedores específicamente se favorecían 6 contratistas con contratos por valor $35.672 millones equivalentes al 39.4% del presupuesto de la vigencia 2020. Entre las posibles irregularidades se encontraron el no cumplimiento de requisitos; contratación directa, al identificarse que la mayoría de los contratos se adelantan bajo este proceso de selección, sin que se garanticen la pluralidad de oferentes; falta de sustento técnico y de estudios de mercado y financieros.

Del mismo modo, se encontraron pagos de anticipos sin justificación y sin seguimiento del uso y manejo de estos recursos, entre otros hallazgos:

  • Medicamentos sin soportes legales. El equipo auditor identificó medicamentos que no estaban relacionados en ningún contrato y ascienden hasta $3.085 millones, lo que podría configurarse en hechos cumplidos.
  • Presunta nómina paralela. Contratos sin planeación y mucho menos estudio de cargas laborales.
  • Solo $26.752 millones serían recuperables. Presunta sobreestimación de los activos de la empresa, pues de los $94.469 millones registrados en cuentas por cobrar, tan solo $26.752 millones serían recuperables.
  • No cuenta con los recursos para cubrir sus obligaciones. Se estima que los pasivos del hospital podrían pasar de $18.297 millones a $29.300 millones.
  • Procesos judiciales por más de $14 mil millones. Se identificó una subestimación del pasivo de la entidad por el no reconocimiento o registro de la totalidad de procesos judiciales, esto significa que el valor no contabilizado asciende $14.752 millones y corresponde a fallos condenatorios que superan los $2.564 millones y $12.188 millones de procesos en curso con un alto riesgo de pérdida.
  • El recaudo solo alcanza para cubrir el 50% de la operación corriente del hospital.
  • Cancelación de más de 600 citas agendadas. Se identificó falta de oportunidad en el acceso a consultas con especialidades sin especificar razones de peso, dificultando la accesibilidad de los pacientes con la oportunidad requerida.
  • Prestación de servicios sin previa habilitación de la Secretaría de Salud. El centro asistencia ofertaba los servicios de ginecología, oncológica y perinatología, sin la respectiva habilitación y registro en el REPS; así como del servicio de endocrinología.

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